La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el 9 de enero la propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, a raíz del pacto entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La propuesta aún tiene un largo recorrido para poder ser aprobada, pero el anuncio ha generado ruido y un intercambio de declaraciones entre diferentes partidos políticos y líderes autonómicos. ¿Quiénes son los más beneficiados y más perjudicados del sistema actual? ¿Qué sabemos de la nueva financiación? ¡TE LO EXPLICAMOS!
¿Cómo es el reparto en el sistema actual?
El sistema de financiación actual se aprobó en 2009 en la Ley 22/2009 y se tendría que haber revisado a partir de 2014, siguiendo la voluntad de revisión «quinquenal» que estableció esa última reforma.
Con el sistema vigente, las tres únicas comunidades autónomas que aportan más dinero del que reciben son Madrid, las Islas Baleares y Catalunya, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que analiza los datos del Ministerio de Hacienda (las últimas disponibles son de 2023). En cifras por habitante, Catalunya es la tercera comunidad que más aporta al Estado a través de impuestos, pero la décima en dinero recibido para financiar las competencias homogéneas, es decir, aquellas que todas las comunidades gestionan por igual (como educación y sanidad).
Concretamente, Catalunya aportó más de 3.646 euros per cápita, solo por detrás de Madrid (4.377 euros) y las Islas Baleares (4.035 euros). En cambio, después del reparto, Catalunya recibió 3.383 euros per cápita, en décima posición, un poco por encima de la media estatal de 3.170 euros por habitante. El saldo catalán es negativo: 262 euros más aportados que recibidos, por habitante.
Las cifras de financiación varían un poco si, en lugar de dividirlas por el número de habitantes de cada comunidad, se ponderan otras variables demográficas y geográficas (como el envejecimiento y la dispersión). Es lo que se conoce como población ajustada, un concepto que no es nuevo, pero que la nueva propuesta de financiación ha modificado.
Teniendo en cuenta la fórmula actual de la población ajustada, pues, Catalunya es la novena comunidad que más recibe, en lugar de la décima, un poco por encima de la media estatal.
El estudio de Fedea toma datos del Ministerio de Hacienda y aplica algunos ajustes para hacerlos más comparables entre comunidades. El autor del estudio, Ángel de la Fuente, ha confirmado a Verificat que los indicadores reflejan las comunidades que salieron más beneficiadas y las que menos en el reparto del sistema en el año 2023.
¿Qué cambiaría con la nueva financiación?
El pacto al que han llegado el Gobierno de España y ERC hace referencia al reparto de fondos para cubrir las competencias homogéneas, que son aquellas que gestionan todas las comunidades autónomas por igual, como son la sanidad y la educación. A falta del texto completo con la letra pequeña de la propuesta, Hacienda ha hecho público un documento de dieciocho páginas que repasa las principales medidas y consecuencias, además de una nota de prensa que resume la comparecencia de la ministra Montero del día 9 de enero.
La propuesta recoge tres grandes cambios. Primero, nuevos criterios para repartir los fondos comunes entre las comunidades. Segundo, que las comunidades pasen a gestionar el 56,5% del IVA, en lugar del 50%, y el 55% del IRPF, en lugar del 50% actual; esto aumenta el dinero potencialmente disponible en el sistema. Y tercero, incrementa las competencias de las comunidades para gestionar la recaudación de los impuestos; sin embargo, falta información concreta de este último punto para saber todos detalles.
El criterio para repartir los fondos disponibles es un nuevo cálculo de la población ajustada, que “determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando otras variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación”, explica el Ministerio. También se añade una nueva variable para las “comunidades que sufren despoblación y que afrontan costes fijos sin la posibilidad de llegar a economías de escala”.
Después de estos cálculos, se añade una “nivelación horizontal”, la denominada “solidaridad interterritorial”. En esta fase, las comunidades con una capacidad tributaria por debajo de la media recibirán más recursos de los que aportan, y las que queden por encima recibirán menos. El objetivo es que ninguna comunidad reciba menos del 75% del dinero que la media, con el fin de acortar las diferencias entre aquellas que más dinero reciben y las que menos.
En una última fase, el Estado aportaría más recursos para “reducir en dos tercios” la distancia de cada comunidad respecto a aquella que presenta la mayor financiación por habitante. También se suman ajustes menores que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas, un fondo climático y una garantía de que ninguna comunidad recibirá menos dinero del que habría obtenido con el modelo actual.
Las cifras del nuevo modelo: Catalunya, entre las más beneficiadas
Con la nueva propuesta, según las previsiones del Ministerio de Economía, todas las comunidades recibirían más dinero que ahora, pero algunas más que otras. Las que más dinero adicional recibirán son Andalucía (4.846 millones de euros más que ahora), Catalunya (4.686), la Comunitat Valenciana (3.669), Madrid (2.555) y Castilla-La Mancha (1.248).
Si se analizan las cifras per cápita, Catalunya sería la cuarta comunidad que se verá más beneficiada si se acaba aprobando el nuevo modelo: 577 euros, si se divide el aumento previsto por el ministerio entre los 8,1 millones de catalanes. Las más favorecidas son Murcia (748,6 euros por persona y año), la Comunitat Valenciana (676,3) y Castilla-La Mancha (586,9).
¿Un régimen singular para Catalunya?
El anuncio del nuevo modelo ha generado críticas por motivos opuestos. Mientras que el PP considera que la propuesta es contraria a la igualdad entre territorios, Junts cree que perpetúa el actual funcionamiento y defiende un concierto económico.
La propuesta de la financiación pactada entre el Gobierno de España y ERC se enmarca dentro de las negociaciones políticas para cumplir el acuerdo de investidura que los republicanos pactaron con el PSC para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat de Catalunya. El acuerdo establece “impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en una relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos”.
Con las informaciones oficiales que se conocen hasta ahora, que solo son las presentadas por la ministra Montero sin ningún documento legislativo oficial, Catalunya se mantiene dentro del régimen común de la financiación autonómica. Ni la ministra Montero ni los documentos presentados por Hacienda hablan explícitamente de “singularidad”.
Más allá de los criterios escogidos para el reparto, el nuevo sistema no da ningún trato preferente a ninguna comunidad autónoma dentro del sistema, según la información disponible. Sin embargo, aumenta las competencias de las comunidades en la gestión de la recaudación de impuestos.
Todavía no se ha aprobado nada
La propuesta de la nueva financiación es, a estas alturas, solo un pacto entre ERC y el Gobierno de España que el Ministerio de Hacienda está aterrizando en varios textos legislativos que se puedan presentar en el Congreso de los Diputados, que todavía no es público. No ha trascendido ningún documento oficial del pacto cerrado entre republicanos y el ejecutivo central. Por lo tanto, hasta ahora, la única información son las explicaciones que dio la ministra María Jesús Montero en la presentación del 9 de enero.
La financiación, para poder establecerse, necesitará pasar el proceso legislativo del Congreso. La principal ley del sistema de financiación es la LOFCA, una ley orgánica que necesita una mayoría absoluta para ser modificada y, por lo tanto, si PP y Vox se oponen, Sánchez necesitará el voto positivo de Junts, que ahora es crítico con la propuesta.
El texto final puede tener modificaciones dependiendo de las exigencias de los diferentes partidos que conformen una mayoría para sacar adelante la propuesta y, en última instancia, si hay más votos negativos y abstenciones que votos favorables, la propuesta no saldrá adelante.
País Vasco y Navarra, fuera del sistema común
País Vasco y Navarra no aparecen en las estadísticas del reparto de la financiación autonómica porque estas comunidades están sujetas al llamado “régimen foral”.
Las cuatro haciendas forales, la de Navarra y la de cada una de las tres provincias del País Vasco, son responsables de “mantener, establecer y regular su régimen tributario”. Esto comporta “la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de la mayoría de los impuestos estatales”, casi todos. A cambio, País Vasco y Navarra contribuyen a la financiación de las “cargas generales del Estado no asumidas” por estas comunidades, con una cantidad que se suele citar como “cupo”.
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