Nuevo frente abierto entre la administración central y el Gobierno andaluz a cuentas de los pisos turísticos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las principales plataformas digitales la obligación de retirar los anuncios de 16.740 pisos de esta naturaleza en Andalucía que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido al incumplir los requisitos legales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer la medida este domingo en un mitin celebrado en Málaga, donde anunció que en total se eliminarán 53.000 anuncios en toda España. “Se trata de recuperar viviendas para que puedan destinarse al alquiler permanente, especialmente para la gente joven”, explicó. Según estos datos, en la comunidad se concentra casi un tercio de este tipo de viviendas ilegales.
Málaga y Sevilla, las más afectadas
En la región, las provincias más afectadas son Málaga, con 8.014 viviendas, y Sevilla, con 2.533. También destacan Cádiz (2.849) y Granada (1.250). Solo en la capital hispalense se contabilizan 2.289 inmuebles con el registro revocado, seguida de Málaga capital (1.471), Granada (620) y Cádiz (403).
Los municipios más señalados son Sevilla, con 2.289, y cuatro localidades malagueñas: Marbella (1.802), Málaga capital (1.471), Benalmádena (926) y Fuengirola (686).
La Junta insiste en que estas viviendas “no son ilegales”
La reacción de la Junta de Andalucía no se ha hecho esperar y el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha dado una dura respuesta al considerar que “las viviendas que pretende sacar del registro de la propiedad no son ilegales, tan sólo no pueden ser publicitadas en plataformas a causa de una norma de más que dudosa legalidad”.
Bernal ha denunciado que el Gobierno liderado por Sánchez “está atentando contra la principal industria de Andalucía, el turismo” y situó el problema de la falta de vivienda en “la nefasta Ley de Vivienda aprobada con nocturnidad por el sanchismo, que demoniza a los propietarios, a los ahorradores y a la clase media andaluza, y premia a los okupas”.
El consejero ha subrayado además que la norma estatal sobre el registro único “ha sido cuestionada por el Consejo de Estado, está recurrida ante el Tribunal Supremo y ya ha motivado advertencias de la Comisión Europea por posibles vulneraciones del derecho comunitario”.
Desde el Ejecutivo autonómico recalcan que sí se están aplicando medidas de control sobre las viviendas de uso turístico (VUT). “La Junta ha cancelado ya más de 10.000 registros de viviendas que incumplían la normativa autonómica o municipal”, recordó Bernal, insistiendo en que el marco regulador corresponde a las comunidades autónomas y no al Gobierno central.
Línea de competencias
El cruce de declaraciones revela un choque competencial entre administraciones. El Ministerio de Vivienda sostiene que los pisos turísticos afectados han sido revocados en el Registro Único de Arrendamientos por incumplir los requisitos legales y, por tanto, no pueden seguir publicitándose. La Junta, en cambio, defiende que se trata de inmuebles que no pierden automáticamente su condición de turísticos, sino que simplemente no pueden anunciarse mientras no se ajusten a la normativa.
Para el Gobierno andaluz, el Ejecutivo central está invadiendo competencias autonómicas en materia de turismo y vivienda, lo que genera “inseguridad jurídica” tanto para los propietarios como para los potenciales inquilinos.
Mientras que el Ministerio defiende que restringir los pisos turísticos ilegales ayudará a aumentar la oferta de alquiler residencial, la Junta advierte de que culpabilizar al turismo no resolverá la escasez de vivienda asequible.
