La postergación de la entrada en vigor de Verifactu ha frustrado a quienes se esforzaron por llegar a tiempo y ha aliviado a los remolones. Tal vez lo peor sea que el fiasco prolonga la confusión en torno al sistema desarrollado por la Agencia Tributaria a caballo de dos leyes sucesivas: la Antifraude de julio del 2021 y la llamada Crea y Crece, de septiembre del 2022. La cuestión queda así: la norma pospuesta ¿sería una vía hacia la facturación electrónica que se viene propugnando y aplicando según una añeja recomendación de la OCDE? ¿O bien solo pretende ser un registro previo de transacciones cuya primera utilidad sería mejorar la gestión del IVA y, con ello, reducir el fraude fiscal y otras malas prácticas?
Una excelente fuente para entender esta dicotomía es Alberto Redondo, director de Marketing Iberia & Latam de Seres, filial del grupo francés La Poste y conspicuo adalid de la factura electrónica. Su respuesta: “Cuando se implante, Verifactu será un sistema de información fiscal de indudable eficacia, pero no la factura electrónica que entendemos como documento estructurado con ficheros de datos que dos sistemas informáticos conectados puedan tratar sin intervención humana y conducir a un pago/cobro”. A lo que cabe añadir que esta definición excluye de entrada las facturas en formato pdf enviadas por correo electrónico que tienen validez legal y son mayoritariamente usadas por las empresas.
En el trasfondo hay dos leyes: la Antifraude y la llamada Crea y Crece, pendiente de despliegue
Según los análisis de Seres, en el 2024 más de 700.000 empresas con CIF español emitieron 557,8 millones de facturas que respondían a esa acepción, con un crecimiento interanual del 21,8%, que coincide aproximadamente con la media de los últimos siete años. En el 2026, se espera que el impulso interrumpido de Verifactu podría servir de acicate para una mayor adopción efectiva de la factura electrónica, para entonces a punto de solaparse con su obligatoriedad por tramos a partir del 2027, tal como estipula la versátil ley Crea y Crece, que, entre variados objetivos y procedimientos, promueve la digitalización del tejido empresarial, con especial énfasis en las pymes.
En realidad, ambos procesos se han acompasado tras confiarse su desarrollo normativo y técnico al organismo mejor preparado para ello, la Agencia Tributaria; por lo que la convergencia ya existe en la práctica y es plausible pensar que se acelere, dice Redondo. Pese a la postergación, Verifactu ha facilitado pasos irreversibles, como la transformación del software usual en las empresas y la adaptación de la red de asesores fiscales.
La Agencia Tributaria tiene como meta mejorar la gestión del IVA y consolidar la información
Redondo distingue entre la factura electrónica, que solo es obligatoria para los proveedores de las administraciones públicas, lo que ha dado en llamarse B2G (business-to-government), y las fórmulas de reporte fiscal, como el suministro inmediato de información (SII) del 2017, con un desenlace previsto, la gradual obligatoriedad también en el modelo B2B (business-to-business). Más allá de esta convergencia, se extendería la digitalización de tickets con código QR, ya usual en ciertas grandes superficies y en Euskadi; segundo, con el tiempo fructificaría el proyecto de normalización europea del IVA bautizado como VIDA (pese a su resonancia castiza, significa VAT in Digital Age).
Subraya Redondo que España fue pionera a su modo con la implantación del SII en las empresas que facturan más de seis millones de euros, pero sigue viva la disociación entre información fiscal y facturación. En este debate, la AEAT ha introducido la idea de un repositorio de facturas que en su caso sería gestionado por la agencia.