Palma multará con hasta 750 euros a quien compre artículos a manteros y vendedores ambulantes. El ayuntamiento de la capital balear, en manos del PP, ha decidido modificar la ordenanza cívica para fijar estas multas con el fin de combatir la venta ambulante ilegal que prolifera en las zonas turísticas de la capital, especialmente en las inmediaciones de la catedral y en la zona de la Platja de Palma.
La ordenanza establece la prohibición comprar en el espacio público “toda clase de artículos procedentes de la venta ambulante no autorizada”, con la salvedad de que quedan exentos de responsabilidad los compradores “cuando esta compra se efectúa en mercados autorizados”. De hecho, la previsión es que, en los espacios de gran afluencia turística, se informe a los turistas de que podrán ser sancionados si adquieren este tipo de productos que se ofrecen en la calle.
Las patronales de comercio aplauden el cambio de la ordenanza cívica
Hasta ahora, las sanciones se centraban en los vendedores, pero la ordenanza suma además a quien compre estos productos. La Policía Local de Palma vigila de manera habitual las zonas de gran afluencia turística, pero los manteros y otros vendedores se retiran, pero vuelven a instalarse cuando los agentes abandonan la zona.
Esta circunstancia ha provocado quejas constantes de las asociaciones comerciales, que esta vez han aplaudido el cambio en la ordenanza. Las dos principales asociaciones destacan que esta medida permitirá visibilizar y disuadir la actividad ilegal. Explican que realizarán campañas informativas dirigidas a los turistas antes de su llegada, advirtiéndoles de que comprar a vendedores ilegales puede acarrear sanciones.
La venta ambulante es habitual en zonas como la catedral o la Platja de Palma
Además de la regulación en materia de venta ambulante, la nueva ordenanza cívica también incorpora limitaciones para la instalación de caravanas como vivienda. El Ayuntamiento prohibió en primera instancia la instalación permanente de caravanas para usar residencial, pero finalmente tuvo que dar marcha atrás ante las protestas de las cerca de 300 personas que se calcula viven en caravanas anta la imposibilidad de alquilar una vivienda.