Catalunya cumple un año con los alquileres intervenidos y se ha consolidado como la única comunidad autónoma que aplica de forma extensa la ley de Vivienda. El balance apunta a una leve bajada de las rentas desde que se toparon los precios, pero también al estancamiento del mercado en un momento de intensa crisis de oferta. Los problemas para acceder a un alquiler asequible persisten doce meses después, coinciden tanto desde el flanco de los propietarios como el de los inquilinos. Quizás el único punto de encuentro en un sector altamente ideologizado.
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Los datos que hizo públicos este viernes el Incasòl, provenientes de las fianzas que depositan los caseros, mantienen la tendencia de bajada moderada del precio de los alquileres en los 140 municipios declarados zona tensionada desde marzo del año pasado, entre ellos la ciudad de Barcelona, epicentro de la emergencia habitacional. Las rentas disminuyeron un 3,7% de media entre el primer y el cuarto trimestre del 2024 –últimos datos disponibles–, de 911 euros al mes a 878. En Barcelona, la bajada es algo mayor, de un 6,4%. A pesar de ello, los 1.117 euros que cuesta un alquiler de media la mantienen como una de las ciudades más caras de España.
Las nuevas firmas se reducen un 17% en la ciudad de Barcelona en los tres trimestres de regulación
Ahora bien, si se comparan los precios medios de todo el 2024, se observa un ligero encarecimiento interanual, fruto del gran incremento que sufrieron las rentas en el primer trimestre del año –ver gráfico adjunto–. Las rentas medias continúan, por tanto, más altas que en el 2023.
El Gobierno central y la Generalitat sacaron pecho el viernes de la evolución de los precios desde Barcelona. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, compareció junto a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para defender la ley que por ahora sólo aplica en profundidad Catalunya. “El tope de precios está siendo positivo”, valoraron los tres. La ministra conminó a las comunidades del PP a sumarse a la norma.
El fenómeno que preocupa al sector inmobiliario es el freno en la firma de contratos y en la ralentización del saldo entre altas y bajas. La nuevas firmas de alquileres se han desplomado un 17% en Barcelona en los tres trimestres de aplicación de la ley de Vivienda comparado con igual periodo del año 2023. Y el saldo entre altas y extinciones de contratos de todo el 2024 es el más bajo de toda la serie histórica –a excepción del año de la covid–. En concreto, en la capital catalana se firmaron el año pasado 32.903 contratos nuevos y se produjeron 30.179 bajas, con un saldo de 2.724 contratos. De éstos, el 71% corresponde al primer trimestre, cuando no se aplicaba aún la ley de Vivienda ni el tope de precios. “El mercado se está parando, se ha reducido la entrada de nuevo producto para alquilar y parte de éste se está derivando a la compraventa”, sostiene Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Desde la Administración apuntan, en cambio, a que la duración de los contratos es ahora más larga fruto de las últimas normas.
Los pisos de temporada se disparan un 45% en el 2024; el Govern persigue fraudes
En el conjunto de 140 municipios regulados desde marzo pasado, la firma de nuevos contratos cae igualmente un 21% entre el primer y último trimestre, mientras el saldo entre altas y bajas pierden también velocidad.
“La realidad que vemos a pie de calle difiere del triunfalismo que han exhibido el Gobierno y la Generalitat; falta oferta y el mercado del alquiler se ha convertido prácticamente en un fenómeno de boca-oreja, no da tiempo ni a publicar las ofertas”, mantiene Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya.
Desde el portal Idealista, de cuyos datos se nutre el Banco de España para sus estadísticas de vivienda, apuntan en este sentido que la competencia para conseguir un piso de alquiler es más alta que nunca. Antes de la regulación, afirman, había 40 familias por cada oferta disponible; ahora hay 54 interesados por piso.
Los datos del Incasòl arrojan otra tendencia preocupante: el número de alquileres de temporada se ha disparado un 45% en un año. Paneque recordó que, aunque esta modalidad también es necesaria y cumple una función, perseguirán posibles fraudes a través del registro y régimen sancionador que han pactado con los comunes.
Desde el Sindicat de Llogateres reclamaron al Govern que persiga el alquiler de temporada, y lamentaron que los precios continúan siendo “excesivos” para gran parte de los inquilinos. La crisis del alquiler, insistieron, continúa abierta. El 5 de abril volverá a convocarse una manifestación en ciudades de toda España, también en Barcelona.
