La Casa Blanca está preparándose para deportar a inmigrantes a Libia, un país con un largo historial de violaciones de derechos humanos de sus presos, especialmente de los inmigrantes. Antes de que se produzcan dichas expulsiones, el juez de distrito Brian Murphy, de Boston, emitió ayer un comunicado de emergencia en el que advirtió de que cualquier intento de deportar a inmigrantes sin el debido proceso a países distintos de su lugar de origen y en el que puedan enfrentar persecución o tortura violaría el precedente judicial.
El juez Murphy publicó la orden después de que la agencia Reuters avanzara los planes de la Administración de Donald Trump, que prevé deportar a Libia a cientos de ciudadanos de Vietnam, Laos y Filipinas, entre otras nacionalidades. El país norteafricano es “conocido por sus violaciones de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los inmigrantes residentes”, señala en su petición de emergencia.
“Libia es conocida por sus violaciones de los derechos humanos, especialmente de los inmigrantes”, recuerda el juez en su orden
“Por si hay alguna duda -el tribunal no ve ninguna-, las supuestas expulsiones inminentes, tal como informan las agencias de noticias y como los demandantes tratan de corroborar con los relatos de los afectados y la información pública, violarían claramente la orden de este tribunal”, escribió Murphy en su decisión, que respondía a una solicitud de emergencia de los abogados de varios inmigrantes que habían recibido órdenes de deportación.
El departamento de Estado desaconseja la visita de ciudadanos estadounidenses a Libia debido a “la delincuencia, los disturbios civiles, los secuestros y los conflictos armados”, pero no tiene ningún problema en enviar allí a sus inmigrantes, cuyos derechos humanos son ignorados sistemáticamente por la Administración. En su informe anual sobre derechos humanos, el departamento criticó específicamente las “duras y peligrosas condiciones de vida en las cárceles de Libia”.
El país sigue inmerso en un conflicto interno desde el alzamiento del 2011, respaldado por la OTAN. En el 2014, se dividió entre facciones orientales y occidentales, que ejercen el control de las distintas regiones. A pesar de la tregua alcanzada en el 2020, sigue siendo un país conflictivo, que no ha logrado resolver sus disputas políticas internas
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Según el departamento de Seguridad Nacional, la Administración Trump ha deportado a 152.000 personas desde que tomó posesión el 20 de enero. El ritmo de expulsiones es mayor que el de sus predecesores, pero muy bajo comparado con la promesa de campaña de deportar de 15 a 20 millones de personas durante los cuatro años de mandato, lo que ha generado frustración en la Casa Blanca, que alega falta de recursos.
Por ello, está buscando fórmulas inexploradas por anteriores gobiernos, incluida la deportación a países sin garantías de derechos humanos. En este sentido, ya ha enviado al menos tres aviones de deportación a El Salvador, donde unos 300 inmigrantes, la mayoría venezolanos, siguen encerrados en la prisión de máxima seguridad Cecot, que enfrenta denuncias de malos tratos a sus alrededor de 40.000 reclusos. La Casa Blanca realizó dichas expulsiones mediante la invocación de la ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, desobedeciendo la orden de otro juez que prohibía expresamente su uso con ese fin.
Para acelerar el ritmo de expulsiones, el Gobierno también intentó dar una segunda vida a su base naval de Guantánamo, en Cuba, hasta que vio que el plan de enviar allí a 30.000 inmigrantes era inviable por la falta de espacio, los impedimentos logísticos y el desorbitado coste. Además, la semana pasada la Casa Blanca ofreció 1.000 dólares a los inmigrantes en situación irregular que decidiesen autodeportarse, una cifra irrisoria en comparación con los beneficios de vivir en EE.UU.