Deflactar es oportuno
Opinión
Posiblemente, uno de los desafíos más inquietantes que afrontan hoy nuestras sociedades es la dificultad de conjugar una demanda social creciente con unas cuentas públicas perjudicadas. Al mismo tiempo, la pérdida de dinamismo y competitividad de las economías occidentales no permite anticipar horizontes especialmente halagüeños.
En este contexto más amplio deben interpretarse las tensiones institucionales y sociales que vemos en nuestro país vecino y socio, Francia, o las reflexiones en voz alta del canciller alemán y de la presidenta de la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de las pensiones. Todo ello evidencia un fenómeno preocupante: el desacople entre los derechos y beneficios exigidos por la población y la capacidad real de las políticas públicas para financiarlos y gestionarlos. Y es en esa distancia donde se originan, posiblemente, las soluciones de tipo populista.
Tras años de esfuerzos excepcionales, es necesario dar un cierto respiro a la ciudadanía
Cuando en el 2020 llegó la pandemia, España registró un alarmante déficit que superó el 11% y alcanzamos una deuda pública alrededor del 119% del PIB. En aquel momento, podía resultar razonable que las Administraciones –tanto el Estado como las comunidades autónomas– optaran por mantener los siguientes años las bases impositivas sin ajustarlas a la inflación. Esa decisión, aun sabiendo que exigía a la ciudadanía un sacrificio implícito, se entendía como un modo de proteger unas cuentas públicas gravemente dañadas en plena emergencia.
La realidad, sin embargo, ha terminado por sorprender: el fuerte incremento de la población, la eclosión del turismo y un comportamiento económico mucho mejor de lo previsto han impulsado unos ingresos públicos extraordinarios. Una parte de este crecimiento procede de una inflación acumulada superior al 20% desde la pandemia y otra, muy relevante, del inesperado dinamismo económico agregado, que ha terminado por mejorar la economía a nivel macro, que no necesariamente a nivel individual.
El problema es que esta situación se ha prolongado más allá de lo razonable. En el 2024, por ejemplo, la recaudación aumentó más de un 8%, mientras que el crecimiento de la economía fue de alrededor del 3%. Es decir, se ha seguido cargando sobre los contribuyentes una presión fiscal en frío: se paga más no por un aumento real de la riqueza o de la capacidad adquisitiva, sino por un incremento meramente monetario.
La capacidad de pago y de ahorro de la ciudadanía es la que es, y prolongar este mecanismo implica exigir un esfuerzo adicional que ya no tiene justificación económica ni social.
Deflactar no exige nuevos presupuestos ni reformas estructurales complejas; supone, sencillamente, reconocer que la inflación no puede continuar funcionando como un recargo implícito sobre los contribuyentes. Tras años de esfuerzos excepcionales, es necesario dar un cierto respiro a la ciudadanía. Deflactar es oportuno.