La investigación judicial sobre los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía sigue creciendo. La fiscal superior, Ana Tárrago, ha remitido a la Fiscalía de Sevilla la documentación enviada por la asociación El Defensor del Paciente, que denuncia la supuesta destrucción de documentos vinculados al sistema de cribado. La decisión se ha tomado al constatar que la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía sevillana ya tiene abiertas diligencias por una denuncia similar y que, por tanto, la Fiscalía andaluza “no resulta competente territorialmente” para conocer el caso.
En un escrito fechado este miércoles, Tárrago aclara que el expediente se traslada sin necesidad de abrir nuevas diligencias ni de acordar por el momento actuaciones adicionales. La denuncia se suma a las presentadas en las últimas semanas por diversas organizaciones, en una crisis que ha trascendido el ámbito sanitario para convertirse en uno de los mayores retos políticos de la legislatura para el Gobierno de Juanma Moreno.
Dos vías abiertas: una por los fallos del programa y otra por la manipulación de datos
La Fiscalía de Sevilla mantiene ya abiertas diligencias por la denuncia de la asociación Amama, que alertó de un supuesto borrado o alteración de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías en las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según esa denuncia, presentada el pasado octubre, los hechos se habrían producido tras la caída del sistema ClicSalud+, una incidencia técnica que la Junta calificó como “puntual” y que, según los denunciantes, habría afectado a la integridad de los historiales clínicos de algunas pacientes.
La administración andaluza ha negado de forma tajante cualquier manipulación o pérdida de datos, insistiendo en que el fallo fue meramente técnico y que “en ningún momento se destruyeron pruebas médicas”. Desde la Consejería de Salud, ahora dirigida por Antonio Sanz, tras la dimisión de Rocío Hernández, se asegura que todos los historiales permanecen “intactos y verificados”, y que el sistema sanitario “actuó con la máxima transparencia” desde que se detectó el error.
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Esta investigación por la supuesta manipulación de pruebas es independiente de la que instruye la Fiscalía Superior de Andalucía por un posible “defectuoso funcionamiento” del SAS y una presunta dejación de funciones que habría puesto en riesgo la salud de miles de mujeres. Ambas vías judiciales se encuentran abiertas de manera paralela y podrían converger en caso de hallarse indicios coincidentes.
Malestar y alarma social
Los fallos en el cribado de cáncer de mama, que según la propia Junta afectan a unas 2.300 mujeres que presentaban lesiones dudosas y no fueron llamadas para completar su diagnóstico, han provocado una ola de indignación en la comunidad. Asociaciones de pacientes, colectivos feministas y sindicatos sanitarios mantienen movilizaciones semanales ante hospitales de Sevilla, Cádiz y Málaga, reclamando transparencia, responsabilidades y una auditoría independiente del programa.
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también ha pedido revisar los protocolos de los cribados de mama, cérvix y colon, ofreciendo su colaboración al Ministerio de Sanidad. Desde el Gobierno central se insiste en la necesidad de una coordinación efectiva con las comunidades autónomas para garantizar que “un error de tal magnitud no vuelva a repetirse”.
Contexto político: una crisis que erosiona al Gobierno andaluz
El caso del cribado se ha convertido en el principal foco de desgaste político para el Ejecutivo de Moreno Bonilla. Tras semanas de acusaciones cruzadas en el Parlamento, el PP-A rechazó la creación de una comisión de investigación impulsada por la oposición, que reclama conocer el alcance real del fallo y las posibles responsabilidades de la cadena de mando sanitaria.
Moreno ha intentado mantener el control de la situación reforzando a su número dos, Antonio Sanz, quien asumió la cartera de Salud con el encargo de “recuperar la confianza ciudadana” y ejecutar un plan de choque de 12 millones de euros para realizar todas las pruebas pendientes antes del 30 de noviembre. Sin embargo, el avance de las investigaciones judiciales y la continua exposición pública del caso están tensionando al Ejecutivo y minando su discurso de solvencia y transparencia.
Mientras tanto, las afectadas siguen esperando respuestas. El SAS asegura que ya ha contactado con la práctica totalidad de las mujeres implicadas y que la mayoría se someterá a las pruebas complementarias antes de fin de mes. Pero la sombra de la desconfianza sigue creciendo, y con ella la presión sobre un sistema sanitario cada vez más cuestionado.