La reivindicación del traspaso completo de Rodalies a la Generalitat ya no es cosa sólo del Gobierno catalán. Alcaldes de más de 200 ayuntamientos, entidades municipalistas, sindicatos, patronales... Exhibieron unidad en un acto solemne celebrado ayer en el Palau de la Generalitat.
“Uno de los actos más unitarios que ha vivido el país, con el salón lleno de gente que representa a prácticamente toda la ciudadanía sin fisuras”, destacó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante
líderes municipales de todos los colores políticos. “Lo que más temen es la transversalidad de actos como este”, concluyó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
La queja que provoca el frente común está clara: las inversiones prometidas durante los últimos años no se han cumplido, los retrasos están a la orden del día y no hay una solución en el horizonte. Lo sufren en el área metropolitana de Barcelona y en Tàrrega, en Vic y en las Terres de l’Ebre y afecta tanto a empresarios como a trabajadores. “Los protagonistas no somos los cargos públicos, sino los ciudadanos, que se merecen un servicio de Rodalies digno”, exclamó Josep Rull.
Para la Generalitat y el resto de los actores presentes en el acto, la única salida está en el traspaso íntegro. “Queremos los trenes, las vías y las estaciones”, como repite desde hace meses el conseller de Territori, Josep Rull, que se ha armado de datos de averías e impuntualidad. En los últimos cuatro años se han registrado 1.597 incidencias vinculadas al mal estado de la infraestructura, en la que se han visto implicados 45.392 trenes y más de 5,6 millones de usuarios, según los cálculos de la Conselleria de Territori. Como es habitual, Adif difiere de las cifras de incidencias y las reduce a prácticamente una cuarta parte. En cuanto a la puntualidad, en los últimos años ha pasado del 94%
al 86% en Rodalies y del 58% al 47% en los servicios regionales. El Gobierno catalán lo contrapone a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), al que señala como ejemplo de buen servicio.
De todos los colores. Los ayuntamientos de toda Catalunya estuvieron representados en el acto celebrado en el Palau de la Generalitat
“No es una cuestión de puntualidad, es cuestión de dignidad, ha llegado el momento de dejar de quejarnos y pasar a la acción”, apuntó Carles Puigdemont. Josep Rull resume desde hace tiempo la situación actual como un “traspaso incompleto e incumplido”, ya que el Govern tiene las competencias sobre la operadora desde el 2010 pero no de la infraestructura, que sigue en manos del Ministerio de Fomento y es, precisamente, la razón de la mayoría de los problemas que se producen. El paso de los años no perdona y el deterioro del servicio cada vez se hace más evidente. Mientras con Renfe –la operadora del servicio– hay interlocución y diálogo, el Ministerio de Fomento es prácticamente una pared contra la que chocan el Govern y las administraciones locales. Más aún desde que el Gobierno central se encuentra en funciones.
Según los datos del Gobierno catalán, del Plan de Rodalies 2008-2015 tan sólo se ha ejecutado un 10% de los 4.000 millones de euros pactados; de los 306 millones del plan de inversiones del 2013 están en servicio un 4,1% de las actuaciones previstas, y durante la primera mitad de este año se ha materializado el 9% del presupuesto acordado para el 2016.
Con todos esos argumentos y la potencia de la imagen de unidad conseguida ayer, el viernes se presentará en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para reclamar que se ejecuten las inversiones pendientes.
La amenaza de la vía judicial se lanzó en junio, cuando la Generalitat envió un requerimiento previo que instaba al Ministerio de Fomento a realizar las actuaciones necesarias para garantizar un servicio en condiciones. Como desde entonces no ha habido ninguna respuesta, el conseller de Territori cree que “la vía administrativa se ha acabado, ahora toca la judicial”. La imagen de ayer da el impulso definitivo que buscaba Rull a la ofensiva judicial que ahora empieza.
El president Puigdemont le exige a este nuevo camino “celeridad, independencia y defensa del bien común”. El Ejecutivo catalán
presentará formalmente el contencioso-administrativo contando con el apoyo moral de los presentes en el acto de ayer, que ya firmaron un manifiesto el pasado mes de julio mandando el mensaje claro que pusieron en escena en el Palau de la Generalitat. El presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Xavier Amor, calificó el transporte público como “el cuarto pilar del Estado de bienestar,que complementa a la educación, las pensiones y la sanidad pública”. Junto a Josep Caparrós, vicepresidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), puso a los líderes locales a disposición del Govern para “frenar la degradación del servicio”. También estuvieron presentes los presidentes de las cuatro diputaciones, los presidentes de las cámaras de comercio, representantes sindicales, de colegios profesionales y plataformas y entidades vinculadas al transporte público como la asociación de Promoció del Transport Públic. Había representantes de todos los partidos políticos excepto del PP.
Además del plantón de la Plataforma Trens Dignes, la unidad exhibida en la fotografía tuvo sus matices. En el acto hubo referencias al soterramiento de las vías que siegan vidas cada año en Montcada i Reixac, pero se olvidaron por completo del túnel
ferroviario de l’Hospitalet, sobre el que siempre ha habido consenso al considerarse imprescindible para poder mejorar el sistema ferroviario. A la salida del acto, la
alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, recordaba que “el soterramiento de las vías y la construcción del túnel son la pieza clave para reconvertir Rodalies en un sistema de metro regional”. Acto seguido, apartaba el malestar y remarcaba la importancia de la unidad exhibida.