Manel Ezquerra, exalcalde de Alcarràs, absuelto de amenazas y coacciones a dos urbanos del pueblo
Lleida
El juez considera que la conducta de Ezquerra “podría ser objeto de reproche en el ámbito administrativo o laboral”, pero no a nivel penal
Manel Ezquerra, exalcalde de Alcarràs, absuelto de amenazas y coacciones a dos urbanos del pueblo
El Tribunal de Instancia número 2 de Lleida ha absuelto al exalcalde de Alcarràs y actual diputado del PSC por Lleida, Manel Ezquerra, de los delitos leves de amenazas y coacciones que se le atribuían contra dos agentes de la Policía Local del municipio en el verano de 2021, cuando ejercía como primer teniente de alcalde.
El juez ha considerado que los hechos no constituyen delito. No obstante, la resolución, que no es firme y puede ser recurrida, sí considera que la conducta de Ezquerra resulta “reprobable desde el punto de vista de una sociedad civilizada y, que en su caso, podría ser objeto de reproche en el ámbito administrativo o laboral”, aunque no penal.
Los agentes involucrados acabaron dejando el cuerpo de la Policía Local de Alcarràs
Los episodios se remontan al 30 de junio de 2021, cuando se produjeron dos incidentes con una patrulla de la Policía Local. Los agentes denunciaron que Ezquerra les amenazó e intentó presionarles para que detuvieran a un vecino con el que había tenido una discusión. El primer encontronazo tuvo lugar en el domicilio del diputado socialista y el segundo en la comisaría de la Policía Local, donde también acudieron el jefe del cuerpo y el entonces alcalde de Junts, Jordi Jané.
Durante el juicio, tanto el jefe policial como Jané comparecieron como testigos y relataron que Ezquerra le dijo a los agentes expresiones despectivas, entre ellas: “no servís para nada”, “eres un quinqui”, “aquí llorando delante del jefe para dar lástima” o “usando armas de mujer”, entre otras.
Tras los hechos, los dos policías estuvieron de baja laboral durante periodos de entre 22 y 290 días y declararon que acabaron abandonando el cuerpo de la Policía Local de Alcarràs. La acusación particular solicitaba una multa de seis meses y una indemnización de 11.000 euros.