Más Madrid formalizó este martes la demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en diciembre de 2024, al considerarla una “injusticia” y “un ataque directo al bolsillo de todos los madrileños”.
Así lo anunció su portavoz municipal, Rita Maestre, en declaraciones difundidas por Más Madrid junto a un comunicado en su página web. Maestre explicó que la demanda impugna la tasa y solicita su anulación. “Hemos dado, como prometimos, un paso decisivo por los ciudadanos de Madrid”, señaló.
Sin contabilizar 15.000 viviendas ilegales
A juicio de Más Madrid, el Ayuntamiento ha ignorado en el proceso de cálculo de la tasa la carga que suponen 15.000 viviendas turísticas ilegales, trasladando ese coste a los vecinos que cumplen con sus obligaciones.
Asimismo, la formación considera que se trata igual al que recicla meticulosamente que al que no hace ningún esfuerzo y que además, al calcularse el 80% de la tasa sobre el valor catastral supone un “IBI encubierto”.
Por otra parte, valoran que Almeida ignora las responsabilidades de los grandes productores de residuos haciendo que los madrileños paguen la factura. “Madrid merece una gestión responsable, justa y transparente. Espero que los tribunales paren este despropósito de Almeida. Desde Más Madrid vamos a seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía frente a este abuso recaudatorio, que solo busca llenar las arcas municipales a costa de cargar contra las familias y de incumplir las leyes”, señaló Maestre.
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Las cuestiones principales que se plantean en la demanda pasan por señalar que se tendría que haber planteado como una ordenanza general y no como una ordenanza fiscal, algo que ha motivado la anulación de una tasa similar en Ciudad Real.
También alude a errores en los cálculos del coste neto de la tasa que la anularían porque la tasa no pueden exceder el coste real de los servicios que grava. Finalmente, apunta a que en la fase de información pública no se pusieron a disposición de la ciudadanía los informes que determinan los residuos generados por la actividad económica.