El ámbito corporativo considera la propuesta de financiación como un paso correcto “punto de partida”, insuficiente y con potencial de mejora.
Cuentas públicas
Foment, Cambra, Pimec, Cercle d'Economia, Fira, Femcat, Economistes, Barcelona Global y RACC han acordado un texto conjunto.
Josep Sanchez-Llibre (Foment), Josep Santacreu (Cambra) y Antoni Cañete (Pimec)
El sector empresarial de Cataluña ha acordado una posición conjunta respecto al reciente sistema de financiación que definen como “como un punto de partida que supone una mejora con respecto al modelo vigente, pero no es suficiente en determinados aspectos que habría que desarrollar”. Dentro del texto —suscrito por Foment y los miembros del colectivo G8 Cambra, Pimec, Cercle d'Economia, Fira, Femcat, Col.legi d'Economistes, Barcelona Global y RACC— admiten además que el esquema carece de singularidad al aceptar que se trata de un planteamiento “extensible al conjunto de comunidades autónomas de régimen común y todas ellas pueden salir beneficiadas”. Asimismo, dirigen una solicitud hacia “los partidos catalanes a trabajar juntos para mejorar el modelo propuesto y garantizar que los cambios se consoliden en el futuro”.
El texto fue pactado por los componentes del grupo G8 tras varias jornadas de trabajo junto a Foment, que ha sumado contribuciones como resaltar la carencia de infraestructuras acumulada durante los pasados 14 años de 42.500 millones de euros. Respecto a la ordinalidad, los suscriptores admiten que se da al considerar la población ponderada aunque “no se cumpliría en términos de población real”. La regla de ordinalidad pretende que una comunidad autónoma no resulte más perjudicada por el sistema de financiación de lo que estaba inicialmente.
Respecto a la noción de población ajustada, los colectivos de empresas y profesionales cuestionan duramente que se haya omitido el factor del coste de la vida. Al determinar la distribución de fondos del sistema de financiación autonómica, no se emplea el censo de forma directa, sino la población “ajustada” mediante diversos criterios como la insularidad, la dispersión geográfica o la tasa de envejecimiento demográfico.
Dentro del escrito, los suscriptores igualmente han manifestado la exigencia de difundir las balanzas fiscales que durante los ejercicios recientes el ministerio de Hacienda ha cesado de proporcionar.
Desde el Parlament, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha señalado que “lo que nos pide las entidades económicas es que trabajamos juntas, con unidad, de manera constructiva, para que este nuevo modelo se apruebe en el trámite parlamentario de los Congreso de los Diputados”, informa Luis B. Garcia.