La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vuelto a dar la razón a la Administración de Donald Trump. Divididos en líneas ideológicas, con seis votos a favor y las tres progresistas en contra, los magistrados han levantado las restricciones que habían impuesto tribunales inferiores a las redadas migratorias indiscriminadas en el área de Los Ángeles, en las que consideraron que se había violado la Cuarta Enmienda de la Constitución.
En este tipo de redadas, que se han multiplicado por todo el país, agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suelen presentarse enmascarados y fuertemente armados para detener a grupos de personas que identifican como latinoamericanas, a pesar de la inexistencia de una “sospecha razonable” que justifique esas detenciones, según los tribunales inferiores. Los agentes migratorios han arrestado con frecuencia a ciudadanos estadounidenses en estas actuaciones, así como a inmigrantes con permiso de residencia legal en el país.
El juez Kavanaugh defiende que la etnia o el idioma pueden ser considerados “sospecha razonable de presencia ilegal en EE.UU.”
En julio, un tribunal de distrito ordenó al departamento de Seguridad Nacional que interrumpiera la práctica de detenciones basadas en la aparente etnicidad de una persona, su idioma o su presencia en un lugar en particular, como una granja, una parada de autobús o el aparcamiento de un Home Depot, lugar en el que jornaleros indocumentados suelen esperar para encontrar trabajo por un día.
Ante el recurso de la Administración, el tribunal de apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. ratificó la decisión del tribunal inferior, que aplicaba a siete condados de California. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado ese enfoque. Los magistrados no han incluido una explicación de la decisión de la mayoría conservadora, aunque el juez Brett Kavanaugh ha escrito una opinión concurrente en la que se alinea con la visión de la Casa Blanca.
La etnia, el idioma o el lugar en el que se encuentran las personas detenidas “en conjunto pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en EE.UU.”, ha manifestado Kavanaugh. “Lo importante es que sospecha razonable significa únicamente que los oficiales de inmigración pueden detener brevemente al individuo e indagar sobre su estatus migratorio”.
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“Sin duda, reconozco y aprecio plenamente que muchos (no todos, pero muchos) inmigrantes ilegales vienen a Estados Unidos para escapar de la pobreza y de la falta de libertad y oportunidades en sus países de origen”, ha añadido el juez conservador. “Pero el hecho sigue siendo que, bajo las leyes aprobadas por el Congreso y el presidente, están actuando ilegalmente al permanecer en Estados Unidos”.
La jueza progresista Sonia Sotomayor ha publicado otro escrito, en rechazo a la opinión mayoritaria, alegando que permitir la discriminación racial en las redadas migratorias supone un ataque a las “libertades constitucionales”. “No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca trabajar en un empleo mal remunerado”, ha escrito Sotomayor. “En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, disiento”.
Además, Sotomayor añade una dura crítica a los seis jueces conservadores, que, como han hecho en otros fallos recientes en los que han dado la razón a la Casa Blanca de Trump, no han expuesto un análisis de la decisión. “La orden del tribunal es preocupante por otra razón: no está en absoluto explicada”, lamenta la magistrada. “En los últimos ocho meses, el apetito de este tribunal por eludir el proceso ordinario de apelaciones e intervenir en cuestiones importantes ha crecido de manera exponencial”.