El poder del dinero se impone a la sabiduría. La Universidad Columbia de Nueva York aceptó este viernes las demandas de la Administración Trump para que cambie sus normas de manifestaciones y protestas, así como su regulación de los estudios de los departamentos de Oriente Medio, sur de Asia y África, potenciales factores de rebeldía, según la Casa Blanca.
Aceptar esas concesiones era el punto de partida para renegociar la restauración de los 400 millones de dólares en fondos federales que el gobierno canceló a principios de mes y que se negó a reinstaurar si no se aplicaban sus imposiciones.
La rendición de una de las universidades de más prestigio en Estados Unidos demuestra el acoso del presidente Donald Trump. Harvard, la Universidad de Pensilvania, la de Michigan o Stanford, entre otras muchas, afrontan chantajes similares. O se rinden al pensamiento único o les cierran el grifo.
En el centro neoyorquino ya han cerrado programas de investigación sobre inteligencia artificial o el cáncer, y despedido a numerosos investigadores
La Columbia fue uno de los centros donde la primavera pasada más se focalizó la protesta estudiantil pro Palestina y donde grupos judíos denunciaron sentirse amenazados e inseguros por la propagación del antisemitismo.
El acecho del ejecutivo se expresó claramente el pasado 8 de marzo cuando, en su piso en el entorno de la universidad, fue detenido Mahmoud Khalil, de 30 años, que fue quien ejerció de portavoz de los estudiantes acampados en el campus.
Lo arrestaron y se halla detenido, en pleno proceso judicial que paralizó su deportación por la vía rápida, pese a disponer de ser un residente oficial (green card) y estar casado con una ciudadana estadounidense, ahora embarazada de ocho meses y testigo de cómo esposaban a su marido.
Khalil, al que el gobierno no imputa delito alguno, habló en todo momento al público durante la acampada sin incitar a la confrontación física o al odio y lo hizo, además, a cara descubierta, sin utilizar nunca mascarilla para camuflar su identidad como hicieron otros manifestantes.
Una de las concesiones, precisamente, es la prohibición del uso de mascarillas en el campus, salvo por razones religiosas o de salud. Esta pieza creo mucha controversia, puesto que los manifestantes defendieron su uso y no ser víctimas de represalias o de acoso policial.
En su carta de aceptación, la institución acepta la creación de una especie de fuerza de choque compuesta por 36 “agentes especiales” con capacidad para sacar a la gente del campus o incluso detenerla.
El punto más controvertido, al menos desde el punto de una institución señera en la educación, consiste en la imposición de un vicerrector, lo que viene a ser un censor o vigilante, que supervisará los estudios que se observan como posibles fuentes de subversión, esto es, los que versan sobre Oriente Medio, sur de Asia y África. La Casa Blanca exigió que estas disciplinas se pusieran bajo una administración judicial académica. Se trata de una figura oscura que la institución puede prolongar el tiempo que sea, como si fuera un estado de sitio, en caso de que la disfuncionalidad se alargue.
La presidenta interina de la Columbia, Katrina A. Amrstrong, explicó en la misiva que estas medidas perseguían que “cada estudiante, profesor y miembros del personal se encuentre seguro y sea bienvenido”. Así justificó la rendición y abrir la puerta a la sumisión política, como tantas veces se ha denunciado de los regímenes autoritarios.
