La justicia vuelve a poner el foco en la contratación sanitaria del Gobierno andaluz durante la pandemia. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto diligencias previas para investigar un posible fraude en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2020 y 2021 en el Hospital Universitario Reina Sofía. Es la tercera investigación judicial de este tipo en Andalucía, tras las abiertas en Sevilla y Cádiz.
La apertura de esta causa supone una nueva sacudida para Juanma Moreno y su Gobierno en el peor momento político posible, justo a las puertas de unas nuevas elecciones autonómicas. Unos comicios que, a priori, estarán marcados por el creciente malestar ciudadano con la gestión sanitaria del Ejecutivo del PP, especialmente por la crisis de los cribados de cáncer, que ha evidenciado retrasos, desorganización y falta de respuestas en uno de los pilares del sistema público de salud.
Se analizan si los contratos menores tenían como fin eludir los procedimientos legales pertinentes
Según el auto judicial, el magistrado José Antonio Rodríguez Lainz acuerda incoar diligencias previas, “tan solo y de momento”, por posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y fraude contra la administración. La causa se inicia a raíz de una denuncia presentada por el PSOE el pasado mes de octubre contra la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Universitario Reina Sofía.
La denuncia apunta a un uso “generalizado” de contratos menores adjudicados de forma reiterada a las mismas empresas privadas y para idénticos servicios, con el objetivo de eludir los procedimientos ordinarios de contratación. Una práctica que, de confirmarse, vulneraría de forma directa la Ley de Contratos del Sector Público. Los hechos investigados se concentran en los ejercicios 2020 y 2021, en pleno contexto de emergencia sanitaria.
Imagen de recurso de la gerente del SAS, Valle García.
En su escrito, el PSOE señalaba a la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, entonces directora gerente tanto de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba como del Hospital Reina Sofía. La querella se apoya en los informes definitivos de cumplimiento emitidos por la Intervención Provincial del SAS en septiembre de 2022 y mayo de 2024, documentos clave que alertaban de irregularidades en la contratación.
El juzgado ha solicitado ahora a la Plataforma Logística Sanitaria la remisión íntegra de los expedientes investigados y a la Intervención Provincial los informes emitidos sobre los mismos, junto a las alegaciones presentadas durante su tramitación. También ha requerido a los servicios jurídicos del SAS un informe sobre la normativa aplicable a la contratación menor y de emergencia durante la pandemia, así como la identificación del personal técnico implicado en estos procedimientos.
El Gobierno acusa al PSOE de seguir una “estrategia electoral desesperada”
Desde el Gobierno andaluz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha tratado de encuadrar la investigación en una supuesta “estrategia electoral desesperada” del PSOE. Ha expresado su “máxima confianza” en Valle García y ha asegurado que “todo va a quedar aclarado”, en una reacción ya habitual del Ejecutivo ante los casos judiciales que afectan a su gestión.
Sanz, la mano derecha de Moreno y quien ha tenido que enfrentarse ya a diferentes crisis relacionadas con la gestión sanitaria de la región desde que llegó a su nuevo puesto, ha llegado a calificar la querella de “pobreza política” y ha acusado al PSOE de carecer de propuestas más allá de la vía judicial. Al mismo tiempo, ha reiterado el “respeto” del Gobierno regional por la Justicia y su voluntad de colaboración con los tribunales. De nuevo, la disputa política está más que servida.
Desde la oposición, la lectura es muy distinta. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha afirmado que esta investigación es “un elemento más de la corrupción, con todas las letras”, que, a su juicio, impregna las decisiones del Gobierno de Juanma Moreno. Ha acusado al presidente de la Junta de tratar de desviar el foco político mientras los informes oficiales “dibujan un escenario de desprecio absoluto a la legalidad”.
Nieto ha puesto el acento en el “troceamiento sistemático de contratos”, las relaciones privilegiadas con determinadas empresas sanitarias y el uso irregular de fondos públicos. Ha recordado que los informes de la Intervención General descartan “taxativamente” que estas operaciones puedan considerarse contratos menores, al tratarse en realidad de grandes contratos fragmentados de forma artificial.
Así, la investigación abierta en Córdoba forma a engrosar el número de piezas de un puzzle que empieza a incomodar seriamente al Gobierno andaluz. Tres causas judiciales, informes complicados de la Intervención y una sanidad pública en crisis conforman un escenario que amenaza con trasladarse directamente a las urnas. De esta manera, para Juanma Moreno el problema ya no es solo judicial, sino también político, estructural y electoral.
