Muertes, demandas y una auditoría: el escándalo del cribado de mama enciende la crisis sanitaria andaluza

Salud

La asociación Amama asegura que ya hay mujeres fallecidas por los retrasos en las pruebas del cribado de cáncer de mama 

La Fiscalía y el Ministerio de Sanidad investigan posibles responsabilidades mientras las afectadas preparan una demanda colectiva

Mamografía

Imagen de las imágenes obtenidas durante una mamografía. 

JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Se agrava la crisis de la sanidad pública andaluza después de que hoy la asociación Amama, que denunció los retrasos en la comunicación de los resultados del cribado de cáncer de mama a aquellas pacientes a las que se les había detectado “lesiones dudosas”, haya anunciado que “ya hay varias mujeres muertas” por esta causa. “Esto es una catástrofe. Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días”, ha explicado la presidenta de la organización, Ángela Clavero, quien ha relatado el caso de un hombre que acudió a la asociación tras perder a su esposa la semana pasada.

“Se esté jugando con la salud y la vida” de las ciudadanas, ha dicho, toda vez que ha informado de que la entidad que representa presentará una demanda colectiva, cuyos términos se están definiendo: “Solo les duele si les cuesta el dinero”. La asociación reclama un informe veraz sobre el alcance real de las afectadas, la contratación urgente de más radiólogos y que se depuren responsabilidades.

Recordemos que el caso se dio a conocer la pasada semana, cuando diferentes asociaciones pusieron el foco en el retraso, de hasta varios meses, en la realización de pruebas complementarias a las personas que en una primera mamografía presentaban alguna lesión. El Gobierno andaluz reconocía entonces la existencia de un fallo en el programa que podía llegar a afectar a 2.000 andaluzas y puso en marcha un “circuito preferente” para contactar con ellas y completar sus estudios.

Incertidumbre y pánico entre las afectadas

Según explicó la semana pasada la titular y responsable de Salud, Rocío Hernández, el “fallo” afecta a las mujeres con “lesiones dudosas”, si bien a las que o bien se les detectaba cáncer o a las que no presentaban problemas ya se les había informado de la situación. A las que podrían tener un tumor nunca se les volvió a citar para someterse a unas pruebas complementarias para hacerles el diagnóstico. Ante la falta de información, muchas mujeres enfermas concluyeron que no lo estaban, y otras, por su parte, se vieron obligadas a recurrir a la sanidad privada.

Entonces, Hernández, que pidió disculpas a las andaluzas por “la incertidumbre y la angustia”, afirmaba que “el 98% de los casos resultan finalmente benignos”, por lo que lanzaba un llamamiento a la tranquilidad. Además, anunció que el protocolo se modificaría para que todas las mujeres sean informadas por escrito cuando sus mamografías requieran revisión.

Pero lo cierto es que este llamamiento no surtió efecto porque son muchas las mujeres, entre ellas las afectadas por esta enfermedad, han alzado la voz, han exigido que se depuren responsabilidades y, sobre todo, que el proceso sea transparente.

Cruce de acusaciones entre partidos políticos andaluces mientras el Ejecutivo central toma cartas también en el asunto

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que el SAS trabaja “a contrarreloj” para revisar los casos y evitar que vuelva a ocurrir. “He tenido información muy tarde, los sistemas han fallado”, ha admitido, toda vez que se ha comprometido a la realización de una auditoría interna que determine “dónde estuvo el error y quién fue responsable”. El líder del PP andaluz ha lamentado los “errores puntuales” pero ha defendido que la Junta “actuó con rapidez” en cuanto tuvo conocimiento del problema.

Y esta transparencia es la que exige, ya no solo la oposición política andaluza al Gobierno de la región, sino también el Ejecutivo central.

Denuncian una posible “dejación de funciones”

De un lado, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias a raíz de una denuncia del Defensor del Paciente, que acusa al SAS de “dejación de funciones” y de haber puesto “en grave riesgo” la salud de las mujeres afectadas. Además, Izquierda Unida ha llevado el caso a la Fiscalía General del Estado, solicitando investigar a los tres últimos consejeros de Salud del PP (Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández) por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

En la denuncia, IU sostiene que “la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, haya causado el fallecimiento de pacientes”. Su coordinador, Toni Valero, ha calificado la situación de “escándalo sanitario” y responsabiliza directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno: “Su gestión da miedo y provoca inseguridad e incertidumbre”.

“Sin citas inmediatas”

Por su parte, el PSOE-A, ha acusado a la Junta de “negligencia” y denunció que, aunque las 2.000 mujeres están siendo llamadas, “no se les da cita inmediata”, tal y como ha apuntado la portavoz del partido en el Parlamento, Ángeles Férriz. “Les dicen que puede haber cáncer, pero no cuándo las van a atender. Muchas están recurriendo a la sanidad privada porque no pueden esperar seis meses o un año más”, advirtió.

Facua, por su parte, ha recordado que las afectadas pueden exigir indemnizaciones si su salud se ha visto perjudicada por el retraso o la falta de información. Su secretario general, Rubén Sánchez, calificó la gestión del Gobierno andaluz como “el mayor escándalo sanitario de la democracia” y criticó las “contradicciones” del Ejecutivo: “Han dado cuatro versiones distintas en una semana. No se puede jugar con la ansiedad ni con la vida de las mujeres”.

Sanidad exige a Andalucía informes sobre cribados de cáncer de mama en los últimos 5 años

El ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, también ha tomado cartas en el asunto y ha pedido a la Junta de Andalucía todos los informes “elaborados o en elaboración” y los indicadores de los últimos cinco años del programa de cribado de cáncer de mama que permitan evaluar la magnitud e impacto en las mujeres del problema detectado en la sanidad andaluza.

Desde el Gobierno central se ha ofrecido toda la colaboración y el apoyo técnico del Ministerio que “sea preciso” para resolver el fallo en la comunicación de los resultados de mamografías a miles de mujeres “lo antes posible y mejorar el programa de cribado de cáncer de mama” y también para evaluar la situación de otros como el de cérvix y el de colon.

“La magnitud del problema actual exige la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones”

Mónica GarcíaMinistra de Sanidad

“La magnitud del problema actual exige la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones para poder dar respuesta a las necesidades de la población y garantizar que se ponen en marcha las medidas necesarias para disminuir los posibles efectos que esto haya tenido sobre las mujeres afectadas, a la vez que evitar que esto vuelva a ocurrir nuevamente”, subraya.

Por ello, solicita a Hernández que faciliten al Ministerio “todos los informes elaborados o en elaboración que permitan tener constancia de la magnitud del problema y evaluar el impacto sobre la población, así como las medidas que se hayan puesto en marcha o se vayan a implementar para abordar la situación”.

Sobre el asunto también se ha pronunciado la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que exige a la Junta que resuelva de manera “inmediata” la situación de las mujeres afectadas para acabar con su incertidumbre o, de confirmarse el diagnóstico de cáncer, iniciar cuanto antes el tratamiento. La asociación ofrece a las afectadas su teléfono gratuito 24 horas (900 100 036) para ayudarlas a recibir información por parte de Salud, así como todos sus servicios de atención integral, una línea que también pone al servicio del gobierno andaluz para contactar con ellas.

Un sistema bajo la lupa

El programa andaluz de cribado de cáncer de mama, activo desde 1995, detecta más de 2.000 casos al año y ha sido considerado un modelo de prevención. Sin embargo, los retrasos reconocidos por la Junta, que en algunos casos superaron el año, y las denuncias de muertes por falta de seguimiento han generado una crisis sanitaria y política de gran alcance.

Mientras Amama y Facua reclaman justicia y compensaciones, la Fiscalía investiga posibles responsabilidades penales. “Queremos que se hagan las cosas bien y que no vuelva a morir una mujer por un retraso evitable”, insistió Claverol.

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