Las abogadas del colectivo Baula Advocacia que representa a los más de 400 ocupas que malviven en el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelonès Nord) intentan agotar los recursos judiciales para paralizar un inminente desalojo, del que aseguran no tener constancia. Por el momento, intentarán buscar un resquicio legal con un procedimiento de Derechos Fundamentales y presentarán una denuncia ante la Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació del Departament que depende del Departament d'Igualtat i Feminismes, acusando al Ayuntamiento de vulneración de los derechos fundamentales de los ocupantes del edificio.
La estrategia de las abogadas pasa por frenar al máximo el proceso judicial que únicamente está pendiente de la fecha para la orden de desalojo, tal como dictó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que denegó el recurso de los ocupantes al considerar precisamente que con el desahucio no se vulnera sus derechos fundamentales.
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Entre otros condicionantes, esgrimen que las leyes internacionales obligan a erradicar el barraquismo y denuncian que el Ayuntamiento no dispone de un plan en este sentido, “ni ofrece una alternativa habitacional” a las personas del B9. Exigen por tanto que la justicia dicte medidas preventivas previas al desmantelamiento y que “revalore y pondere las consecuencias del desalojo”. Los asesores legales del colectivo subsahariano también han anunciado que estudian iniciar acciones “a nivel internacional” por haberse vulnerado varios derechos básicos de las personas.
Precisamente los portavoces de los residentes en el edificio ocupado, ha cargado contra las políticas impulsadas por la administración que lidera Xavier Garcia Albiol. “Si nos echan, nos veremos obligados a volver a ocupar” advirtió Yonnous, uno de los representantes del colectivo, ya que “la ley de extranjería nos condena” e impide acceder a una vivienda. La gran mayoría de ocupas del B9 son subsaharianos, muchos ya procedentes de otras naves desocupadas con anterioridad.
Si nos desalojan, volveremos a ocupar, no tenemos a donder ir y las personas no desaparecen
Ibrahima, otro miembro del colectivo B9, que ayer participó en la rueda de prensa convocada por las entidades sociales, acusó al alcalde de Badalona “de criminalizarnos y sembrar el odio hacia nosotros entre los vecinos” justificando, dijo “la situación de inseguridad para construir una comisaría”. Todos ellos advierten que “las personas no desaparecen y si nos echan de aquí, nos quedaremos por las calles, a las puertas del invierno”. Exigen por tanto una alternativa residencial para los ocupantes del edificio ocupado, mientras anuncian más movilizaciones y acciones de protesta.
En cuanto a los episodios de violencia generados, como la muerte de un residente del B9 a manos de otro ocupante el pasado mes de agosto, para los portavoces “son la prueba de que nadie nos atiende, ya que el agresor es una persona con problemas mentales” que no ha podido acceder al circuito de la sanidad pública. En cuanto a los casos de tuberculosis, son otra muestra de que “no se garantiza el derecho fundamental a la salud” ya que las administraciones competentes, aseguran que “permanecen inactivas”.
Chatarreros residentes en el B9 desmantelan los desechos en plena calle .
La portavoz del Sindicat de l'Habitatge, recordó que el Ayuntamiento de Badalona no mantiene ninguna predisposición a realojar a los habitantes del asentamiento del barrio del Remei. Recuerdan que la situación en Badalona es crítica “con un incremento del 112% en los alquileres” y una situación de tensión en la que se producen “cada día tres desalojos forzados”.
Por su parte, Carles Sagués, portavoz de Badalona Acull, entidad que agrupa otros organismos sociales de la ciudad, acusó al alcalde haber evitado la opción de disponer de alojamientos sociales “como la compra del hostel en Pep Ventura y el cierre del albergue de Can Bofí Vell”. Además, lamentó “se ha eliminado el programa Acol para regularizar la situación de los indigentes”.
Albiol: “no són personas de buena fe, estamos hablando de personas conflictivas”
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, tras la rueda de premsa de los ocupantes del asentamiento del B9, ha recordado que se trata de “una ocupación ilegal conflictiva” cuya actuación “es largamente reclamada por los vecinos de la zona”, se trata, dijo de “personas drogadas que hacen la vida imposible a los residentes. Los procesos judiciales han durado dos años y medio hasta que el pasado verano, el TSJC decretó el inicio del desalojo.
Albiol reiteró que su ejecutivo no “dará cobertura social a los delincuentes” y en referencia a las personas del B9 que ya han accedido al circuito social del Ayuntamiento “serán atendidas, pero el resto que no esperen nin un duro”.
El alcalde respondió a los ocupantes del edificio que exigen una vivienda digna: “primero entran de forma ilegal en el país y después vienen con exigencias”. Por ello, criticó las políticas del gobierno español, de quien dijo “va de solidario” para después descargar a los “inmigrantes que vienen de Canarias, en medio de la plaza Catalunya y los abandona a su suerte”.
