La Guardia Civil, en colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona, ha llevado a cabo la operación ‘Canaan’ en la que ha sido desarticulado un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En la operación han sido detenidas cuatro personas y se han liberado a dos víctimas obligadas a ejercer la prostitución bajo coacción en un local del distrito de Ciutat Vella de Barcelona.
La investigación comenzó el pasado mes de agosto cuando los agentes detectaron la existencia de una red que operaba desde Colombia captando mujeres en situación de vulnerabilidad con promesas de empleo en España. Las víctimas, engañadas bajo la promesa de trabajos como masajistas, eran trasladadas a España y obligadas a ejercer servicios sexuales para saldar una deuda ficticia impuesta por la organización. Este sistema de explotación incluía un control estricto sobre las mujeres, quienes eran coaccionadas para residir en el propio local de masajes, asegurando así su disponibilidad constante. La red obtenía el 70% de cada servicio sexual realizado por las víctimas, lucrándose a expensas de su situación vulnerable.
La Guardia Civil, en colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona, ha incautado 35.885 euros de una red criminal de trata de seres humanos que operaba en Barcelona (Guardia Urbana)
Se han incautado 35.885 euros y documentación de la actividad delictiva
Durante la primera fase de explotación de esta operación los agentes detuvieron a tres personas y realizaron tres registros en diferentes inmuebles de Barcelona, donde se incautaron 35.885 euros en efectivo y una abundante documentación relacionada con las actividades ilícitas de la organización. Entre los documentos se encontraron listados de servicios, anotaciones de pagos y comunicaciones relacionadas con la captación de las víctimas en Colombia, fundamentales para el avance de la investigación.
En la segunda fase de la operación, se detuvo a otra persona que administraba el local donde presuntamente las mujeres eran explotadas sexualmente.
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Las víctimas han recibido apoyo por parte de los servicios sociales y entidades colaboradoras, que han puesto en marcha un protocolo de asistencia integral para su recuperación. Se espera que el proceso de rehabilitación les permita reintegrarse a la sociedad y recibir la ayuda psicológica y social necesaria tras haber sido objeto de explotación.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que continúa con las investigaciones para esclarecer la extensión de la red criminal y determinar posibles ramificaciones en otros países.