El Supremo de Panamá anula la concesión portuaria del Canal con el operador hongkonés
CK Hutchison
China promete adoptar “medidas” en medio de la disputa con Estados Unidos por controlar el paso navegable
Un buque de carga navega frente al Puerto de Balboa del Canal de Panamá, administrado por CK Hutchison Holdings, en la Ciudad de Panamá
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el jueves “inconstitucional” el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operadora de dos puertos en torno al Canal interoceánico y epicentro de las amenazas de EE.UU. De retomar la vía acuática.
Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.
En un comunicado de dos párrafos, el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informa que tras una “amplia deliberación y discusión (...) Decidió declarar que son inconstitucionales” la Ley 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y la prórroga del mismo, en atención a dos demandas interpuestas en ese sentido.
China aseguró que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión del alto tribunal. El gobierno hongkonés también se pronunció al respecto: ”(El) gobierno se opone firmemente a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, represivos u otros medios irrazonables en las relaciones económicas y comerciales internacionales para dañar gravemente los intereses comerciales legítimos de las empresas de Hong Kong”, afirmó.
Panama Ports Company, por su parte, declaró: “El nuevo fallo... Carece de fundamento legal y pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, así como el estado de derecho y la seguridad jurídica del país”.
PPC afirmó haber invertido 1.800 millones de dólares en infraestructura y tecnología durante casi tres décadas operando los puertos panameños y que se reserva permanentemente todos los derechos, incluido el recurso a procedimientos legales nacionales e internacionales.
Panama Ports obtuvo la concesión en 1997 y en 2021 el contrato fue extendido automáticamente por igual periodo en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee solo el 10 % de las acciones en la empresa.
El acuerdo de compra venta de los dos puertos al consorcio liderado por BlackRock fue interpretado en su momento por el presidente de EE.UU., Donald Trump, como una victoria de su Administración, que acusó un control chino del Canal de Panamá por la presencia del operador hongkonés en dos de los cinco puertos que rodean el paso navegable. Las empresas sin embargo siempre negaron alguna motivación política.
Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el Canal, una vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, Trump amenazó con recuperar la vía acuática, construida y operada por EE.UU. En el siglo pasado, hasta su traspaso al Estado panameño hace 25 años.
Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que “es y seguirá siendo panameña” en palabras del presidente panameño, José Raúl Mulino.
El contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema, una de inconstitucionalidad y otra de nulidad, contra el contrato de concesión entre el Estado panameño y la PPC.
Lo hizo basado en los hallazgos de una auditoría, entregada el pasado 7 de abril, que reveló “numerosas irregularidades” del contrato. El informe de auditoría habla “de un contrato leonino, un contrato donde malos panameños permitieron que más de 1.300 millones no entraran a las arcas nacionales”, dijo Flores, además de presuntos incumplimientos de inversión por parte de PPC y otros perjuicios económicos.