De José Antonio Primo de Rivera, conocido como José Antonio, dada la costumbre de los camaradas de Falange Española de la JONS de utilizar tan solo el nombre propio de sus jefes, así como el tuteo, son bien conocidos tanto su fusilamiento en la prisión de Alicante la madrugada del 20 de noviembre de 1936 como el inmenso culto memorialístico que le dedicó el régimen de Franco tras el fin de la Guerra Civil.
Un culto desmedido al mártir por excelencia del franquismo y que incluyó comparaciones del jefe falangista con Jesucristo –basándose en la edad de la muerte de ambos, treinta y tres años– e incluso evangélicas: “Y echaremos del templo a los mercaderes y tu sangre florecerá. Y el cortejo de tus mártires florecerá como una inspiración”. Tal escribiría José Luis de Arrese poco antes de ser nombrado ministro secretario general de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el partido único creado por Franco tras apropiarse de la Falange fascista joseantoniana y unificarla con la Comunión Tradicionalista, monárquica y carlista.
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Esta cuasi santificación y mitificación de José Antonio era incompatible con mostrar aristas o “debilidades” del personaje, siempre susceptibles de erosionar la imagen monolítica que el régimen quería dar de sí mismo en tanto que vencedor en la guerra. Pero la realidad era que el personaje era complejo.
Hoy sabemos que, a pesar de haber permitido a los falangistas participar en el levantamiento de los días 17 a 19 de julio de 1936, elaboró desde la cárcel una propuesta para detener la contienda civil en la que se había convertido el fallido golpe de Estado. Pretendía pactar un nuevo gobierno para toda España, con un programa de consenso que creía capaz de reconducir la situación y detener la confrontación.
José Antonio Primo de Rivera durante un congreso de Falange en Madrid
Y así, a principios de agosto de 1936, se ofreció para viajar a la capital de la zona “nacional” –Burgos– si era temporalmente excarcelado. Propuso dejar como rehenes en Alicante a familiares directas como su hermana Carmen o su cuñada Margarita Larios. Iría a tratar de convencer a los generales golpistas de su plan.
Conocemos su propuesta porque su texto se encontraba entre los papeles personales de José Antonio hallados en su celda tras su fusilamiento; papeles que pasarían a manos del ministro socialista Indalecio Prieto, quien posteriormente se los llevaría consigo a su exilio mexicano. Muchos años después llegarían a manos de la familia Primo de Rivera.
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La idea consistía en medidas como una amnistía general, la disolución y desarme de todas las milicias o la supresión del estado de alarma. También sugería implantar enseguida la reforma agraria, que José Antonio suponía suspendida en la zona rebelde, y autorizar la enseñanza religiosa. Se redactaría, asimismo, un programa de política nacional reconstructiva.
Era un programa de pacificación nacional y de fortalecimiento del Estado de derecho... democrático. Se centraba en el reforzamiento de determinadas garantías jurídicas, al tiempo que cuestionaba actuaciones del gobierno previo al alzamiento que habían afectado directamente a la Falange –en concreto, las relacionadas con las clausuras, multas o encarcelamientos por orden gubernativa–. Además, pretendía acabar con la politización de la justicia, de la que José Antonio se sentía personalmente víctima.
José Antonio Primo de Rivera (5i), Julio Ruiz de Alda (4i), Jesús Muro y José Antonio Gimenez Arnau (detrás del micrófono), presiden la celebración de un mitin de la Falange
Se trataba –muy irrealmente, todo hay que decirlo– de revertir la situación y evitar el ahondamiento de la fractura entre españoles que representaba el inicio de la guerra. Era algo contrario a lo que hasta entonces predicaba el fascismo joseantoniano, que consistía en la reunificación de los españoles para dejar de lado a los partidos políticos divisores y a la lucha de clases.
En cuanto al gobierno que debía formarse y aplicar las medidas citadas, proponía un gabinete integrado por republicanos de centro, como Diego Martínez Barrio, Miguel Maura, José Ortega y Gasset o Gregorio Marañón.
Pero para convencer al gobierno republicano de que aceptase su plan, antes tenía que hacérselo llegar. Para ello, logró que le gestionaran una solicitud de entrevista con Martínez Barrio, presidente de las Cortes y al mismo tiempo presidente de la Junta Delegada del Gobierno en Valencia.
Sabemos que el presidente del consejo de ministros, José Giral, se mostró de acuerdo, aunque consideró que Martínez Barrio no debía intervenir directamente. Por eso se envió al subsecretario Leandro Martín Echevarría a la prisión alicantina a ver a Primo de Rivera. No sabemos cómo transcurrió este encuentro, pero sí que el gobierno rechazó el plan de acuerdo nacional de José Antonio.
Diego Martínez Barrio y Manuel Azaña
El líder falangista continuó en prisión mientras en la “zona nacional” se urdían sin éxito intentos de liberarle, por la fuerza, a través de sobornos o mediante el canje por un prisionero en manos de los “nacionales”. Mientras tanto, el Comité de Orden Público de Alicante, a propuesta del Partido Comunista, decidió ejecutar a José Antonio y a su hermano Miguel, también preso.
Con la excusa de un traslado a la cárcel de Cartagena, ambos iban a ser paseados, es decir, fusilados sin juicio durante el trayecto, como era moneda corriente en los dos bandos. Sin embargo, las gestiones del presidente de la República Manuel Azaña, del presidente del gobierno José Giral y del líder socialista Indalecio Prieto lograron detener la operación.
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Las cosas se torcieron para José Antonio definitivamente a raíz del nombramiento, el 4 de noviembre de 1936, del dirigente anarcosindicalista Joan García Oliver como ministro de Justicia por parte de Francisco Largo Caballero, el nuevo presidente del gobierno. Hasta ese momento, su juicio se había logrado dilatar. Sin embargo, tan solo un día después de la llegada del nuevo ministro, el Comité Popular Provincial de Defensa y Justicia Popular de Alicante le dirigió un escrito exigiendo la aceleración del proceso.
Entre tanto, la ciudad había sufrido su primer bombardeo a manos de los franquistas, saldado con dos muertos y un herido. Con un nuevo fiscal, el Tribunal Popular condenó a muerte a Primo de Rivera. Fue ejecutado en la madrugada del 20 de noviembre.
Joan Maria Thomàs es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat Rovira i Virgili