La Fiscalía pide dos años de prisión para el dueño de Mad Cool por el ruido generado en 2023

Madrid

Aparte de una multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios, el fiscal pide la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio de explotación de locales y eventos musicales por 2 años

Este año se limitará el aforo a 70.000 personas

Espectadores de uno de los conciertos del Mad Cool 

Organización

La jueza de Instrucción número 34 de Madrid ha abierto juicio oral contra el administrador único del festival Mad Cool y la propia mercantil por la presunta comisión de un delito contra el Medio Ambiente en relación con el ruido generado durante la edición de 2023.

Así se acuerda en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se dicta la apertura de vista oral contra el administrador único y contra la mercantil Mad Cool Festival S.L. Además, se les requiere para que presten fianza en cantidad de 12.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles si son condenados.

Este Juzgado investiga los hechos a raíz de una denuncia vecinal por posible delito contra el Medio Ambiente, concretamente por contaminación acústica, durante la edición de 2023 del festival.

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Europa Press
Ambiente previo en el recinto Iberdrola Music, ubicación del festival Mad Cool 2025, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). El festival Mad Cool 2025 abre hoy en el recinto Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde, cuatro días de música sin tregua en Madrid con el concierto de la banda británica Muse, cabeza de cartel de este año, como uno de los platos fuertes de la jornada inaugural. La gran cita musical, que se extenderá hasta el domingo 13 de julio, ofrecerá durante cuatro días grandes temas de algunas de las bandas y artistas más destacados del panorama internacional, y que irán del rock al pop, pasando por la electrónica y los sonidos urbanos, en un espacio concebido para acoger a miles de personas.

La plataforma vecinal Stop Madcool, que agrupa asociaciones vecinales de Villaverde y Getafe Norte, se personó en la causa para exigir responsabilidades y se investigó si se superaron los límites de ruido permitidos. Ahora, reclama de cara al juicio una indemnización de 10.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe ha felicitado a las entidades vecinales que iniciaron el proceso, y ha reiterado su apoyo “a los vecinos y vecinas afectados por los macroeventos celebrados en el recinto Iberdrola Music”. Esta declaración va en línea con las críticas vertidas por el consistorio getafense contra este recinto, que además del Mad Cool acoge el Reggaeton Beach Festival y el festival Coca-Cola Experience, que se celebrará los próximos 11 y 12 de septiembre. 

En una nota difundida este mediodía, el Ayuntamiento socialista de la localidad ha recordado que días atrás ya denunció que en la presente edición del Mad Cool se habían vuelto a sobrepasar los niveles de ruido permitido, algo que también habría sucedido en el 2024. Al mismo tiempo, ha reclamado a las “administraciones responsables” de permitir la celebración de grandes eventos en el Iberdrola Music que “dejen de mirar para otro lado”. En concreto ha apuntado a la Comunidad de Madrid por financiar con más de un millón de euros el evento, así como a la Delegación del Gobierno por su papel como responsables del dispositivo de seguridad, movilidad y emergencias de los eventos. 

La investigación se centró en los límites de ruido superados durante los conciertos celebrados del 6 al 8 de julio de 2023. El certamen tuvo lugar en el Iberdrola Music, ubicado a pocos metros de viviendas del distrito de Villaverde en Madrid y de Getafe.

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SERVIMEDIA

En su escrito de acusación, el fiscal solicita a José Javier A. L. una condena de dos años de prisión y una multa de 12 meses, con cuota diaria de 30 euros, y responsabilidad personal subsidiaria máxima de 6 meses, así como inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio de explotación de locales y eventos musicales por 2 años.

Y reclama la mercantil Mad Cool Festival S. L. las penas de multa de 2 años, con cuota diaria de 100 euros, e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la seguridad social por 2 años.

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