La Fiscalía solicita 25 años de cárcel para los padres que encerraron a sus tres hijos en la 'casa de los horrores', nombre con el que se popularizó el caso, haciendo referencia al chalé donde los menores permanecieron retenidos cuatro años.
La madre, de nacionalidad estadounidense, y el padre, de nacionalidad alemana, fueron acusados por confinar a sus hijos en su propia vivienda, a quienes aislaron completamente del mundo exterior y del resto de personas, incumpliendo los deberes de protección que tenían sobre sus hijos y privándoles de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales.
Encerrados en condiciones lamentables
Los menores no conocían ni a familiares ni a ninguna otra persona que no fueran sus padres. No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín durante casi cuatro años, por el infundado temor que tenían sus padres a que se contagiasen de algo.
Los niños tampoco fueron nunca escolarizados ni empadronados, y aprendían por si mismos o con la asistencia puntual de los acusados. Una vez fueron liberados, los menores no sabían leer ni escribir, ni habían tenido un seguimiento sanitario de su salud.
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Los padres contaban con abundantes medicamentos en el domicilio, comprados sin prescripción médica. Por otro lado, los niños presentaban igualmente problemas de control de esfínteres, ocasionados por la utilización indebida y prolongada de pañales. La vivienda se encontraba en malas condiciones de habitabilidad, con un déficit importante de limpieza, con cantidades ingentes de basura y suciedad acumulada.
Además, el mobiliario era inadecuado para cubrir las necesidades de los menores, que caminaban encorvados con las piernas arqueadas, presentaban dificultades para subir y bajar escaleras y tenían la piel irritada y onicomicosis. Debido al aislamiento, los menores sufren distocia social, que supondrá un retraso en la incorporación a las relaciones sociales propias de su edad.
Prohibido acercarse y comunicarse con los menores
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, con el agravante de parentesco, además del delito de detención ilegal.
Además, piden la prohibición de aproximación a los menores durante ocho años y seis meses, y la prohibición de comunicación por cualquier medio, anulando el régimen de visitas, comunicación y estancia.
Sumado a las penas de prisión, la Fiscalía pide una indemnización de 15.000 euros para cada menor por los daños morales sufridos.