El policía arrestado que pone en aprietos al Gobierno italiano
Seguridad y justicia
El arresto del agente que Meloni y Salvini habían defendido como símbolo de la lucha contra la delincuencia se convierte en un problema político en plena campaña por la reforma de la Justicia
La primera ministra, Giorgia Meloni, visita a las fuerzas de seguridad en la estación de Rogoredo (Milán), a pocos metros del lugar del crimen
Hace un mes apareció el cuerpo de un toxicómano en un bosque de la periferia de Milán. Para los partidos del Gobierno, el caso ya estaba resuelto: el agente de policía que lo había matado lo hizo en legítima defensa y, por tanto, era inútil investigar. Es más, había que cambiar la ley para proteger a los policías, un escudo penal. Era la historia perfecta para demostrar que el Ejecutivo de derechas apuesta por la seguridad, contra los enemigos: los inmigrantes que delinquen y los jueces que los defienden. Un caso a su modo ejemplar, sobre todo a pocas semanas del referéndum del 22 y 23 de marzo para aprobar la reforma de la Justicia, una iniciativa muy contestada por la magistratura.
Sin embargo, los investigadores han descubierto una realidad distinta: la fiscalía de Milán ha reconstruido que el hombre abatido, Abderrahim Mansouri, de 28 años y origen marroquí, no llevaba ningún arma en el momento de su muerte y que la pistola falsa hallada junto a su cadáver habría sido colocada allí después. Cinturrino ha sido detenido acusado de homicidio voluntario y omisión de socorro, porque habría esperado 23 minutos antes de llamar al 118 para asistir a Mansouri, agonizante tras el disparo. Ha sido arrestado, ha admitido su responsabilidad y ha sido enviado a prisión porque, según los jueces, “puede volver a matar”.
Al escuchar los testimonios de compañeros y de personas vinculadas al mundo de la droga, ha salido a la luz una realidad inquietante: Cinturrino, conocido como Thor, habría pedido dinero y dosis de droga a cambio de dar protección a traficantes italianos frente a los extranjeros. Y el crimen habría nacido precisamente en ese contexto.
En definitiva, no era exactamente el modelo perfecto para esta ofensiva política, amplificada por tertulias y medios afines, y ahora la derecha lidia con un relato que se le ha vuelto en contra.
La Liga de Matteo Salvini había lanzado la campaña “Yo estoy con el policía” y había recogido 70.000 firmas para apoyar a un agente que había matado a un toxicómano. Mientras tanto, un sindicato policial, el Siulp, había iniciado una colecta para cubrir los gastos legales de Cinturrino, dinero que ahora será devuelto a los donantes.
La Liga de Salvini habia llegado a recoger 70.000 firmas para apoyar a un agente del orden que ahora es acusado de homicidio voluntario y omisión de socorro
Según el vicepresidente del Gobierno, no había dudas sobre lo ocurrido: “Un policía se defiende, el delincuente muere, el agente es investigado por homicidio voluntario. Yo estoy con el policía sin peros ni matices”, había dicho, participando también en una manifestación en su defensa. Roberto Vannacci, el general que acaba de abandonar la Liga para fundar un nuevo partido, Futuro Nazionale, aliado en Europa con la AfD alemana, había recurrido incluso a los spaghetti western: “Código Sergio Leone. Cuando un delincuente con una pistola de fogueo se encuentra con un policía con una pistola de verdad, el delincuente es un hombre muerto”.
La primera ministra, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, el pasado 6 de febrero, visitó la estación de Rogoredo, a pocos cientos de metros del lugar del crimen. Estrechó la mano de las fuerzas del orden y se dejó fotografiar junto al tanque desplegado en la plaza, enviando un mensaje de firmeza a unos ciudadanos justamente alarmados por la criminalidad en una de las mayores plazas de venta de droga de Italia. Luego, en una entrevista televisiva, utilizó el caso para denunciar lo que definió como un “doble rasero” de parte de la magistratura en materia de seguridad.
Tras días de silencio incómodo, y presionados por la oposición de centro izquierda, que señaló el uso instrumental de sus comentarios, Meloni y Salvini dieron marcha atrás. La primera ministra afirmó que “si lo que se ha planteado encontrara confirmación en el curso de las investigaciones, nos encontraríamos ante un hecho gravísimo, una traición a la nación y a la dignidad y honorabilidad de nuestras fuerzas del orden”.
Mientras tanto, el líder de la Liga añadió que “quien se equivoca paga, y si alguien se equivoca llevando uniforme paga aún más”. La oposición pide ahora al Gobierno que comparezca en el Parlamento, “no solo para defender la honorabilidad de la Policía de Estado”, sino sobre todo “para aclarar el uso político que el Gobierno y la mayoría han hecho de este caso para plegarlo a sus intereses políticos”.
El relato de la seguridad ya no es tan simple.