El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado abrir diligencias para investigar los crímenes cometidos en Gaza en el marco de la ofensiva israelí y ha apuntado ya al genocidio y otros delitos de lesa humanidad, después de una petición de la fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y de Memoria Democrática, Dolores Delgado.
Tal y como ha adelantado La Ser y ha confirmado La Vanguardia, el fiscal ha emitido un decreto para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie una investigación después de un informe policial con testigos sobre la posible existencia de un delito de genocidio y violaciones de derecho internacional por parte de Israel contra el pueblo palestino.
El informe policial recoge acciones del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional, investigación desarrollada en el marco de la “Operación Eliat”.
Tal y como ha explicado la propia Dolores Delgado en una entrevista con la cadena Ser, la comisaría general de información ha elaborado un informe con testimonios sobre posibles vulneraciones de derecho internacional humanitario. Según ha relatado, se trata de profundizar sobre la existencia de este delito aunque reconoce que existen limitaciones por la ley que fija el alcance de la justicia universal en el código penal español.
Delgado explica que se trata de recabar material probatorio para luego poder colaborar con la Corte Penal Internacional en la persecución de estos delitos.
En el decreto, al que ha tenido acceso este diario, se explica que ”a la vista de la situación actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior”.
El objetivo es doble: como elemento catalizador de la cooperación internacional y de preservación del acervo probatorio que sea posible recopilar “para que en un futuro puedan ser utilizadas adecuadamente como pruebas de cargo de los delitos cometidos”.
La intención de la Fiscalía española es la colaboración con el proceso abierto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante la demanda de Sudáfrica contra Israel por la violación de la Convención para la prevención y sanción del genocidio.
La Corte impuso medidas cautelares que suponen obligaciones al Estado de Israel como las de prevenir que se cometan actos que puedan provocar la muerte de gazatíes, que les causen serios daños físicos o morales, que les impongan condiciones de vida dirigidas a la destrucción, total o parcial, del grupo o que tiendan a evitar nacimientos en dicho grupo, así como evitar con efecto inmediato que las fuerzas armadas cometan dichos actos.
Igualmente, estableció la obligación de adoptar de forma inmediata medidas efectivas para permitir el suministro urgente de los servicios básicos y la prestación de la asistencia necesaria para responder a las condiciones de vida adversas de los palestinos de la Franja de Gaza. “Es de relevancia la medida impuesta por la CIJ consistente en la obligación de adoptar las resoluciones necesarias para evitar la destrucción y preservar las pruebas de los actos de genocidio”, advierte el decreto del fiscal general.
