Vivienda plantea gastar 2.800 millones en pisos protegidos

Crisis inmobiliaria

El nuevo Plan Estatal contempla 7.000 millones hasta 2030

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ayer tras el Consejo de Ministros

Dani Duch

El Gobierno aprobó ayer el borrador del futuro Plan Estatal de Vivienda que estará en vigor entre el 2026 y el 2030. En este plan el Ejecutivo plantea a las comunidades autónomas una financiación récord en la materia: 7.000 millones. El objetivo del ministerio de Isabel Rodríguez es incrementar notablemente durante los próximos años la oferta de vivienda pública, que actualmente es del 3,4%, lejos de la media comunitaria, así como impulsar la rehabilitación de inmuebles y ayudar al colectivo joven al acceso a un inmueble digno.

La propuesta del Ministerio de Vivienda pasa por elevar hasta 2.800 millones (el 40% de la financiación) las subvenciones para promover la oferta de vivienda protegida. Una de las características del nuevo plan estatal es, precisamente, el blindaje permanente del parque público que plantea el Gobierno, intentando que las comunidades autónomas modifiquen su legislación para que las viviendas construidas con fondos públicos no se privaticen. Si no acceden, los fondos estatales no llegarán.

Sólo cinco autonomías: apoyan la iniciativa: Catalunya, Euskadi, Navarra, Canarias y Asturias

Además, Vivienda plantea destinar otros 2.100 millones (el 30% de los fondos) durante los próximos cinco años a la rehabilitación de viviendas ante el envejecimiento del parque actual. Por último, el 30% restante de la propuesta de Plan Estatal, otros 2.100 millones, iría destinado a ayudas a la demanda, con medidas como la recuperación de subvenciones de hasta 30.000 euros para viviendas públicas en alquiler con opción a compra, la reconversión del bono de alquiler para jóvenes en una ayuda directa de 300 euros (50 euros más que el mecanismo actual) o un cheque de 10.800 euros para menores de 35 años que se emancipen en municipios de 10.000 habitantes o menos.

Si el Gobierno acaba aprobando la propuesta de Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, los fondos destinados a impulsar la oferta y la demanda residencial aumentarán notablemente, pasando de los 2.300 millones actuales a los citados 7.000 millones en cinco años.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó ayer que el 60% de los fondos procederían del Estado central y el 40% restante tendrían que aportarlos las comunidades autónomas.

La propuesta de Plan Estatal de Vivienda fue presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes de junio y, hasta el momento, sólo ha sido bien recibida por cinco territorios: Catalunya, Euskadi, Navarra, Canarias y Asturias. Ningún ejecutivo liderado por el PP lo ha apoyado ni tampoco lo ha hecho Castilla-La Mancha, en manos socialistas.

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Sobre la medida estrella del Plan Estatal, la clausula de blindaje de por vida del parque público de vivienda, la ministra Isabel Rodríguez reclamó ayer a los gobiernos del PP que se sumaran a la iniciativa que ya se aplica en Catalunya o Euskadi. En concreto, citó a Andalucía y al ejecutivo de Juan Manuel Moreno. “La medida aúna un gran consenso social. Queremos garantizar que lo que hacemos con el dinero de todos no termine en manos de especuladores y fondos”, afirmó Rodríguez.

“España se la juega”, dijo la titular de Vivienda. “Si no resolvemos este problema echaremos a la juventud en manos de una ultraderecha que da soluciones simples a problemas complejos”, advirtió la ministra unos días después de que la Comisión Europa avanzara que prepara una batería de medidas en materia de vivienda, entre las que se encuentra la intervención en la regulación de los alquileres de temporada.

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