La economía española muestra fortalezas en su sistema financiero y en sectores competitivos como el turismo. Sin embargo, la vivienda es un cuello de botella que podría amenazar este crecimiento a medio plazo.
El aumento de la población en dos millones entre el 2018 y el 2025 ha incrementado la demanda de alquileres. Cada año se necesitan 300.000 nuevas viviendas debido a la llegada masiva de inmigrantes, otro de los motores del crecimiento. Sin embargo, este incremento de la demanda no se ha visto compensada por un crecimiento en paralelo de la oferta. Por el contrario, los pisos de alquiler se han reducido en cerca de 100.000, por lo que los precios lógicamente se han disparado.
Revisar la realidad
Limitación del 30% de la edificación de viviendas protegidas, lentitud en la construcción de nuevos hogares e inseguridad jurídica, algunos de los errores
El presidente de Banc Sabadell, Josep Oliu, un economista de reconocido prestigio, puso el dedo en la llaga al acusar a las “políticas de extrema izquierda” de haber acentuado el problema habitacional. “Han tenido buena puntería, porque han creado efectos contraproducentes”. Es como enterrar a un muerto boca abajo, que cuanto más cava más se entierra. Entre tales medidas perversas destaca la limitación del 30% de la edificación de viviendas protegidas. En tres años, en Barcelona solo se han realizado tres de las licencias solicitadas y lo mismo ha ocurrido en otras partes de España.
Otro error ha sido limitar el precio del alquiler. Si sube menos que el IPC, con el transcurso de los años el arrendatario habrá perdido gran parte del valor de mercado de su vivienda. Se trata de una medida muy paternalista que recuerda a la que se impuso durante los años del franquismo con la llamada renta antigua. Si se rompe el equilibrio que existía entre los derechos del arrendatario y del arrendador nadie va a invertir en pisos de alquiler, y así está sucediendo.
Manifestación en favor del derecho a la vivienda
A esto hay que añadir la burocracia y lentitud administrativa en la construcción de nuevos hogares, que pueden demorarse durante décadas. Si a esto se suma una mala planificación urbana y falta de suelo urbanizable por parte de los ayuntamientos, llegamos al cuello de botella con el que nos encontramos. Y todo esto con una falta de seguridad jurídica y una ausencia de viviendas sociales más que llamativo si se trata de un gobierno de izquierdas.
Durante los seis años y medio de Gobierno de Pedro Sánchez se han hecho muchas promesas, pero la realidad es que no se ha cumplido ninguna. El PSOE se ha visto atrapado por sus aliados de la izquierda radical. Sumar, Podemos, ERC o Bildu han puesto más el foco en los desahucios, los ocupas o en defender a los inquilinos que se niegan a pagar que en favorecer la oferta para satisfacer la demanda. Ha asumido como propio el eslogan “la vivienda es un derecho y no un negocio”, olvidándose que la solución pasa más por la economía de mercado que por la intervención pública. Sin una respuesta integral y coordinada entre el Gobierno central, territorial y sector privado se pondrá en peligro toda la política económica del Gobierno socialista. Sin nuevas viviendas se frenará la llegada de inmigrantes y de turistas, dos grandes motores del crecimiento.
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Las políticas de vivienda, por consiguiente, deben ser revisadas para estimular la inversión, simplificar los trámites burocráticos y fomentar la construcción de más viviendas sociales. Solo así se podrá equilibrar la balanza entre oferta y demanda, y evitar con ello que el mercado inmobiliario se convierta en un obstáculo para el crecimiento económico de España. No es lo que piensa Pedro Sánchez, que defiende más intervención pública en vivienda “porque es un mercado fallido”.