PISA como síntoma del cambio socioeducativo

Cada vez que se publican los resultados del informe PISA, el debate educativo vuelve al primer plano. El sistema de evaluación de competencias educativas lanzado por la OCDE en el año 2000 ha ido ganando protagonismo con el tiempo, hasta convertirse en el instrumento más influyente en la orientación de las reformas educativas nacionales. Ministerios de educación de todo el mundo, especialmente en los países ricos, preparan sus reacciones a los datos sobre competencia matemática, científica o lectora que se hacen públicos cada tres años, y anuncian planes y medidas para impulsar la mejora educativa. 

Catalunya no es ninguna excepción. Los últimos datos de esta prueba, publicados a finales de 2023, sacudieron el debate sobre la calidad de nuestras escuelas y sobre las causas de una caída más que notable de los resultados. En matemáticas, los estudiantes catalanes obtuvieron una puntuación media de 469 puntos, 21 menos que en la evaluación anterior de 2018 y por debajo de la media estatal y de los países de la OCDE. En lectura y ciencias, los resultados descendieron también considerablemente respecto a años anteriores. Teniendo en cuenta que, según estimaciones de la OCDE, una caída de 30 puntos equivale aproximadamente a la pérdida de un curso escolar completo, puede entenderse la magnitud del retroceso educativo observado tras la pandemia. 

Ante este shock, las reacciones sobre las causas fueron inmediatas. Se habló de la pérdida de centralidad del conocimiento en favor de pedagogías innovadoras que reducirían la exigencia académica, o de la insuficiencia de recursos. Estos argumentos aparecieron en el debate público con más carga ideológica que respaldo empírico. No existe evidencia clara de que ninguno de estos factores sea la causa principal del descenso. De hecho, según el informe TALIS, España se sitúa entre los países con menor nivel de innovación docente. Asimismo, aunque el presupuesto educativo sigue lejos del objetivo del 6% del PIB, el incremento de recursos en profesorado posterior a la pandemia ha sido notable.

Sin minusvalorar la relevancia de estos factores, los datos del último informe PISA deben interpretarse sobre todo como un síntoma de un cambio socioeducativo más profundo. Señalan que el sistema educativo está operando en un contexto social cada vez más adverso sin haber adaptado suficientemente sus estrategias de política educativa. El cambio sociodemográfico experimentado por Catalunya en las últimas dos décadas no solo ha incrementado la diversidad de las aulas, sino también la presencia de un alumnado más pobre y con mayores niveles de vulnerabilidad social, especialmente entre la población de origen inmigrante.

Este aumento de la vulnerabilidad tiene efectos directos sobre las condiciones de educabilidad. La pobreza no solo limita las oportunidades de aprendizaje por razones materiales, sino también sociales, psicológicas y de salud. Según el último Anuari de l’Educació de la Fundación Bofill, uno de cada diez niños y niñas sufre privación material severa y un 20% vive en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada. La pobreza infantil se concentra cada vez más en determinados distritos, generando entornos donde la desventaja social se acumula. Además, las prestaciones públicas solo logran sacar de la pobreza a un 22,5% de la infancia.

Más allá de la pobreza material, un 46% del alumnado declara que sus progenitores casi nunca hablan con ellos sobre cómo les va en la escuela o sobre su formación futura, y casi la mitad del alumnado de bajo nivel socioeconómico no realiza ninguna actividad extraescolar. En 2022, el tiempo dedicado al ocio sedentario alcanzó el 52% entre niños y adolescentes de familias menos favorecidas. Los problemas de salud mental también se han incrementado de forma notable, especialmente entre la infancia en situación de pobreza. El consumo de fármacos antidepresivos entre menores de 15 años aumentó un 253% entre 2020 y 2023.

Ante este contexto socioeconómico, parece evidente que conviene ampliar el foco más allá de la escuela y de los procesos pedagógicos. Son necesarios recursos, pero también avanzar hacia un paradigma que incorpore el trabajo social y sociosanitario en el día a día de los centros y que contemple la acción comunitaria desde equipos multiprofesionales. Esta es la realidad que tenemos y la que debemos afrontar. Si no entendemos que PISA es un síntoma de este cambio, seguiremos en debates estériles y, peor aún, dando espacio a discursos que cuestionan la escuela inclusiva.