Italia y Suiza mantienen una disputa a raíz de la investigación por el incendio mortal ocurrido en Crans-Montana.

El suceso trágico en la vivienda de Crans-Montana ha provocado un conflicto diplomático entre Suiza e Italia. La administración de Giorgia Meloni reclama que las fuerzas policiales y la magistratura de Italia se involucren en las pesquisas que desarrollan actualmente los responsables del cantón del Valais.

De acuerdo con la jefa de gobierno, la investigación judicial iniciada tras el fallecimiento de numerosos jóvenes durante la víspera de Año Nuevo en un centro vacacional de los Alpes no cumple con el deseo de justicia de los parientes. Italia, que registra seis víctimas de las cuarenta muertes totales, ha incrementado al límite la tensión con el estado colindante. Inicialmente llamó a su embajador en Berna, Lorenzo Cornado, a consultas, después de que fuera liberado el dueño del club nocturno Constellation, el ciudadano francés Jacques Moretti. Posteriormente, condicionó la vuelta del representante “al inicio de una colaboración efectiva entre las autoridades judiciales de ambos Estados y a la inmediata creación de un equipo conjunto de investigación, para que se determinen sin más retrasos las responsabilidades de la masacre”, según una nota institucional publicada el lunes anterior.

Moretti se encuentra bajo investigación por homicidio culposo, daños por imprudencia y fuego negligente. Su cónyuge, Jessica Maric, enfrenta los mismos cargos tras haber administrado el establecimiento con él, aunque ella no fue arrestada.

El proceso judicial gira en torno a los componentes empleados en la cubierta de la vivienda, los cuales prendieron debido a las llamas iniciadas en el evento, además de los fallos detectados en la vía de evacuación. Ciertos trabajadores, de acuerdo con declaraciones publicadas en los medios, afirmaron que el acceso permanecía bloqueado para impedir que los asistentes se marcharan sin abonar la cuenta y que la implicada escapó con la recaudación en vez de socorrer a los chicos bloqueados dentro. Hechos sumamente críticos que los sospechosos han rechazado tajantemente desde el inicio.

El Gobierno de Suiza todavía no ha emitido una contestación formal ante la petición de Italia, aunque desde Berna se intensifican las muestras de incomodidad. El Ministerio Público del cantón del Valais señaló que, dentro del modelo democrático de Suiza —del mismo modo que en el de Italia—, la división de poderes prohíbe toda intromisión política en las indagaciones de la justicia, y que la resolución de los hechos “corresponde a la justicia valesana y no al Gobierno”. “La política no debe interferir con la justicia”, aseguró Ingrid Ryser, vocera de la entidad. “No nos dejaremos chantajear: entre Estados no se trabaja así”, expresó el diputado del Partido Radical Liberal, Alex Farinelli, siguiendo una postura que también defienden representantes de otros grupos políticos.

En Italia, el impacto social derivado de los sucesos de la víspera de Año Nuevo ha resultado inmenso. Los parientes de los afectados se presentan cotidianamente en la televisión y la prensa escrita, mientras la evolución de los muchachos lesionados continúa bajo un seguimiento permanente. A partir de las jornadas iniciales, Giorgia Meloni se pronunció sobre los pormenores de las pesquisas difundidos por los medios de Italia, exigiendo castigos severos para los responsables del establecimiento.

El descontento surgió el último 23 de enero, momento en que Moretti obtuvo la libertad provisional tras abonar una fianza de 200.000 francos suizos (cerca de 215.000 euros), teniendo vetada la salida del territorio y debiendo presentarse cada noche en la delegación policial. El magistrado estimó que tales disposiciones bastaban para impedir cualquier peligro de evasión. El fallo judicial del cantón del Valais generó una fuerte respuesta entre los políticos de Italia, comenzando por la misma Meloni, quien lo tildó de “una afrenta a la memoria de las víctimas y un insulto a sus familias”. El titular de Exteriores, Antonio Tajani, se refirió a ello como “un verdadero ultraje a la sensibilidad de las familias que han perdido a sus hijos en Crans-Montana, que no tiene en cuenta el luto y el profundo dolor que comparten con el pueblo italiano”.

Bajo esta postura firme, aparte del claro intento de lograr acuerdos frente a una sociedad civil muy conmocionada por los sucesos, el Gobierno italiano tiene la certeza de que en Crans-Montana opera un entramado de influencias regionales que obstaculiza un proceso de indagación exhaustivo. “Juegan todos juntos al golf”, representa una de las expresiones más repetidas en las sedes institucionales de Roma. Por este motivo surge la solicitud —o más exactamente el requerimiento— de trasladar a la policía italiana para intervenir de forma inmediata en el sumario judicial.

Informantes del Gobierno admiten que la petición es bastante atípica y que es poco probable que Suiza consienta un traspaso de soberanía de esa magnitud. Numerosas voces, incluso entre las filas oficialistas, sospechan que esta táctica hostil sea ineficaz y vuelva todavía más rígida la postura de los mandatarios helvéticos. De momento, el representante diplomático no volverá a Berna.

El apoyo legal y de pesquisa entre las dos naciones se contempla en un convenio mutuo, aunque únicamente para situaciones específicas, tales como indagaciones de gran dificultad o que vinculen a múltiples Estados. De forma simultánea, la Fiscalía de Roma ha iniciado un proceso independiente acerca de lo sucedido.