Estado deniega a Caparrós la condición de víctima del terrorismo
Lucha andalucista
Adelante Andalucía pide la dimisión de Marlaska y Por Andalucía exige al Gobierno que rectifique
Imagen de archivo de Loli, una de las tres hermanas de Manuel José García Caparrós, colocando flores en la esquina donde falleció en un acto por su memoria.
Casi medio siglo después de que un disparo policial acabara con la vida del malagueño Manuel José García Caparrós durante una manifestación por la autonomía andaluza, Interior vuelve a golpear a su familia denegándole el reconocimiento como víctima del terrorismo de Estado al considerar que, aunque su muerte fue un hecho “execrable” y de “gravedad extrema”, no tiene encaje en la Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Un nuevo varapalo para Loli, Puri y Paqui que, a buen seguro, tomarán medidas contra esta decisión.
La respuesta llega en vísperas del Día de Andalucía y cuando aún resuena la imagen de aquel 4 de diciembre de 1977 en el que miles de personas salieron a la calle para reclamar igualdad. Caparrós tenía 18 años, trabajaba en Cervezas Victoria y participaba en la protesta cuando una bala acababa con su vida. Su muerte lo convirtió en símbolo del andalucismo y, con el tiempo, en Hijo Predilecto de Andalucía. Pero para su familia, el reconocimiento jurídico sigue siendo una asignatura pendiente.
En la carta enviada por el Gobierno y firmada por la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, y de la que se ha hecho eco eldiario.es, se admite la gravedad de los hechos si bien señala que esta muerte no tiene encaje en la ley vigente, que circunscribe esa condición a acciones cometidas por organizaciones o grupos con el objetivo de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. El disparo que acabó con su vida, según ese criterio técnico, no entra en esa definición.
En el mismo escrito, el Ministerio pide disculpas por la demora y recuerda que ya en 2007 la familia solicitó una indemnización al amparo de la Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Aquella petición fue inadmitida por “extemporánea” el 30 de octubre de ese año y no consta recurso judicial posterior. Desde entonces, silencio administrativo, trámites, escritos, esperas. Dieciocho años más de espera.
La familia responde: “Es una falta de respeto a toda Andalucía”
El reconocimiento como víctima del terrorismo implicaría una compensación económica, aunque las hermanas han insistido en que su batalla no es una cuestión de dinero, sino de reconocimiento: que el Estado admita que la muerte del menor de sus hermanos no fue un accidente ni un daño colateral, sino una vulneración grave de derechos.
De momento, la familia guarda silencio. Solo han trasladado que la carta supone “una falta de respeto no solo hacia la víctima sino hacia toda Andalucía”. Este viernes ofrecerán una rueda de prensa y, previsiblemente, detallarán los pasos que valoran dar tras casi dos décadas de lucha formal por este reconocimiento.
Las izquierdas rechazan la decisión y se pide la dimisión de Marlaska
Y mientras la familia calla, la política estalla. La posición adoptada por Interior ha provocado una reacción inmediata en la izquierda andaluza. Ha sido Adelante Andalucía quien ha exigido la dimisión del ministerio de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, al que responsabiliza directamente de “ignorar” la petición y de no atender el “sentir del pueblo andaluz”. La diputada Begoña Iza ha calificado de “vergüenza” que, en vísperas del Día de Andalucía, el Gobierno no conceda a Caparrós la condición de víctima de terrorismo de Estado.
A esa reacción se ha sumado Por Andalucía, cuyo candidato por Málaga, Ernesto Alba, ha mostrado su desacuerdo con la decisión y ha exigido que el presidente del Gobierno “cumpla su palabra”. Alba ha reclamado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, “mueva tierra y aire” para que se conceda la condición de víctima del terrorismo a Caparrós, y ha insistido en que “Pedro Sánchez debe comprometerse y hacerlo”. Desde la coalición han defendido que el joven malagueño merece “la misma consideración” que las víctimas de ETA, el GAL, el Grapo o cualquier organización yihadista, por una cuestión de “verdad, justicia y reparación”.
En el Parlamento andaluz, la diputada Esperanza Gómez ha señalado que la decisión “no tiene sentido” y que, más allá de lo que establezca el marco legal, resulta “una injusticia fuera de sentido común”. Aunque el grupo estudia el contenido del decreto para decidir qué medidas adoptar, ha advertido de que, si la ley no contempla este supuesto, “habrá que darle solución” para responder a un anhelo que trasciende a la familia y alcanza a buena parte de la sociedad andaluza.
La herida vuelve a abrirse justo cuando parecía que algo se movía. Hace apenas unos meses, tras 48 años de lucha, las hermanas lograron acceder por primera vez a los más de 2.000 folios y actas íntegras de la Comisión de Encuesta de 1978 que investigó el asesinato. Bajaron a los archivos del Congreso y salieron con un pendrive bajo el brazo: telegramas, informes, declaraciones, documentos sin tachaduras. Una conquista histórica, aunque con letra pequeña. El material sigue siendo secreto y su difusión puede acarrear sanciones o incluso penas de cárcel.
Ese acceso fue posible tras la reforma del reglamento de archivos de la Cámara. Medio siglo después, pudieron leer lo que durante décadas permaneció bajo llave. Pero saber no es todavía justicia.
El símbolo del andalucismo
Manuel José García Caparrós tenía 18 años. Era trabajador de Cervezas Victoria y afiliado a Comisiones Obreras. Murió por un disparo policial cuando participaba en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977. Aquella bala lo convirtió en símbolo del andalucismo y, con el tiempo, en Hijo Predilecto de Andalucía. Su nombre está inscrito en la memoria colectiva de una comunidad que cada año vuelve a la esquina de la Alameda de Colón.
La historia de sus hermanas es la historia de una perseverancia casi obstinada: primero el engaño de quienes les dijeron que había sido un accidente de tráfico; después las puertas cerradas de la administración; más tarde los homenajes, las promesas, los compromisos políticos que iban y venían con cada legislatura. Y siempre el mismo objetivo: saber quién disparó y que el Estado lo reconozca.
Ahora, cuando Andalucía se prepara para celebrar su autonomía (la misma que se reclamaba aquel 4D), la familia recibe otra negativa oficial. No es la primera. Tal vez tampoco la última. En casi medio siglo han aprendido a convivir con el cansancio, pero no con la resignación.
“Buscamos la verdad”, repiten desde 1977. Y casi medio siglo después, el Estado sigue respondiendo con un artículo de ley.
