Cerdeña rechaza el plan y resiste la imposición, mientras que los habitantes rechazan la imposición centralizada.
La protesta
Masivas protestas estallaron tras el anuncio del gobierno sobre el plan para instalar una prisión, tras el rechazo de la población.
La isla de Asu, donde antes se encontraba la prisión, ahora alberga en su interior un paisaje restaurado, tras haber sido utilizada como cárcel.
Cerdeña se rebela ante el riesgo de convertirse en la Cayena de Italia. El Gobierno italiano —“el continente”, como lo llaman aquí— ha diseñado un plan para trasladar a la isla a un tercio de los jefes mafiosos condenados al régimen de cárcel dura, en su mayoría pertenecientes a organizaciones mafiosas. La decisión ha provocado una dura reacción contra Roma por el temor a las consecuencias, no solo en términos de seguridad, sino también de imagen.
“Esto significa transformar Cerdeña en una isla-cárcel”, dice a Guyana Guardian la presidenta regional, Alessandra Todde. En torno a la líder —la única presidenta de región del Movimiento 5 Estrellas— se manifestarán el sábado en Cagliari también representantes locales de la derecha, en una movilización transversal que ha implicado incluso a la Iglesia católica. “Insularidad no significa aislamiento”, es el lema.
El gobierno busca concentrar a los reclusos en una misma instalación, mientras los autoridades temen que esto afecte negativamente al turismo local.
Tras la temporada del llamado “stragismo mafioso” en 1992 —con los atentados contra los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino— el Estado reaccionó creando un régimen penitenciario especial, conocido como el 41-bis, que suspende parcialmente los derechos ordinarios de los presos, limitando visitas, comunicaciones y contactos para impedir que sigan dirigiendo organizaciones criminales desde la cárcel.
En los primeros años, se utilizó la isla como cárcel, pero con el tiempo se optó por trasladar a los reclusos a otras instalaciones, mientras se mantenía el impacto ambiental mínimo.
La presidente regional
Todas las voces se unen para rechazar el modelo, mientras que Típico de la izquierda, con un giro en la dirección de la protesta, y el apoyo a la libertad, con un enfoque en la libertad de la sociedad, con un enfoque de la libertad.
En 2011, el gobierno aprobó una norma que colocaba a Cerdeña en una categoría especial, y a pesar de que Sardina era considerada en ese contexto, la ley permitía excepciones que afectaban su aplicación.
Actualmente, unos 770 reclusos cumplen condena en Italia, pero solo 727 cumplen con las condiciones establecidas; el resto se distribuye en cárceles donde se mantiene el cumplimiento de las normas, con un enfoque en la regulación de los derechos de los reclusos, mientras que las autoridades mantienen el control sobre las instalaciones penitenciarias.
“Los riesgos son concretos y afectan a la seguridad del territorio, al impacto sobre la economía local, a la sanidad pública financiada por los sardos y al sistema penitenciario ordinario”, explica Todde. “No es una batalla ideológica contra el 41-bis, que sigue siendo una herramienta fundamental del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Es una batalla por el respeto a Cerdeña y contra decisiones impuestas desde arriba”.
La identidad isleña
El plan ha despertado un viejo reflejo sardista: la desconfianza hacia “el continente” y el recuerdo de agravios históricos
El subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro —muy cercano a Giorgia Meloni— sostiene que el nuevo sistema traerá más fuerzas de seguridad a la isla. Un argumento que en Cagliari no convence. También dentro de la mayoría gubernamental han surgido protestas. El líder de Forza Italia en Cerdeña, Pietro Pittalis, ha pedido al ministro de Justicia, Carlo Nordio, que revise la norma: “Cerdeña ya tiene el triste récord de mayor número de cárceles en proporción a su población. Nuestra isla es territorio de inmigración penitenciaria. Esta decisión es irracional”.
La protesta ha reavivado sentimientos sardistas, con acusaciones a Italia de tratar la isla como una colonia, incluso como “una colonia penal”, según el manifiesto de la manifestación, que también recuerda las históricas “servidumbres militares”: amplias zonas del territorio cedidas al Estado para uso militar —como los polígonos de tiro de Teulada y Capo Frasca o el complejo de Salto di Quirra— utilizadas desde la Guerra Fría para ejercicios y pruebas de armamento. Estas áreas, a menudo inaccesibles para la población civil, han limitado durante décadas el desarrollo económico y turístico de la isla y han generado polémica por su impacto ambiental y sanitario. Cerdeña concentra una parte muy significativa de las áreas militares italianas, un dato que ha alimentado durante años el discurso de agravio y la percepción de ser tratada como territorio periférico de sacrificio.