La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por Amama por un presunto borrado de mamografías en los sistemas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que supone un revés para la asociación. El informe del Ministerio ha concluido que no existen indicios de delito, y atribuye las incidencias detectadas en ClicSalud+ a una sobrecarga de los servidores, descartando cualquier manipulación o destrucción intencionada de imágenes.
Este problema de acceso a la plataforma del SAS, donde los usuarios pueden consultar sus pruebas e informes médicos, tuvo lugar el pasado 21 de octubre y se prologó hasta la madrugada del 22 de ese mismo mes. La Junta reconocía que se había producido una “incidencia técnica”, si bien esta situación agravó la desconfianza de algunos pacientes después de que estallara la crisis sanitaria sobre los cribados que, según señalaron fuentes oficiales, habría afectado hasta a 2.317 mujeres.
Ha sido el consejero de Presidencia y de Salud, Antonio Sanz, el primer miembro del Gobierno regional que se ha manifestado tras darse a conocer la decisión de Fiscalía. Que “pidan perdón”, ha dicho tajante. El número dos del presidente, el popular Juanma Moreno, ha lanzado este mensaje a quienes acusaron al Ejecutivo de manipular los archivos, por supuesto, también a las izquierdas que tienen cabida en el Parlamento andaluz.
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La tensión generada a raíz de esta polémica gestión sanitaria, y que ha supuesto uno de los grandes baches del Gobierno andaluz en esta legislatura en la antesala del ciclo electoral, sigue in crescendo. Es un momento de máxima tensión política, después de semanas de reproches cruzados y de un debate creciente sobre el alcance real de los fallos en el programa de cribado.
Sigue la tormenta política
La causa archivada hoy se suma a un panorama más amplio, con diligencias previas sobre el funcionamiento del programa de cribado y con la presión social acumulada en torno a numerosas citaciones y revisiones pendientes. Cabe recordar que Fiscalía mantiene abierta una investigación por un posible “defectuoso funcionamiento” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y una supuesta dejación de funciones que habría puesto en riesgo la salud de miles de mujeres.
Este “fallo” en el cribado, tal y como lo definieron miembros del equipo de Gobierno, provocó la dimisión de la consejera de Salud y que Sanz se pusiera al frente de la cartera. Desde entonces, la relación entre Ejecutivo y miembros de Amama no ha hecho más que empeorar. La asociación insiste en que el número de afectadas por esta crisis es mayor que los datos que maneja Salud, y los puntos de confrontación entre ambos se han ido multiplicando.
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La tensión, como no podía ser de otra manera, también se tenido su reflejo en el Parlamento, donde hasta el propio Juanma Moreno ha ido endureciendo su discurso sobre esta problemática mientras la desconfianza y el hartazgo de las afectadas también ha ido en aumento. De hecho, en del último debate del año en la Cámara, una de estas mujeres hizo enmudecer el espacio con un grito descorazonador: “Juanma, me has arruinado la vida. Y te voté”.
Las izquierdas no se disculparán con el Gobierno
Por otro lado, la noticia de la postura de Fiscalía ha llevado a Adelante Andalucía a insistir que el archivo de esta denuncia concreta no agota el mapa judicial. La diputada Begoña Iza recuerda que hay otras denuncias presentadas por fallos en el cribado que “siguen pendientes de resolverse” y que esperan que los juzgados avancen en esas piezas abiertas. Además, Adelante ha sido tajante: quien debe pedir perdón es, según su portavoz, la Junta, “por cómo ha tratado a las mujeres” durante la crisis.
Por su parte, la diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha rechazado tajantemente que su grupo deba disculparse y ha afirmado que quien debe pedir perdón es la Junta “a las afectadas”. La decisión de la Fiscalía “no exime de responsabilidades”, ha dicho, toda vez que ha advertido de que seguirán exigiendo responsabilidades administrativas, políticas y, si procede, penales. Gómez ha acusado al SAS de dejación de funciones en la comunicación de mamografías no concluyentes y ha denunciado que “se dejó a su suerte a miles de mujeres” al no realizarse una segunda prueba ante sospecha de enfermedad, unos fallos que aún no se saben cómo pudieron ocurrir.
Lo que queda en juego
La dimensión humana sigue siendo la que marca el pulso: mujeres que denuncian retrasos, decisiones clínicas o cambios en nomenclaturas; profesionales que reclaman respeto; una administración que exige documentación para depurar discrepancias; y partidos que interpretan cada movimiento como arma política. Todo ello ocurre, además, en el arranque de un año electoral que hará del asunto un elemento sensible para el Gobierno de Juanma Moreno, ya tensionado por la doble vía del escrutinio judicial y del juicio ciudadano.
Todas las partes piden claridad, también la ciudadanía, que busca la manera de volver a confiar en un sistema sanitario que, en esta ocasión, se ha mostrado deficitario.
