El Gobierno propone incentivos fiscales a las empresas para conseguir que la patronal acepte la subida del SMI.
Laboral
Aquellas entidades con mayor impacto debido al incremento del salario mínimo obtendrían bonificaciones en el impuesto sobre Sociedades, con la condición de que garanticen la estabilidad de sus empleados.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Nuevo intento del Ministerio de Trabajo por atraer a la patronal al consenso sobre la subida del SMI para este año. En la mesa de diálogo social de esta mañana ha planteado un posible incentivo fiscal en el impuesto sobre sociedades para las empresas más afectadas por la subida del impuesto de Sociedades. La propuesta, que se concretará a lo largo de esta semana, va acmpañada de dos condiciones. Por un lado, el de mantener la plantilla, y por otro, en la banda salarial baja subir los salarios por encima del incremento del SMI.
El resto de los parámetros en juego ya se conoce. Es una subida del salario mínimo del 3,1%, hasta los 1.221 euros al mes, y que queda exenta de cotizar por el IRFP. Los sindicatos compran la oferta, pero no la patronal, y el ministerio está intentando ofrecerle alguna compensación. Pero, la subida está decidida y se empieza ya a tramitar hoy mismo. El jueves, en una nueva reunión, se verá si se consigue el apoyo de la patronal.
Resulta evidente que resultará complicado que la CEOE termine adhiriéndose. Al concluir el encuentro de hoy, su portavoz, Rosa Santos, ha manifestado escasa disposición. Ha cuestionado el planteamiento por su falta de detalles, “está llena de incógnitas” y “es de difícil comprensión”. En consecuencia, se trata de un posicionamiento de alejamiento que la organización empresarial deseaba establecer como contestación inicial.
Resulta indudable que este planteamiento carece de cualquier precisión técnica. Se evidencia la intención de conservar los puestos de trabajo, un factor recurrente en disposiciones previas del Ministerio de Trabajo; no obstante, respecto a la bonificación tributaria, únicamente se define la estructura general sin especificar su ejecución. Se articulará mediante el impuesto de sociedades con el fin de fomentar aumentos retributivos que superen la subida del SMI. “No tiene que incentiva que sigan pagando el salario mínimo, nos interesa que remonten en la escala salarial”, ha declarado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la comparecencia ante los medios tras el encuentro.
Un aspecto relevante adicional de esta reciente perspectiva consiste en que, al contrario que la indexación de los contratos públicos, el planteamiento original que se manejaba y que impacta a una cantidad reducida de compañías, en este caso el alcance resulta bastante más extenso. Se orienta hacia todas aquellas firmas que poseen una cifra considerable de empleados que perciban el SMI.
La propuesta actual del Gobierno surge tras los profundos diálogos llevados a cabo por los departamentos de Trabajo y Hacienda, donde se ha rechazado temporalmente la posibilidad de vincular los contratos públicos a índices. En este punto, la postura de María Jesús Montero ha permanecido firme, aunque se ha explorado una vía distinta, presentada hoy, que todavía requiere mayor concreción.
Dentro del Ministerio de Trabajo, sintetizan la coyuntura presente en tres aspectos. Primero, se elevará el SMI hasta los 1.221 euros cada mes con validez retroactiva desde el 1 de enero; segundo, los beneficiarios del SMI mantendrán su exención de pago al IPRF; y por último, se rastrea un método para fomentar el crecimiento de las remuneraciones en todos los ámbitos, priorizando los segmentos más vinculados al salario mínimo.
Se trata de un método, el del beneficio tributario, que no agrada a las organizaciones sindicales, pero que están abiertas a admitirlo si implica que el sector empresarial se incorpore igualmente al acuerdo. No dejan de lado sus condiciones innegociables. “Exigimos el 3,1% sin tributación y el recorrido del decreto y el recorrido del decreto que garantiza las limitaciones de la compensación y absorción” de los complementos, ha declarado Javier Pacheco, secretario confederal de CC.OO.
Por su parte, Patricia Ruiz, de UGT, ha puntualizado que no consentirían que el diálogo sirviera de pretexto para una demora. “No puede ser una excusa para dilatar acuerdos”, ha declarado.