Los tribunales archivan el proceso sobre las contrataciones de emergencia del SAS, lo que desata una disputa política en Andalucía.
La izquierda recurrirá
La justicia no halla fallos en el proceso
Imagen de recurso de la parte externa de los Juzgados de El Prado de San Sebastián en Sevilla.
El juzgado de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de covid ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las denuncias presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos al no apreciar indicios de delito en su tramitación.
La resolución judicial, emitida el anterior 22 de enero por el responsable de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 13 de Sevilla, afirma que no hay “elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito” y que las concesiones examinadas se encontraban legitimadas por las “circunstancias excepcionales” surgidas a raíz de la crisis sanitaria.
Las denuncias apuntaban a la vigente responsable del SAS, Valle García, así como a sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, a los que se señalaba por esquivar los mecanismos jurídicos al momento de adjudicar prestaciones de salud. El PSOE estimó en 242 millones de euros la cantidad de acuerdos cuya extensión se ponía en duda tras concluir el periodo más agudo de la crisis sanitaria.
Enfrentamiento político a raíz del fallo de la justicia.
El fallo de los tribunales ha generado un intercambio instantáneo de posturas partidistas. La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Carolina España, ha manifestado su “satisfacción” y ha solicitado al PSOE que demande “perdón a los andaluces” tras lo que ha descrito como “la gran mentira de la izquierda”.
De acuerdo con España, el expediente legal ratifica que las adjudicaciones “no se hicieron por capricho” y que disponían de dictámenes jurídicos y supervisiones intensificadas dentro de un marco de crisis de salud “para salvar vidas”.
Desde el PP andaluz, su secretario general, Antonio Repullo, ha asegurado que el auto demuestra que las acusaciones de PSOE y Podemos fueron un “invento” y ha acusado a ambos partidos de utilizar la pandemia “para ganar votos” y sembrar dudas sobre la sanidad pública y sus profesionales.
PSOE e IU cuestionan el auto
Ante la interpretación del Gobierno andaluz, el PSOE-A ha comunicado que impugnará el sobreseimiento al considerar que “se mantiene el delito de prevaricación” y que la indagación no puede darse por cerrada. La formación socialista defiende que reportes de la Intervención General de la Junta tras la acusación demuestran “múltiples irregularidades” y un “apartamiento total” de la Ley de Contratos del Estado.
La formación sostiene que, si bien la premura temprana de la crisis sanitaria resultaba legítima, las adjudicaciones por vía de urgencia se extendieron “de forma arbitraria y sin cobertura legal” tras haber finalizado el contexto de excepcionalidad.
De igual forma, el máximo responsable de IU Andalucía y representante en el Congreso, Toni Valero, ha valorado “cuanto menos cuestionable” el sobreseimiento y ha señalado que analizarán la resolución judicial minuciosamente. Valero ha insistido en que se otorgaron acuerdos “a dedo” y ha cuestionado la validez jurídica de prolongar esta modalidad de convenios puesto que, conforme a sus palabras, el permiso para ello ya había expirado.
Un legajo documental dentro de un contexto legal de mayor amplitud.
El archivo de la causa en Sevilla se produce mientras siguen abiertas investigaciones judiciales en Cádiz y Córdoba sobre la contratación sanitaria del SAS durante la pandemia, lo que mantiene el foco judicial y político sobre la gestión de los fondos públicos destinados a la sanidad en aquellos ejercicios.
Cronología clave
- 2020–2021: El SAS utiliza de manera masiva los contratos de urgencia en el transcurso de la pandemia de covid.
- 6 de octubre de 2020: El Consejo de Gobierno de la Junta suprime la fiscalización previa en determinados contratos de emergencia.
Noviembre de 2024: El PSOE ha interpuesto una demanda judicial debido a la extensión de acuerdos de urgencia valorados en 242 millones de euros. Más tarde, Podemos se ha adherido mediante una denuncia adicional por idénticos motivos.
- Noviembre de 2025: Técnicos del SAS declaran ante el juzgado y atribuyen a responsables políticos la modificación de los controles.
- Enero de 2026: Comparece en calidad de testigo la presente consejera de Sostenibilidad Ambiental, Catalina García, por solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
- 22 de enero de 2026: El tribunal de Sevilla dictamina la suspensión temporal y el cierre del expediente.
- 26 de enero de 2026: Junta, PP, PSOE e IU responden ante la opinión pública; PSOE y Podemos comunican la presentación de impugnaciones.