De las tres aseguradoras que prestaban atención sanitaria a los funcionarios a través de Muface, ya solo queda una para la renovación del concierto. Después de que Adeslas anunciara, a finales de diciembre, que no participaría en la licitación, hoy ha sido DKV la que se ha bajado del concurso por primera vez en los 50 años que lleva funcionando este sistema de cobertura para 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios.
DKV asegura que acumula pérdidas de 70 millones de euros
Según un comunicado de la aseguradora, filial de Munich Re, la compañía no estará entre las empresas que prestan el servicio “por primera vez desde la creación de las mutualidades” hace 50 años por acumular “en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros”, afirmaron. Y además, calculan que, de continuar, por efecto de la nueva normativa contable, “en el año 2024 habría que imputar las pérdidas del nuevo contrato, que se estima que serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros”, detallan.
La compañía asegura que el modelo está infrafinanciado, incluso con la nueva oferta del Ministerio de Función Pública. La primera licitación, que quedó desierta en noviembre, ya incluía un aumento de las primas del 17,12% respecto del anterior convenio. Al no convencer a las aseguradoras, el ministerio aumentó el presupuesto hasta un incremento total de las primas del 33,5%, mucho más cerca de la subida del 40% que estimaban necesarias las empresas. Aún así, no ha sido suficiente para animar a Adeslas y DKV a presentarse.
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“La propuesta de nuevo concierto no solo no recoge los requisitos reclamados por la aseguradora (convenio de un año, incremento de prima del 40% y vinculación del modelo con el aumento del gasto sanitario público), sino que continúa siendo insuficiente para equilibrar ingresos y gastos, afirma el comunicado. El consejero delegado de DKV, Fernando Campos, señala que “una empresa responsable y con una buena reputación en el mercado como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución insuficiente de los profesionales sanitarios”.
DKV entiende que en los últimos diez años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido tan sólo un 31,6%, apenas la mitad del incremento.
Confían sin embargo en llegar a un acuerdo para Muface Internacional
DKV sí ha hecho un caso aparte de la atención a los mutualistas fuera de España, porque es la única aseguradora que les ofrece la prestación. Afirma que aunque la licitación no recoge sus demandas, confían en llegar a un acuerdo.
Este escenario complica enormemente el futuro de la mutualidad que, a falta de nuevos participantes, deja sobre los hombros de Asisa la responsabilidad de hacer frente a todas las prestaciones. Según el último informe de Muface, de cierre de 2023, de los 1,53 millones de funcionarios y beneficiarios, Adeslas atendía a un 33%; DKV, a un 13% y Asisa, a un 23,6%. El 30% restante eligieron la cobertura de la sanidad pública. Asisa ya ha apuntado que actuará ”con responsabilidad“ en el nuevo escenario y de momento, no ha avanzado su posición sobre la nueva licitación.
El Gobierno, sin embargo, no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, valoró de nuevo ayer el “esfuerzo sin precedentes” del Gobierno central con la renovación del convenio de Muface, por lo que aún confía en un acuerdo.“El plazo termina pronto, pero tengo esperanzas todavía. Estamos hablando con las aseguradoras y espero, confío y deseo que se pueda renovar con normalidad el concierto como siempre”, apuntó.
Menos optimistas se muestran los sindicatos, especialmente CSIF que afirmó ayer no ver “voluntad política” para resolver “una situación insostenible”. El sindicato asesorará a sus afiliados mutualistas para emprender las acciones necesarias, incluidas las judiciales, por la falta de asistencia sanitaria. “Hemos constatado cómo clínicas y hospitales están negando ya consultas, pruebas e intervenciones pese a la orden de continuidad asistencial decretada por el Gobierno”, denunció Miguel Borra, presidente de CSIF.
