Los fondos de Celsa impulsan un triple frente judicial contra los Rubiralta
Industria
Los antiguos propietarios de la siderúrgica se enfrentan el lunes al primer juicio
Instalaciones de la siderúrgica Celsa en Castellbisbal
Los fondos propietarios de Celsa han impulsado un triple frente judicial contra Francesc Rubiralta, ex presidente de la compañía y miembro de la familia fundadora del grupo siderúrgico. La primera causa, centrada en unos préstamos presuntamente fraudulentos por más de 500 millones de euros, contra el empresario se dirimirá el próximo lunes en el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona. Sin embargo, en los juzgados aguardan otras dos acciones de responsabilidad social por otro préstamo fraudulento de 22 millones de euros y por administración desleal por retribuciones excesivas.
Celsa es propiedad de los fondos Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree y Cross Ocean desde otoño del 2023. Estos fondos entraron en escena en 2022 cuando adquirieron la deuda de la compañía a un grupo de entidades financieras, entre las que estaban CaixaBank y Banco Santander. Un año después, un juez mercantil homologó un plan de reestructuración que apeó a los Rubiralta del control de la empresa.
La primera causa se centra en unos préstamos concedidos por la sociedad del grupo Pico Espadas a empresas patrimoniales de los Rubiralta. Los demandantes consideran que el antiguo administrador tuvo conductas contrarias a su deber, consistentes en no declarar vencido ni reclamar, entre 2020 y 2022, el pago de estos créditos intragrupo por valor de 504 millones de euros.
La segunda se centra en un crédito de menor tamaño de 22 millones de euros a una sociedad en la que figuraba la madre del expresidente. La última causa apunta a una presunta administración desleal por retribuciones excesivas. Cuando la compañía se encontraba en una situación financiera delicada, Rubiralta habría cobrado nueve millones de euros.
La última causa acusa a Rubiralta de una remuneración excesiva de nueve millones de euros
Los fondos propietarios de la compañía sostienen que su entrada fue indispensable para su salvación. Sin la reestructuración de la deuda, argumentan, el agujero patrimonial hubiera ascendido a 1.187 millones de euros. Sin embargo, la sentencia fallada por el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona permitió que la compañía cerrase el ejercicio 2023 con un patrimonio neto de 326 millones y una deuda financiera neta de unos 1.200 millones de euros.
Celsa sigue en una situación delicada. La empresa debe refinanciar el elevado apalancamiento que sigue teniendo. Por otra parte, la multinacional con sede en Castellbisbal no ha logrado cerrar la incorporación de un accionista español con vocación industrial en cumplimiento del compromiso adquirido por los fondos propietarios con el Gobierno. CriteriaCaixa, que había emergido como el ganador de un proceso gestionado por Citi y Grant Thorton, comunicó esta misma semana que no ejecutará la operación.