Nuevo jarro de agua fría para los familiares, compañeros y amigos de los dos guardias civiles muertos en febrero de 2024 en Barbate, en Cádiz, después de que su embarcación, que participaba en una operación contra el narcotráfico, fueran embestidos por una narcolancha. Dos de los cuatro tripulantes de la goma han quedado en libertad provisional con medidas cautelares tras abonar el 9 de julio 10.000 y 15.000 euros de fianza.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate dictó el pasado 4 de julio el auto de puesta en libertad de ambos, identificados como Y.E.M. y M.L., que permanecían en prisión provisional desde noviembre de 2024. La Fiscalía no se opuso a esta solicitud presentada por sus abogados, y el juez acordó su excarcelación con medidas cautelares: prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.
La AUGC se opuso a esta medida por la gravedad de los hechos y por el riesgo de fuga de ambos
Quien sí se negó a que se les aplicara esta medida fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que puso de manifiesto la extrema gravedad de los delitos investigados, entre ellos dos asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa, así como la elevada petición de penas a la que podrían enfrentarse los acusados, justifican el mantenimiento de la prisión provisional, para evitar la puesta en libertad de los individuos. Además, insistía en la “elevada probabilidad de fuga que pondría en peligro la celebración del juicio oral”.
Por otra parte, la Asociación consideraba insuficiente la fianza fijada, y argumentaban que, en caso de que se les concediera la excarcelación, aumentasen las cantidades a 30.000 euros a cada uno de ellos.
El piloto de la goma y otro tripulante más, en prisión
La petición de libertad provisional formulada por el abogado de un tercer acusado, también de nacionalidad marroquí y detenido en mayo en Cádiz, fue desestimada. Este permanece en prisión, al igual que el piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, de 32 años, quien se entregó el 19 de septiembre de 2024.
El piloto insiste en que fue un accidente
A expensas de que un informe pericial determine si hubo intención de atacar la zodiac de la Guardia Civil
Los cuatro están acusados de tripular la embarcación que, la noche del 9 de febrero, embistió a una zódiac del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en el puerto barbateño. El impacto provocó la muerte de Miguel Ángel González, de 39 años y natural de San Fernando (Cádiz), buzo del GEAS, y de David Pérez Carracedo, de 43 años, natural de Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR). Otros cuatro agentes resultaron heridos.
El Juzgado continúa instruyendo la causa y está a la espera de un informe pericial elaborado por un ingeniero sobre la trayectoria de la narcolancha en el momento de los hechos, para determinar si hubo intencionalidad en la maniobra. El piloto sostiene que se trató de un accidente, según han indicado fuentes jurídicas.
Demandas del cuerpo tras el crimen
Desde que ocurrieron los hechos, asociaciones profesionales de la Guardia Civil como la AUGC, JUCIL y la Unión de Oficiales han reclamado al Gobierno una respuesta contundente frente al narcotráfico en el sur peninsular. Entre sus principales demandas figura la declaración de la Guardia Civil como profesión de riesgo, especialmente en zonas como el Campo de Gibraltar, donde los agentes denuncian actuar con medios insuficientes frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas.
También han exigido un refuerzo urgente de efectivos, medios materiales, embarcaciones y protección jurídica para quienes participan en operaciones contra el tráfico de drogas, tanto en tierra como en el mar. Las organizaciones profesionales consideran que la situación actual pone en peligro a los agentes y limita la eficacia del trabajo policial.
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Las protestas por la falta de recursos se intensificaron tras el crimen de Barbate, que desencadenó concentraciones, minutos de silencio y comunicados en los que se advertía de la escalada de violencia del narcotráfico en la zona. Las asociaciones siguen reclamando que se tomen medidas estructurales para evitar que se repitan tragedias como la del pasado febrero.
