¿Necesita Europa inmigración?

Si en el siglo XIX los migrantes salían sobre todo de Europa (y lo hacían en proporciones nunca vistas después, la era de las grandes migraciones fue entonces), a partir de la segunda mitad del siglo XX los flujos migratorios a escala mundial también se dirigieron hacia Europa.

Los primeros inmigrantes no europeos procedían de las (ex)colonias, por ejemplo, argelinos en Francia o indonesios en los Países Bajos. Poco después empezaron a llegar también los llamados trabajadores invitados (de Italia, España y Portugal pero también de Turquía y Marruecos) para cubrir la demanda insaciable de mano de obra de las economías noreuropeas tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando la mayor parte de países cerraron sus puertas a la inmigración laboral a raíz de la crisis económica de 1973, los migrantes siguieron llegando, esta vez como familiares de los que ya estaban o como refugiados.

Actualmente, la inmigración es uno de los mayores desafíos de Europa. No por lo que representa en sí, sino por el dilema que esconde. Europa necesita inmigración pero no la quiere. Mientras las dinámicas demográficas y las necesidades del mercado laboral exigen una entrada no menor de inmigrantes, el relato dominante es cada vez más contrario a la inmigración. La demografía y la economía de las migraciones no concuerdan pues con la política. Ese descompás –vital en todos los sentidos, económico, social, político y cultural– es uno de los mayores retos al que se enfrenta Europa hoy en día.

Los datos sugieren que el envejecimiento de la población europea nos lleva a un declive poblacional si no es contrarrestado con más natalidad o más inmigración. En el 2020, la tasa de fertilidad en el Reino Unido, Alemania y Canadá rondaba el 1,5, 1,6 y 1,4 respectivamente. En España e Italia este porcentaje baja al 1,2. En todos los casos, estas cifras hubieran llevado a un declive poblacional si no hubieran estado acompañadas de importantes flujos migratorios. De ahí que muchos concluyan que la inmigración es vital para el buen funcionamiento de nuestras sociedades, tanto para el mantenimiento de nuestro sistema de pensiones y Estado de bienestar como para cuestiones más concretas como quién está cuidando y quién cuidará de nosotros y de los nuestros.

Este debate sobre las necesidades migratorias impuestas por la demografía surgió de forma nítida a raíz del informe Replacement migration: Is it a solution to declining and ageing populations?, publicado por la División de Población de Naciones Unidas en el 2000. El estudio calculaba los niveles de inmigración neta anual necesarios para compensar les efectos del futuro envejecimiento de la población y, entre otras cuestiones, mantener la relación de dependencia, es decir, la ratio entre el número de personas jubiladas (de 65 años y más) y el de las que se encuentran en edad activa (de 15 a 64 años). Los números hicieron saltar las alarmas: según el estudio, para mantener la relación de dependencia, Alemania necesitaría 3,4 millones de inmigrantes por año, el Reino Unido 10,8 y Francia 2,4. El Banco de España, en su Informe anual 2023, llegó a cifras similares cuando estimó que en las próximas tres décadas España necesitaría la llegada de 25 millones de inmigrantes en edad de trabajar.

Entre 1980 y 2010, la población del continente europeo creció gracias a la inmigración en treinta millones de habitantes, lo que representó dos terceras partes del crecimiento total

Aunque el informe de Naciones Unidas ha sido citado recurrentemente por los defensores de incentivar más inmigración, el propio texto ya advertía que mantener la relación de dependencia llevaba a escenarios demográficamente imposibles. Tras veinticinco años podemos hacer ya un primer balance. Por un lado, en muchos países los niveles de inmigración no han estado muy alejados de los niveles necesarios estimados para mantener el volumen de la población. Por ejemplo, entre 1980 y 2010, la población del continente europeo creció gracias a la inmigración en 30 millones (dos terceras partes del crecimiento total). En los últimos años, la Unión Europea recibe alrededor de 2 millones de nuevos inmigrantes al año. En el caso de España, desde el fin de la pandemia, la población inmigrante ha crecido a un ritmo de 600.000 personas anuales.

Por otro lado, es falso pensar que la demografía (en concreto, la baja natalidad) puede determinar los movimientos migratorios. Como señala Hein de Haas en su libro Los mitos de la inmigración (2024), la gente no migra para aliviar a sus países de nacimiento de los excedentes poblacionales y proporcionar asistencia demográfica a los países de destino. Este determinismo demográfico es pura ficción. Además, los flujos migratorios difícilmente serán suficientemente importantes como para revertir el envejecimiento de la población. Como también señala Hein de Haas en el mismo libro, la fertilidad también ha bajado en muchos países de origen, que además en muchos casos –como China– están a punto de convertirse en nuevos países de inmigración.

El reemplazamiento de la población por la inmigración no solo no es factible, sino que además, en los niveles estimados por los informes de Naciones Unidas o el Banco de España, tampoco es políticamente asumible. Si ni la inmigración ni la natalidad pueden llegar a revertir el envejecimiento demográfico, la conclusión es que habrá que asumirlo y buscar cómo mitigarlo con otras políticas en el ámbito laboral y fiscal, pero también en términos de cómo nos organizamos socialmente, lo que implica también cambios culturales no menos relevantes.

La demografía no determina los flujos migratorios pero las demandas del mercado de trabajo en los países de destino sí. Dicho en otros términos: cuando la economía crece, la inmigración tiende a crecer también. La correlación es casi directa e indica que, contrariamente a lo que se tiende a pensar, la inmigración no depende de la desigualdad económica entre países (que no tiene por qué reducirse en momentos de estancamiento económico) sino que es consecuencia directa de las necesidades de los mercados laborales en los países de destino. Esto nos lleva a la conclusión de que la dirección que toman los flujos migratorios depende más de las condiciones de llegada que de las de salida. Es decir, la inmigración económica se genera desde aquí más que desde allá.

Pero más allá de la variabilidad en función del ciclo económico, la demanda de trabajadores migrantes se ha convertido en un rasgo estructural de las sociedades occidentales. Esto se explica por tres desarrollos fundamentales. Primero, la población nativa ya no está dispuesta a trabajar en determinadas ocupaciones de bajo estatus, baja remuneración y duras condiciones laborales. En inglés, estos trabajos son definidos por las 3D de dirty, dangerous y demeaning, que equivaldrían a trabajos sucios, peligrosos y degradantes. Son estos trabajos justamente los que tienden a ocupar los trabajadores inmigrantes. Segundo, la incorporación de la mujer al mercado laboral a partir de los años sesenta generó una demanda exponencial de trabajos reproductivos (especialmente, de limpieza y cuidados), que fueron ocupados por mujeres migrantes. Tercero y último, la bajada de la natalidad ha generado una reducción de la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral y, con el envejecimiento de la población, una demanda creciente de trabajadores en el sector de los cuidados.

El caso de España es paradigmático en todos los sentidos. Los dos booms migratorios del siglo XXI, el primero entre el 2000 y el 2007 y el segundo a partir del 2014, coinciden claramente con periodos de crecimiento económico, mientras que la recesión del 2008 llevó de forma casi inmediata a saldos migratorios negativos, con un número de retornos no menor. En el 2024 un 90% de los nuevos empleos fueron ocupados por inmigrantes, lo que indica que sin ellos el crecimiento económico de España, muy superior al de otras grandes economías europeas (ese llamado milagro español), no hubiera sido posible. Pero, como decíamos, esa dependencia va más allá de la coyuntura económica y ha devenido ya estructural. Los trabajadores inmigrantes en España representan un 72% del empleo en el servicio doméstico, un 45% en la hostelería, un 32% en la construcción y un 31% en la agricultura. Sin ellos, nuestra vida, tal y como es, no sería posible.

Pero los mercados de trabajo en los países de destino no solo explican los flujos de inmigración sino también el lugar que ocupan las personas migrantes en las sociedades de acogida. En ese sentido, y siguiendo con el caso español, esta dependencia estructural resultado de un mercado laboral segmentado con una alta oferta de puestos de bajas cualificaciones y condiciones precarias pone a la población migrante en una situación de extrema precariedad. Como señalan Mahía y Medina y González Enríquez, los ingresos salariales medios de los extranjeros procedentes de América (básicamente latinoamericanos) son un 37% más bajos que los de los españoles, un 34% en el caso de los africanos y un 17% en el de los europeos. Un 53% de los extranjeros residentes en España y procedentes de países no-UE se encuentran en riesgo de pobreza. No es de extrañar pues que, junto con Italia, España encabece el ranking de desigualdad de la UE entre los 15 que la formaban el 2004.

La inmigración no depende de la desigualdad económica entre países sino que es consecuencia directa de las necesidades de los mercados laborales en los países de destino

Esta desigualdad galopante es el otro reto mayúsculo en torno a la inmigración. La economía española depende de la entrada de trabajadores inmigrantes, pero a la vez, una vez aquí, los deja en los márgenes. La crisis del mercado de la vivienda no ha hecho sino agravarlo. Como han señalado repetidas veces tanto el demógrafo Andreu Domingo como el economista Josep Oliver, esta creciente desigualdad puede acabar siendo fuente de conflicto. Aquí la cuestión no son tanto las políticas de inmigración como el modelo económico. Hay quien, por ejemplo, cuestiona que sigamos dependiendo de un modelo basado en el turismo y la construcción, que nos lleva a un mercado laboral claramente segmentado y de baja productividad y, por lo tanto, a una sociedad crecientemente desigual. Lo que está claro es que cualquier debate sobre inmigración debería ir a la raíz, es decir, partir de preguntas tan básicas sobre cómo producimos las frutas y verduras que comemos, quién corta la carne que compramos en los supermercados, en qué condiciones laborales tenemos a quienes nos cuidan o sobre quién se sostiene un sistema sanitario crecientemente infrafinanciado.

Con el rescate de la memoria histórica, en los últimos años se han creado (o repensado) distintos museos nacionales de historia de la inmigración. Buen ejemplo de ello son el Museo Nacional de la Inmigración en la isla de Ellis Island de Nueva York o el Museo de la Historia de la Inmigración en París. Una visita rápida a cualquiera de ellos pone de manifiesto que la inmigración ha sido un elemento fundamental de los procesos de construcción nacional: no solo porque los migrantes acabaron integrándose en ella sino porque la construcción simbólica del nosotros se hizo en relación (o a veces en oposición) a ellos. Otra enseñanza es que la historia económica de estos países es la otra cara de su historia de la inmigración: la industrialización, la estructura de la propiedad de la tierra o los procesos de automatización (ahora podríamos hablar de digitalización) explican el cómo y el cuándo de los movimientos de población, tanto de salida como de llegada. Con ello, no es de extrañar que la historia contemporánea sea un vaivén (seguramente incesante) de periodos de apertura y cierre a la inmigración.

Con esta mirada de larga duración, podríamos concluir que los mercados (la demanda de trabajadores migrantes) han tendido a marcar la pauta. En pocas palabras, los mercados mandan. Cuando hay necesidad de mano de obra, y si no se recurre a medidas alternativas como la automatización, los migrantes llegan. Otros factores determinarán de dónde, pero lo cierto es que llegan. Es así en el mundo globalizado de hoy y lo fue también en el pasado, la única diferencia es que entonces llegaban de más cerca. En ese contexto, los políticos pretenden poder controlar los flujos de entrada. Pero es dudoso si realmente pueden llegar a hacerlo. Sin ir más lejos, los políticos británicos llevan años proponiendo políticas de “inmigración cero” mientras los números muestran un incremento exponencial (especialmente después del Brexit) de las llegadas. Si nos remontamos a la segunda mitad del siglo XX, los estados noreuropeos intentaron importar mano de obra sin aumentar la inmigración (es decir, convirtiendo a los inmigrantes en trabajadores temporales invitados por el Estado) pero fracasaron estrepitosamente: quedó claro que, a pesar de las políticas y las expectativas de unos y otros, los trabajadores inmigrantes habían llegado para quedarse.

En pocas palabras, los mercados mandan. Cuando hay necesidad de mano de obra, y si no se recurre a medidas alternativas como la automatización, los migrantes llegan

Más allá de los mercados, está claro también que los movimientos migratorios, que forman parte de procesos sociales complejos y que han estado siempre presentes en la historia de la humanidad, tienen sus propias dinámicas autónomas, difíciles de doblar y hacer encajar en la lógica de los estados. Pese a ello, los políticos siguen insistiendo, ahora más que nunca. Se habla de inmigración cero, de fronteras cerradas, de necesidad de mantener intacta (en número y composición) una población nativa que en el fondo ya no existe, de atraer talento cuando no solo se requieren trabajadores cualificados, de retornarlos así que dejen de servirnos, de limitarles los derechos para que no se queden, de deportarlos independientemente de la situación en sus países de origen. Muchas veces son medidas difíciles de realizar: porque o no son factibles en la práctica o son contrarias a los principios más básicos de toda constitución liberal y de las legislaciones nacionales e internacionales vigentes.

Desgraciadamente, este tipo de proclamas son cada vez más habituales. A la vista de lo dicho en este artículo, es evidente que son pura gesticulación política que busca ganar votos más que cambiar la realidad. Con esta escenificación, se intenta resolver ese descompás del que hablábamos al principio entre, por un lado, la demografía y la economía de las migraciones y, por otro, la política. Se hace desacoplando una cosa de la otra, construyendo dos universos paralelos que poco tienen que ver el uno con el otro. Si bien esta escenificación permite resolver la contradicción en un primer momento, vivir en mundos paralelos tiene un doble peligro. Primero, el fracaso de las políticas migratorias (o el abismo entre lo dicho y lo hecho) no hace sino aumentar la insatisfacción y, por lo tanto, alimentar el voto hacia la extrema derecha. Segundo, el refugio en la gesticulación aplaza un debate urgentísimo, el verdadero debate en torno a la inmigración, que es cómo vivir en común y qué hacer para que las fuerzas centrífugas del capitalismo neoliberal no acaben haciendo de nuestras sociedades un sitio más invivible si cabe.

Blanca Garcés Mascareñas es investigadora del CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs.