Con estos amigos, ¿quién quiere enemigos? Esto debe pensar estos días la presidenta de la Comisión Europea, la democristiana Ursula von der Leyen, que ha visto cómo los integrantes de la mayoría presidencial en el Parlamento Europeo -con su propio grupo, el Partido Popular Europeo (PPE), a la cabeza- le montaban una rebelión en toda regla y le amenazaban con hacer descarrilar el proyecto de marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034, que alcanza un montante de 2 billones de euros. La oposición de socialistas, liberales y ecologistas a la propuesta presupuestaria de Bruselas implicaría ya de por sí una crisis de calado, pero el hecho de que el movimiento esté capitaneado por el propio grupo conservador lo convierte en una insurrección general.
Al frente de la sedición está el presidente del PPE y del grupo popular en la cámara de Estrasburgo, Manfred Weber, un viejo correligionario político y enemigo personal de Von der Leyen, a quien nunca ha perdonado que en 2019 le arrebatara el cargo de presidente de la Comisión Europea. El socialcristiano bávaro está empeñado en acotar el poder de su rival y reafirmar el suyo propio, como ya demostró hace un año con el bloqueo temporal -utilizando al PP español como ariete- del nombramiento de la socialista Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, que puso en peligro el pacto con socialistas y liberales.
Weber busca reforzar su poder como líder de la mayoría frente a la presidenta de la Comisión
En aquel envite, Weber consiguió que el bloque europeísta tragara con el nombramiento como vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de Raffaele Fitto, del partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, reforzando así su línea de aproximación al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), convertido en la extrema derecha frecuentable de la Eurocámara y con la que el PPE ha empezado a poner en práctica la configuración de una mayoría alternativa.
En este nuevo pulso por el presupuesto, Weber pretende -entre otras cosas- asegurar el control del Parlamento Europeo sobre la adjudicación de los fondos comunitarios. Y, más allá de eso, reforzar su poder como líder de la mayoría frente a la presidenta de la Comisión.
El gran objeto de controversia alrededor del proyecto de marco financiero es el radical cambio que Von der Leyen quiere aplicar a los fondos comunitarios. La propuesta de Bruselas es refundir los actuales fondos sectoriales en 27 fondos nacionales, sobre los que los Estados -que recibirían un pago único después de pactar una especie de contrato-programa con la Comisión- tendrían un mayor poder de decisión. Una reforma que, según defiende el gabinete de Von der Leyen, trata de satisfacer las peticiones de mayor flexibilidad históricamente planteadas por los gobiernos. Pero que dista mucho de contentar a todo el mundo.
Protesta de agricultores franceses el pasado lunes en Boulogne-sur-Mer, en protesta en esta ocasión por restricciones medioambientales
En ese paquete, que Bruselas pretende dotar con 865.000 millones de euros a repartir entre los 27, estaría todo junto y revuelto, desde el Fondo de Cohesión a los fondos de la Política Agraria Común (PAC), lo que ha soliviantado a regiones y agricultores -ya de por sí sublevados por las restricciones medioambientales y el acuerdo comercial con el Mercosur- , y a países del sur de Europa como España. Los afectados temen perder parte de lo que tienen garantizado hasta ahora -dejándolo al albur de cada gobierno- y los más europeístas lamentan que la Comisión renuncie a una política común y avale su fragmentación nacional.
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El rechazo en el Parlamento Europeo ha sido tan general que ha puesto sordina a las crecientes tensiones que ponen diariamente a prueba a la mayoría presidencial. Esta vez, frente a Von der Leyen, no ha habido fisuras. Los cuatro grupos del arco europeísta -populares, socialdemócratas, liberales y ecologistas- dirigieron la semana pasada una carta a la presidenta del Ejecutivo comunitario en la que mostraban su oposición a la fusión del Fondo de Cohesión y la PAC, y le instaban a revisar su propuesta bajo amenaza de tumbar la totalidad de su proyecto de marco financiero, lo que implicaría una grave desautorización de la Comisión. Los insurgentes pusieron como fecha límite el 12 de noviembre.
Los contactos mantenidos esta semana por ambas partes no han permitido, hasta ahora, alcanzar un acuerdo que permita evitar el choque. La Comisión, sin embargo, ha dado muestras de ductilidad y fuentes comunitarias dan por hecho que el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, presentará una propuesta para tratar de salir del atolladero. Está por ver que sea suficiente para poner fin al conato de guerra civil en Bruselas.
· De progresa adecuadamente a debe mejorar. Este martes la Comisión Europea hizo público su informe anual sobre el proceso de ampliación de la UE a nuevos países en la perspectiva del año 2030. Presentado por la responsable de la política exterior europea, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, el informe valora los esfuerzos de reforma de Montenegro -país en cabeza para convertirse muy probablemente en el miembro 28º de la Unión- y Albania, mientras deplora los retrocesos democráticos de Serbia y Georgia. Ucrania y Moldavia también han avanzado en su camino hacia la adhesión, pero para ello subsisten todavía importantes dificultades (en el primer caso, a causa de la guerra y del veo de Hungría). Más lejos lo tienen Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina o Kosovo (que no tiene rango de candidato oficial), mientras el caso de Turquía sigue congelado.
· Acuerdo de compromiso sobre el clima. La UE acude a la cumbre del clima de Brasil, COP30, que empieza oficialmente el próximo lunes, habiendo salvado una posición común, lo que no ha sido fácil dadas las crecientes divergencias entre los 27 sobre los ritmos de la acción europea contra el cambio climático. Los ministros comunitarios de Medio Ambiente alcanzaron la madrugada del miércoles un acuerdo por el cual la UE mantiene formalmente su objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2040 en un 90% (respecto a 1990), pero abriendo la puerta a que los países puedan cubrir hasta un 5% de sus objetivos mediante la adquisición de créditos de carbono y que Bruselas reevalúe la situación cada cinco años.
· Una de cal y otra de arena. El triunfo del multimillonario trumpista Andrej Babis en las elecciones de la República Checa del pasado 4 de octubre fue un jarro de agua fría para los europeístas, que se ha visto confirmado ahora con la firma, el pasado lunes en Praga, de un pacto de coalición con la ultraderecha y con un partido eurófobo de conductores. La República Checa amenaza así con alinearse con el frente ultra formado Hungría y Eslovaquia. En contraste con esto, las elecciones anticipadas en los Países Bajos, dieron la sorpresa el pasado 29 de octubre al coronar como vencedor al partido liberal progresista D66 de Rob Jetten, que ganó por un pequeño margen -aunque empatando a escaños- al ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders.
