Bruselas dará más flexibilidad a los Estados miembros para que inviertan en vivienda asequible y también creará el marco jurídico para dar garantías legales a las ciudades que, como Barcelona, quieran regular los alquileres turísticos. Así lo plantea en el nuevo Plan Europeo de Vivienda Asequible, que quiere demostrar que Bruselas se toma en serio la crisis de la vivienda que está causando un enorme malestar social en todo el Viejo Continente.
La estrategia europea incluye diferentes medidas enfocadas a ayudar a las autoridades locales a solventar esta crisis de precios que afecta gran parte del mercado de alquiler y compra de vivienda en la UE, especialmente en grandes ciudades como Barcelona, Roma o Amsterdam. Entre otras cosas, también propone reducir los trámites para acelerar la construcción de nuevas residencias en todo el continente, mejorar la productividad en el sector de la construcción o aportar 10.000 millones en los próximos dos años.
Los datos
El precio de la vivienda se ha disparado más de un 60% de media en toda la UE
El nuevo marco para regular los alquileres vacacionales, sin embargo, no estará listo hasta el año que viene. El comisario europeo de Energía y Vivienda, el danés Dan Jorgensen, ya adelantó hace unos meses que Bruselas quería intervenir para limitar estos aluqileres que se han disparado en algunas ciudades como vía para escapar a las reglamentaciones sobre los precios de los alquileres convencionales. La Comisión deja muy claro que no se trata de una prohibición de los alquieres de corta duración ni van a forzar a los Estados miembros a actuar, sino que les proporcionarán una “caja de herramientas” para permitirles tomar medidas, una especie de marco legal para los que quieran actuar.
Los técnicos son conscientes de que la mayoría de las competencias en este ámbito recaen en los Estados miembros, las regiones y los ayuntamientos, por lo que ya adelantan que la nueva estrategia comunitaria no será una “varita mágica”. Además, han rechazado una de las sugerencias más radicales que habían sugerido algunos de los alcaldes de la alianza Mayors for Housing (alcaldes por la vivienda) —entre ellos, el barcelonés Jaume Collboni—, que pidieron que la cláusula de escape en el marco del Pacto de Estabilidad que han solicitado más de una quincena de Estados miembros para aumentar el gasto en defensa esté disponible también para proyectos de vivienda. “No hay ninguna propuesta para utilizar la cláusula de escape, como usted la ha descrito aquí, pero estamos muy interesados en intentar ayudar a los Estados miembros en esta delicada cuestión”, sostienen fuentes comunitarias.
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El plan, eso sí, invita a los Estados miembros a reasignar más partidas para vivienda asequible mediante la revisión a mitad de período de los fondos de cohesión. Además, propone una nueva categoría de “vivienda asequible” que estaría exenta de notificación previa dirigida a las clases medias y trabajadores esenciales, los más afectados por el aumento radical de los precios. Según los cálculos europeos, desde 2013, se han disparado más del 60% en toda la UE, algo que afecta directamente también a la competitividad del bloque comunitario y a los desafíos demográficos.
Con esta nueva categoría Bruselas quiere permitir que los Estados Miembros financien este nuevo modelo sin limitaciones de tiempo ni esta notificación, independientemente de la cantidad, “mientras que el apoyo a la vivienda asequible, si se quiere, destinado principalmente a los trabajadores esenciales, tenía un límite máximo de 15 millones al año”, sostienen en la Comisión. “Se trata de ayudarles a no verse atrapados en las normas sobre deuda pública y poder proporcionar más apoyo a la vivienda social asequible sobre esta base”, explican las fuentes comunitarias.
Y aquí es donde se une otro de los pilares de la estrategia: reducir la burocracia administrativa para construir. En total, la Comisión calcula que actualmente se construye en Europa 1.600 millones cada año, pero se necesitan 650.000 viviendas adicionales cada año en los próximos diez años. Que costarán, según los datos europeos, unos 150.000 millones de euros caño. No se trata solo de viviendas nuevas, sino también de renovar casas que vuelven al mercado o de reutilizar otras estructuras para la vivienda. Y para todo ello, Bruselas ha avanzado que realizará un paquete de simplificación “drástica” de las normativas, que presentará en el 2027, incluyendo una mayor digitalización en toda la cadena de valor y la reducción de la carga administrativa de todos los sectores involucrados.
La Comisión se ha puesto las pilas después de ver la importancia que ha ganado la crisis de la vivienda en los debates políticos de los Veintisiete. También por la exigencia de los socialdemócratas durante las negociaciones de la investidura del segundo equipo de comisarios de Ursula von der Leyen, que lucharon para que por primera vez hubiese un comisario de Vivienda, Dan Jorgensen. “Esto no solo va de los techos sobre nuestras cabezas, es nuestra democracia lo que está en juego. Porque si no solucionamos este asunto, nos arriesgamos a dejar un vacío que llenarán las fuerzas extremistas”, avisa el comisario. El asunto también ha figurado por primera vez formalmente en el orden del día de un Consejo Europeo para que se discuta a nivel de los 27 jefes de Estado y de Gobierno y en el Parlamento Europeo por primera vez se ha instituido una Comisión para la Vivienda.
