El viento no sopla a favor de los inquilinos. Todo lo contrario. Un vendaval les arrastra hacia una inseguridad residencial que no hace más que agravarse en las grandes ciudades. La última puntilla ha sido la sustitución de los contratos temporales por alquileres de temporada. Esto y la subida de los precios –de los nuevos contratos y también de las renovaciones– se ha traducido en una tendencia ya consolidada: las mudanzas forzadas. Más del 80% de los inquilinos de Barcelona (el 60% de Madrid) han cambiado de casa durante los últimos cinco años, y el 40% lo ha hecho en dos o más ocasiones. Tres de cada diez mudanzas han sido forzadas por la subida del alquiler, según los datos del último informe del Instituto de Investigación Urbana (IDRA).
Atrapados por unos precios de compra inasumibles y el fin del acceso fácil a las hipotecas de alto riesgo, entre el 2007 y el 2023 el porcentaje de hogares en alquiler ha aumentado significativamente durante los últimos años. A nivel estatal, ha pasado del 13,6% al 18,7%. En las grandes regiones urbanas y comunidades autónomas como Madrid y Catalunya, el incremento ha sido del 23,7% y del 24,9% respectivamente, pero el cambio más drástico se registra en Barcelona, donde en cinco años, del 2017 al 2022, se ha pasado del 38,2% de viviendas de alquiler al 44,1%.
El informe del IDRA dibuja una situación cada vez más precaria para los inquilinos. Por ejemplo, el 47% de los hogares no sabe si perderá su vivienda en los próximos seis meses, y la inmensa mayoría de la población inquilina dedica más ingresos de los recomendables (el 30%) a la vivienda.
La inseguridad residencial es más grave en Barcelona, donde solo el 19% de los inquilinos no ha cambiado de casa desde el 2019
La inseguridad residencial es más acentuada en Barcelona, donde durante los últimos cinco años solo un 19,3% de los inquilinos permanece en la misma residencia, frente al 37,4% de Madrid. El informe de IDRA explica esta diferencia, en parte, por “el mayor grado de penetración de las inmobiliarias (en el 74,8% de los alquileres), cuya gestión genera una mayor rotación de inquilinos, forzando una mayor intención de cambio así como mudanzas derivadas de los aumentos de precio”. En comparación, en Madrid está participación es mucho menor, del 34,1%. Y aunque los jóvenes son los más propensos a mudarse, la inseguridad residencial no es una realidad exclusiva de ellos: la mitad de los inquilinos de entre 35 y 64 años ha cambiado de vivienda en los últimos cinco años, lo que refleja la alta rotación de viviendas entre las familias con hijos.
En el análisis sobre el motivo principal de las últimas mudanzas, el informe concluye que tres de cada diez han sido forzadas por la no renovación del contrato, la subida inasumible del precio del alquiler, la incapacidad de seguir pagando, una orden de desahucio o presiones y acoso por parte de la propiedad (incluyendo problemas de habitabilidad). Mientras que el 1,5% de los desplazamientos forzosos responden a una orden judicial de desahucio, el 28,5% se consideran “desahucios invisibles”, desplazamientos forzados que no están registrados oficialmente porque se producen antes de llegar al proceso judicial.
El informe señala que “una parte de las mudanzas forzosas no son percibidas como tales por los inquilinos debido a la naturalización de los factores que las impulsan”. Y añade que no se trata de un fenómeno aislado en los barrios con mayor presión demográfica, “sino que afecta a la ciudad en su conjunto, por una dinámica derivada de la falta de protección de los contratos”.
Para reducir la temporalidad de los alquileres, el IDRA apuesta por la implantación de los contratos indefinidos, adoptando legislaciones similares a la de países como Francia, Alemania, Austria, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Escocia, que han implementado contratos renovables automáticamente salvo que el casero o un familiar directo necesite la vivienda o haya un incumplimiento grave de contrato, sin que esto haya tenido implicaciones en el volumen de la oferta.
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