El posicionamiento del Tribunal Supremo ha sido contundente. Ha cerrado con un no las peticiones de ampliar la indemnización por despido improcedente a través de la vía judicial, y ello, a pesar de las dos resoluciones aprobadas recientemente por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa que reclamaban ir más allá de los límites que actualmente establece la legislación española en este sentido.
Ya en diciembre el Supremo se había pronunciado en esta línea, pero ahora la diferencia es que ha tenido en cuenta la última y reciente resolución del CEDS, y a pesar de ello, mantiene su posición: no hay que ir más allá de los establecidos 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, sean cuales sean las circunstancias del empleado despedido. Y ello diga lo que diga el Consejo de Europea. Esta es la diferencia con su posicionamiento anterior, cuando precisó que no había tenido en cuenta estas resoluciones. Ahora sí las ha tenido en cuenta y nada ha cambiado.
La sentencia del pleno de la Sala de lo Social del Supremo establece que la indemnización por despido improcendente “no puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso”, y añade que sin que ello suponga vulnerar ni el artículo 10 del convenio de la OIT, ni tampoco el artículo 24 de la Carta Social Europea, “en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada”.
Las tres razones del Supremo
La expresión “indemnización adecuada” del Consejo de Europa es inconcreta, el TC ya dictaminó que era la adecuada y estas resoluciones no son ejecutivas
La negativa se basa en tres argumentos. El principal es que la expresión “indemnización adecuada” que utiliza el Consejo de Europa, es “literalmente inconcreta”. Por ello, es una declararación programática de intervención abierta, no de un mandato directamente aplicable. Para que lo fuera, se requeriría una modificación de la legislación, algo que el Ministerio de Trabajo quiere impulsar, pero que puede encontrar resistencias en otros departamentos del Gobierno.
El segundo argumento es que el Tribunal Constitucional español ya ha dejado establecior que la indemnización actualmente tasada es la adecuada, y que esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica, al fijar una reparación en los mismos términos ante despidos en las mismas situaciones.
Lee tambiénEl bloqueo de Junts fuerza a Trabajo a aplazar la votación de la reducción de jornada
El tercer punto que expone el tribunal es que las decisiones del CEDS no son ejecutivas ni directamente aplicables a particulares, y que no vinculan a los tribunales internos de cada estado. Marca la diferencia con otras instancias europeas, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanso y el Tribunal de Justicia de la UE, cuyas resoluciones sí que son sentencias.
La ratificación de la Carta Social Europea por España en 2021, llevó a varias tribunales, en casos puntuales donde se reunían circunstancias particulares, a conceder indemnizaciones adicionales de las que prevé la legislación española. Esta vía se cortó con el primer posicinoamiento del Tribuna Supremo en diciembre, y ahora se frena definitivamente.
Trabajo insiste en que modificará la indemnización por despido
Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que, a pesar esta sentencia, modificarán la indemnización por despido. “El Gobierno hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reforma el despido”, manifiestan fuentes del ministerio, que añaden que esperan ahora a conocer el contenido definitivo de la sentencia, que se hará público en los próximos días.
El equipo de Yolanda Díaz había manifestado su intención de convocar una mesa de diálogo social para abordar esta modificación de la normativa, pero hasta el momento no se ha concretado. Con el posicionamiento en contra del Supremo es fácil de prever que, si se convoca, la patronal acudirá reforzada en su negativa por este posicionamiento del tribunal.
Precisamente, esta mañana, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sido uno de los primeros a reaccionar al fallo judicial. En el discurso de la asamblea anual de la organización ha celebrado la noticia y ha afirmado que “vuelve a hablar de confinza, habla de seguridad jurídica, que es de lo que nosotros hablamos”.
