Un alto funcionario facilitaba los permisos eólicos a Forestalia, según la Guardia Civil
Investigación
El ex alto cargo del Ministerio para Transición Ecológica en el que se centran las sospechas de que amañò la declaración de impacto ambiental del Clúster Maestrazgo acudía “de forma habitual” a la sede de la empresa
Según Heraldo de Aragón, esta persona recibió presuntamente esta “contraprestación” por facilitar la declaración de impacto ambienal positiva, “a sabiendas de que no cumplen los requisitos legales”
“Una caja negra” permitía hacer desaparecer los expedientes de Forestalia del circuito de supervisión ordinario para que el este ex director general los tramitara personalmente
Uno de los agentes de la UCO accede al edificio donde se encuentra la sede central de Forestalia
La supuesta trama de corrupción en la que está involucrada la empresa de renovables Forestalia suma nuevas revelaciones. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil cree que la empresa de Fernando Samper realizó un supuesto pago de 5,2 millones de euros a Eugenio Domínguez, el alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) detenido el pasado martes y a quien apunta como presunto “facilitador” de las autorizaciones ambientales a los proyectos de energía renovable de la compañía “a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales”, según ha informado el diario Heraldo de Aragón. El Ucoma cree que esa “contraprestación” la percibió a través de una empresa de su mujer.
De acuerdo con el atestado, al que ha tenido acceso el diario, esta no sería la única mordida que se le atribuye, ya que la Ucoma le imputa la cesión de participaciones de las sociedades de los propios parques eólicos de Forestalia que el aprobaba: 33 repartidos entre las provincias de Zaragoza y Teruel.
Según Heraldo, los investigadores sostienen que los contratos de compraventa que se firmaron en 2023 para recompensar a Domínguez no se elevaron a escritura pública para mantenerlos “ocultos”. Por ese motivo, añaden “no se conocen las cantidades apalabradas ni la cantidad de participaciones adquiridas”.
Para arrojar luz sobre esta trama y su alcanza, el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel autorizó el pasado martes el registro de doce sedes empresariales y despachos en Zaragoza y Madrid.
Según el auto, la Guardia Civil puso de manifiesto comportamientos irregulares” en el citado Miteco y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que también tuvo que posicionarse sobre proyectos eólicos y solares del Clúster del Maestrazgo. Se añade que la empresa habría creado un entramado “realmente complejo” de empresa interpuestas para materializar las prestaciones económicas, “haciéndolo de forma concertada y estable en el tiempo”.
De acuerdo con el diario aragonés, el atestado relaciona la autorización ambiental del Clúster del Maestrazgo en julio de 2023 con las supuestas dádivas a Domínguez a lo largo del otoño de ese mismo año. Para canalizar esos cobros, se habría valido de la sociedad Estudio de Asesoramiento Dherco, constituida el mismo mes de julio de 2023 y en la que constan como socios sus cuatro hijos y como administradora única su mujer.
Uno de los registros del martes fue a la notaría madrileña de Javier de Lucas, también detenido, en la que se formalizaron las operaciones de compraventa de participaciones societarias bajo la figura del “acta de depósito”, que evitó elevarlas a escritura pública. Al utilizar esta técnica, las operaciones no quedaban registradas y se ocultaba la “contraprestación presuntamente ilegal”, tal y como recoge en el auto.
La clave es un contrato privado por el que el ex alto cargo del Ministerio y su esposa compraron participaciones de Caliope Smart Energy, englobada en el “carrusel societario” de la compañía aragonesa.
A través de esta sociedad se hicieron a su vez con 509 participaciones de Babieca Investment Renewable en octubre de 2023. Dos meses después, otra mercantil del grupo Forestalia, Cemsal, hizo un préstamo de 5,2 millones a Babieca.
Contraprestaciones
Según el escrito del juez ese préstamo supone de forma directa un incremento patrimonial de la familia Domínguez Herrero”, todo lo cual “permite razonablemente entender que su finalidad era el pago de contraprestaciones por los servicios realizados, convirtiéndose en indicios razonables de presuntos delitos de cohecho”.
Además, la Guardia Civil subraya que Eugenio Domínguez engrosó aún más su patrimonio con participaciones en 15 sociedades de Forestalia titulares de 33 proyectos de parques eólicos de Zaragoza y Teruel que se encargó de tramitar al margen del Ministerio.
Lo hizo de nuevo a través de Babieca al adquirir las citadas participaciones el 6 de octubre de 2023 y el 27 de noviembre de 2023. “Se puede afirmar que Eugenio Domínguez ejercía sus funciones laborales redactando las declaraciones de impacto ambiental para proyectos cuyos promotores habían sido parcialmente traspasados a empresas de su propiedad”, concluye la Ucoma.
Relación estrecha con Forestalia
El ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Domínguez, mantenía una relación “inusualmente estrecha” con la empresa aragonesa Forestalia, según informa el diario aragonés.
De hecho, al salir de trabajar solía acudir “de forma habitual” a las oficinas de la empresa aragonesa en el número 20 de la calle de Ortega y Gasset en Madrid.
Así lo habrían puesto de manifiesto algunos de los 14 funcionarios del Ministerio con los que se entrevistó la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil.
Este informe fue remitido después al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel que investiga el presunto apaño de permisos medioambientales (declaración ambiental positiva). De este se habría beneficiado el empresario zaragozano Fernando Samper para conseguir la aprobación de los parques de energías renovables del Clúster Maestrazgo.
Seguir cobrando
Para los investigadores, Eugenio Domínguez era “una figura central en la trama”, de ahí que ni siquiera después de su jubilación (en 2023) se desvinculara del Ministerio para la Transición Ecológica, con el que continuó colaborando como “asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente”.
La intención, según esa misma información, sería presuntamente “seguir facilitando la tramitación de dichos proyectos”. Y de esta forma, continuar cobrando supuestas contraprestaciones económicas por parte de Forestalia. Porque los testigos aseguran que los negocios de la empresa de Samper “recibían un trato diferenciado y privilegiado”.
“Una caja negra” para los expedientes de Forestalia, tramitado directamente por el alto funcionario
Los funcionarios a los que interrogó la Ucoma hablan de una “caja negra” en la que el entonces subdirector general de Evaluación Ambiental hacía desaparecer los expedientes de Forestalia del circuito de supervisión ordinario para tramitarlos personalmente. Para la Guardia Civil, con esta práctica “extraordinaria” el alto funcionario incurría en “un conflicto de funciones, al ser supervisor y gestor a la vez”.
Los testigos contaron a los investigadores que, “con el boom de la renovables”, la mayoría de los proyectos de Forestalia fueron directamente asignados a la empresa pública Tragsatec, donde al parecer Eugenio Domínguez contaba con una “guardia pretoriana” de colaboradores.
“Según su declaración, estos técnicos externos emitían los informes que, en ocasiones, le llegaban a Domínguez ya redactados para su firma, consolidando un circuito de trabajo cerrado y ajeno a los controles internos del Miteco”, señala en uno de sus informes la Benemérita.
De compleja tramitación a luz verde
Para la Ucoma de la Guardia Civil resulta revelador el hecho de que el primer técnico al que se asignó el proyecto Clúster Maestrazgo lo calificara de “complejísima aprobación” y con notables “dificultades técnicas”.
Sin embargo, el expediente no fue reasignado a ningún otro funcionario cualificado para que lo tramitara; que fue el propio subdirector Eugenio Domínguez quien se hizo cargo de esa tarea.
El proyecto fue acabado y aprobado, y Forestalia terminó vendiendo los parques eólicos al mayor fondo inversor europeo en renovables, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
El papel de cada detenido
La Ucoma analiza también el papel desempeñado por las otras cinco personas detenidas el pasado martes, 3 de marzo, durante los registros practicados en Madrid y Zaragoza (todas luego puestas en libertad)
Según refleja en sus informes, la esposa de Eugenio Domínguez, Montserrat Heredero, jugó un papel “clave” en la recepción de los beneficios supuestamente ilícitos de la actividad de su esposo. La Guardia Civil también hace constar que el funcionario habría constituido una empresa de decoración para canalizar el supuesto cobro de los favores prestados aprovechándose del cargo.
El dueño de Forestalia, Fernando Samper, sería el “principal beneficiario” de esos “tratos de favor” administrativos para sus “múltiples proyectos de energías renovables”, señala la Guardia Civil. A través de sus sociedades mercantiles, presuntamente, “recompensa económicamente” las gestiones de los funcionarios, una labor en la que, según el informe, colaboraron como “testaferros” los hermanos Eduardo y Roberto Pérez, vinculados a la empresa energética.
Finalmente, el notario Javier de Lucas es considerado por la Ucoma “cooperador necesario” para garantizar la opacidad de las operaciones destinadas a “canalizar los presuntos pagos” a Eugenio Domínguez.
La Benemérita descubre que se ocultaba documentación en una caja fuerte “para no dejar rastro”.
Según se desprende de los informes de la Guardia Civil, el dueño de Forestalia, Fernando Samper “actúa como el tronco central que dirige estratégicamente las ramas de la organización desde el ámbito del sector privado, proveyendo los activos necesarios para materializar, presuntamente, el cohecho y el blanqueo de capitales que garantizan el éxito de sus proyectos de energías renovables”.
A través de mercantiles sobre las que ostenta un control absoluto, transmite las participaciones sociales que “sirven para, presuntamente, recompensar económicamente a los funcionarios”.
En la notaría de Javier de Lucas Cadenas en Madrid se firmaron contratos privados de compraventa de participaciones que “se ocultaban en sobres cerrados dentro de una caja fuerte para no dejar rastro y dificultar la investigación”.
