“La derrama del ascensor es una ruina”, afirma Milagros Cuartero, de 67 años, pensionista y propietaria de un inmueble construido a principios de los años 80 en el área metropolitana de Barcelona. En su comunidad, formada por ocho propietarios, han tenido que desembolsar durante el último año más de 35.000 euros para reparar este equipamiento y adaptarlo a las recientes exigencias de accesibilidad y seguridad de los ascensores comunitarios. “Hemos tenido que cambiar el motor, el cableado y actualizar la botonera a una más moderna, pero además ahora nos toca sustituir las puertas para que la cabina sea más accesible”, explica. “Es un dineral”, se lamenta, “especialmente para comunidades pequeñas como la nuestra, donde los gastos se reparten entre muy pocos vecinos”.
Su testimonio refleja el malestar y la preocupación con los que viven muchas comunidades -especialmente las que cuentan con elevadores más antiguos-, desde la entrada en vigor, hace algo más de un año, de esta nueva normativa que, según estima el Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya (GEDAC), va a afectar a tres de cada cuatro aparatos instalados. Aunque la medida, que busca situar las exigencias dentro de los estándares europeos, supone una modernización y una mejora en la seguridad, para muchos hogares se trata de un desembolso difícil de asumir. “Los costes económicos siempre son los que generan mayores tensiones entre vecinos, más allá de la toma de decisiones o la duración de los trabajos”, explica Elisabet Carbonell, vicepresidenta del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.
Hemos tenido una derrama de 10.000 euros. Sabemos que es una mejora que beneficia a todos los vecinos, pero muchos hogares no pueden asumirlo
Adrià con su perro, Angustias y Juan, junto al ascensor de su finca, que fue instalado en los años 70 y se ve afectado por la normativa
Francisco Armada y Ángel Miralles, de 61 y 65 años, ambos con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas, defienden las adecuaciones como una cuestión de justicia y dignidad. “Para nosotros, el ascensor no es un lujo, es una necesidad básica. Sin él, estamos atrapados”, explica Armada. “Cuando ha fallado el ascensor, me han tenido que subir en brazos a casa”, afirma Miralles. “Cualquier mejora en la accesibilidad y la seguridad de los edificios es un paso adelante hacia una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad podamos valernos por nosotras mismas”, añade. Aun así, reconoce que no siempre siente la comprensión del resto de vecinos. “Hay quien se queja de pagar, pero no se pone en nuestro lugar. Estas mejoras benefician a todos, hoy por unos y mañana por otros”, explica.
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“En algunos casos, el coste derivado de adaptarse a las nuevas exigencias puede rondar los 20.000 o 30.000 euros por aparato, aunque en ciertas comunidades, donde se requieren modificaciones estructurales o más importantes, esta cifra puede superar fácilmente los 50.000 euros”, asegura Carbonell. Estos números no solo suponen un problema para las economías familiares más humildes, sino que también llevan a disputas vecinales que, a menudo, ven la adecuación como una imposición injustificada.
Entiendo que haya que hacerlo por los vecinos mayores o con movilidad reducida, pero para mí se trata de un dinero a fondo perdido
“Nos dijeron que era obligatorio y que si no hacíamos las reformas iban a tener que inhabilitarlo”, explica Isidora Muñoz, de 90 años, que es viuda y cobra la pensión mínima. “Estoy operada de la cadera y, sin el ascensor, no puedo salir a la calle”, afirma. “La derrama me trastoca el bolsillo, pero no tengo más remedio que pagarla”. A Adolfo, de 80 años, presidente de la comunidad, le cuesta entender que un elevador “que funcionaba perfectamente, había pasado todas las inspecciones y mantenimientos religiosamente” deba modificarse de forma obligatoria. “Hemos tenido que hacer frente a casi 10.000 euros de derrama. Sabemos que se trata de una mejora que beneficia a todos los vecinos, pero muchos hogares no pueden asumirlo”, advierte.
Las discrepancias derivadas de estas adecuaciones a la nueva normativa también se hacen evidentes dentro de las propias comunidades. “Cualquier gasto relacionado con el ascensor no me beneficia en nada”, explica Patricia, de 45 años, que vive en un bajo. “Entiendo que haya que hacerlo por los vecinos mayores o con movilidad reducida, pero para mí se trata de un dinero a fondo perdido”, asegura. Su postura, compartida por muchos propietarios de los pisos más bajos, quienes apenas dependen de este equipamiento en su día a día, alimenta la tensión en las reuniones de escalera, donde los argumentos económicos y solidarios chocan de frente.
“Uno de los principales problemas es que la nueva normativa no viene acompañada de ayudas ni subvenciones públicas”, explica Carbonell. A pesar de que la Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona subvenciones para la instalación de ascensores y mejoras en la accesibilidad de los edificios, lo cierto es que se no contempla ningún tipo de ayuda específica para el mantenimiento o las mejoras en la seguridad de los aparatos ya existentes. “Las comunidades se sienten desamparadas ante un desembolso económico en un plazo ajustado de tiempo y del que acostumbran a tener muy poca información”, asegura la vicepresidenta. En Catalunya, además, según apunta el GEDAC, la normativa en materia de seguridad es incluso más restrictiva. “A los administradores de fincas nos toca hacer una labor pedagógica que, por suerte, la mayoría de vecinos acaba valorando positivamente cuando comprende que estas mejoras representan un beneficio común”, añade.
La nueva normativa no viene acompañada de ayudas ni subvenciones públicas (...) Las comunidades se sienten desamparadas
Desde el GEDAC advierten además de que, si bien la normativa de seguridad permite una progresividad en la adaptación, a medida que se tengan que ir pasando las inspecciones periódicas reglamentarias, lo cierto es que “los plazos de ejecución establecidos son difícilmente asumibles” y deberían ser revisados”. El Departament d’Empresa i Treball, responsable último de las tareas de inspección, explica que, en función de la fecha de instalación de cada aparato, las comunidades disponen de entre tres y diez años para realizar las modificaciones de seguridad requeridas. Sin embargo, desde el GEDAC se matiza que, en la mayoría de los casos -unos 100.000 aparatos-, se contempla únicamente un plazo de hasta 6 meses para las adecuaciones de fácil resolución que, debido a la falta de medios para llevarlas a cabo, puede resultar en inhabilitaciones que tal vez no sean extremadamente urgentes.
Mientras tanto, con la entrada en vigor de la nueva normativa, en muchas comunidades de vecinos las conversaciones de ascensor ya no giran en torno al tiempo, sino a presupuestos, derramas y plazos de pago. Y es que, en los tiempos que corren, a más de un propietario poder subirse al ascensor puede acabar -paradójicamente- dejándole la economía por los suelos.