El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentado esta mañana un escrito de oposición a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a devolver las pinturas románicas de Sijena a su emplazamiento original. El museo, que siempre ha manifestado su voluntad de acatar y cumplir la sentencia, reitera no obstante que no sabe cómo hacerlo ya que el traslado comporta el riesgo de dañar de forma irreversible una obra catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), y avala su opinión ante la juez Rocío Pilar Vargas con diversos informes científicos. Entre ellos, uno nuevo de Simona Sajeva, experta en ingeniería y conservación preventiva de bienes culturales y presidenta del Comité Científico Internacional de Pintura Mural del Icomos, que ya en 2016 advirtió de la imposibilidad de mover la obra sin provocar daños irreversibles, e incorpora uno nuevo realizado por una especialista del Iccrom (International Centre for Study of the Preservation and restoration of Cultural Property), organización intergubernamental dedicada a la preservación del patrimonio cultural en todo el mundo. Después de estudiar las obras in situ, “recomienda encarecidamente realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos en base a los valores existentes antes de emprender cualquier acción relacionada con la reubicación”.
La experta enviada por el Iccrom para realizar el informe constata que las “las pinturas pueden considerarse supervivientes de una pérdida catastrófica, rescatadas en circunstancias de emergencia” y constata que su estado actual, “alterado y frágil”, las hace especialmente vulnerables a las perturbaciones físicas y los cambios ambientales”. Un diagnóstico que comparte Simona Sajeva, que constata además que “el deterioro de las pinturas es progresivo y, según se ha observado, la situación ha empeorado desde 2016 hasta la actualidad, a pesar de las óptimas condiciones ambientales que ofrece el museo”. En sus conclusiones, Sajeva, vaticina que “cualquier solución implica pérdida parcial de las pinturas originales”, por lo que “es imprescindible valorar previamente este porcentaje, ya que afecta a todas las partes implicadas que deben estar informadas para actuar con pleno conocimiento de causa”.
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El escrito de oposición es el último cartucho legal con el que cuenta el MNAC para conseguir que las pinturas se queden en Barcelona. En el mismo, comunica que ya está en fase de cumplimiento en lo que se refiere a las pinturas profanas, extraídos en los años sesenta y en mejor estado de conservación, pero respecto a las arrancadas en 1936 tras el incendio del monasterio de Santa María de Sijena, reitera “su incapacidad técnica para llevar a cabo la retirada y el traslado de las pinturas por el riesgo de daños irreparables que dicha operación verosímilmente supone, su extrema fragilidad y los daños irreversibles que por esa razón pueden padecer, de manera altamente probable, en las arduas y complicadas actuaciones necesarias para la ejecución voluntaria (o forzosa) de la sentencia”. Asimismo cuestiona el calendario propuesto por Aragón -siete meses- “tanto en los procedimientos como en los requisitos para actuar y tomar decisiones”, y propone un cronograma alternativo “indicativo” de 15 meses, y que podría alargarse, aunque manifiestan su incapacidad para trazar un plan preciso sin conocer la situación de la sala capitular de Sijena, donde tendrían que reinstalarse.
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Por otra parte, el MNAC cuestiona la capacidad de Natalia Martínez de Pisón, la profesional encargada de liderar al equipo de técnicos que analizó durante tres días las pinturas expuestas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya para preparar su retorno a Aragón, “para acometer un proyecto de esta envergadura”. Martínez de Pisón, que tanto antes como después del estudio ha mantenido que la restitución es viable, “no reúne la experiencia necesaria”, a juicio del MNAC, que basa su opinión en un currículum disponible en internet. El museo también constata que Martínez de Pisón es administradora única de la sociedad ArteCo, S.L., empresa que “no ha depositado las cuentas anuales en el Registro Mercantil desde el ejercicio 2017”. Para los responsables del museo “resulta muy llamativo” que el Gobierno de Aragón “no parece haber apreciado ningún obstáculo para depositar su confianza en una sociedad que lleva ocho años consecutivos sin cumplir su obligación legal de depósito de cuentas, que permanecen ocultas y sin la publicidad exigida por la ley”.
