Juventud propone vetar la entrada de los menores de edad a las funciones de tauromaquia.
Violencia
La ministra Sira Rego intenta que la ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia vete el acceso y la concurrencia de menores a espectáculos donde se ejerza crueldad contra los animales.
Imagen de una corrida de toros en Palma
El Ministerio de Juventud e Infancia, bajo el mando de Sira Rego, aspira a añadir en el plan de extensión de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) la restricción de que los menores de edad concurran o participen en festejos, citas o exhibiciones que conlleven maltrato hacia los animales, tal como sucede en las corridas de toro.
De concretarse este veto, no impactará en Catalunya en lo referente a la lidia de toros, ya que no está autorizada. Lo propio ocurre en Canarias. Del mismo modo, existen ayuntamientos en otras autonomías que han impedido estas funciones.
De tal forma lo comunicaron a este medio fuentes de la oficina de Rego, quienes basan este planteamiento en la urgencia de acatar la sugerencia que ya en 2018 remitió el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, la cual pedía “prohibir la asistencia de menores de 18 años” a estos, con la intención de “prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños”.
¿De qué manera se fundamenta este planteamiento? Conforme a lo detallado en la argumentación de la regulación, “las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad”, apuntan las fuentes referidas.
Juventud sostiene que tales actos de violencia podrían perjudicar el bienestar corporal y mental de los menores.
“En cuanto a los riesgos psicológicos, la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional”, continúa el texto.
Juventud remitió este documento hace ya un tiempo a los demás departamentos involucrados. Rego sostiene que la modificación se encuentra terminada, pendiente de los comentarios finales del Ministerio de Presidencia y Justicia, liderado por Félix Bolaños, para su validación en Consejo de Ministros.
No obstante, la modificación de la Lopivi tiene un mayor alcance. El documento planteado por Juventud e Infancia busca intensificar la protección ante las agresiones infantiles, así como el apoyo y la compensación para los menores que las padecen. Dentro de los aspectos fundamentales de esta extensión, resalta el deber de oír a los individuos menores de edad en los juicios que les incumban, sin importar cuántos años tengan (fijado, hoy en día, desde los doce años).
De igual forma, incluye la extensión en diez años de la prescripción para los delitos sexuales contra la infancia, de manera que el término de caducidad, que en la actualidad se inicia al cumplir la víctima 35 años, no lo hará hasta que llegue a los 45.
De igual manera, contempla la adición de la violencia de género al catálogo de crímenes que inhabilitan para desempeñar trabajos, funciones y tareas que requieran un trato frecuente con personas menores de edad.
Otras de las facetas más significativas de la regulación es admitir la violencia institucional, que se integraría por vez primera en una legislación de carácter nacional. De acuerdo con Rego, esto implica que “toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada”.