Badalona tras la absolución del exalcalde Guijarro ve una “persecución” judicial contra el Ayuntamiento
Judicialización
El Ayuntamiento considera que la Fiscalia se somete a denuncias que intentan judicializar la política badalonesa a sabiendas que culminarán en una absolución
Rubén Guijarro y Xavier García Albiol
La Audiencia de Barcelona ha acabado absolviendo al exalcalde socialista de Badalona, Rubén Guijarro, de un delito contra el territorio para el que la Fiscalía le pedía cuatro años de cárcel y 16 de inhabilitación. El mismo tribunal, a primeros de año exoneraba al actual alcalde, Xavier Garcia Albiol y a varios cargos del funcionariado municipal de varios delitos de prevaricación por la instalación, supuestamente irregular de unas antenas de telefonía.
Esta concatenación de denuncias absorbidas desde la judicatura, a criterio del Ayuntamiento de Badalona, no es casual. “Dos sentencias absolutorias contundentes demuestran que alguien intenta judicializar la política de la ciudad” opinan fuentes próximas a la alcaldía. Una situación que “es cruel para los imputados, pero excesivamente sencilla para los denunciantes” que salen indemnes de las denuncias posiblemente falseadas.
“Dos procedimientos contra dos alcaldes, no puede ser casual” opinan las mismas fuentes y lo más lamentable “es que cuenten con el apoyo judicial”. En resumen, desde el gobierno del PP insisten en que “hay una clara intencionalidad para perjudicar al Ayuntamiento de Badalona”.
Estas declaraciones surgen una vez que se ha conocido la absolución del exalcalde socialista, Ruben Guijarro, juzgado por un delito contra el territorio, que también implicaba al jefe de disciplina urbanística y al jefe jurídico de urbanismo del Consistorio. El tribunal considera que no perseguir a los autores de unas obras ilegales no infringe la normativa o no se hizo de forma consciente. Los hechos se remontan al 2018 cuando Guijarro era concejal de Urbanismo. En el 2021 fue alcalde.
En la sentencia absolutoria, el tribunal afea a la Fiscalía que llevase el caso a la acusación penal cuando no podía ser más que una infracción administrativa. Además detectan que la prueba practicada no presenta pruebas suficientes de una posible intencionalidad de los acusados.