El caso Pujol, que investiga a la familia del expresidente de la Generalitat por presunto blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita, ha sido descrito por la periodista de Guyana Guardian Carlota Guindal como “una compleja batalla legal entre evidencias y denuncias de manipulación judicial”. Guindal contextualiza que la investigación se inició en 2012 dentro de un marco policial denominado Operación Catalunya, “acciones policiales montadas desde el Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz para frenar el independentismo”.
La propia investigación penal se ha visto ralentizada, ya que, según Guindal, “cuando en 2020 el juez concluye que hay indicios suficientes para juicio, ha habido cinco años de retrasos por un colapso en la Audiencia Nacional o por falta de interés en impulsar la causa”. Este retraso ha generado cuestionamientos sobre posibles dilaciones indebidas que seguramente se reflejarán en la sentencia.
Una de las principales estrategias de defensa ha sido denunciar el supuesto “origen ilícito” de la causa, alegando que “todo empezó con informaciones y noticias falsas manejadas por policías sospechosos como Villarejo”, con la intención de anular el caso y evitar el juicio. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, ha defendido la legitimidad del proceso, señalando que “no hay ninguna maniobra política, sino actuaciones delictivas reales” por parte de los acusados.
La causa incluye a 18 acusados, entre familiares de Pujol y empresarios, quienes supuestamente pagaron facturas ficticias para congraciarse con el expresidente y obtener beneficios públicos. Aunque se estima que la fortuna irregular podría ascender a 290 millones de euros, el juez y la Fiscalía no han fijado una cifra concreta. Guindal concluye que “seis meses de juicio pondrán a prueba todas estas evidencias antes de dictar sentencia”.