Un juzgado dirimirá el futuro del centro de refugiados en Pozuelo por las diferencias entre Ayuntamiento y Gobierno central
Polémica
El Ejecutivo de Pedro Sánchez niega “hacinamiento” y defiende que actualmente viven 70 personas
Centro de Acogida a Refugiados en Pozuelo de Alarcón
Un juzgado dirimirá el futuro del centro de acogida de refugiados en Pozuelo por las actuales diferencias entre el Gobierno central y el Ayuntamiento del municipio madrileño, que dirige Paloma Tejero del PP.
El consistorio defiende que el centro no cuenta con las licencias pertinentes para acoger hasta 564 personas, la capacidad máxima que contempla el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solicitó al juez que no se cerrase el pasado 17 de enero, como pretendía el consistorio, tras dar cuatro meses de plazo para reubicar a los refugiados que ahora viven allí.
En este contexto de diferencias, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha negado que haya “una situación de hacinamiento” en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) que gestiona en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Este centro acoge en este momento a 70 refugiadas, lo que supone un 17 % de ocupación.
Posturas encontradas
Fuentes del ministerio que dirige Elma Saiz han hecho esta aclaración después de que el Ayuntamiento del municipio madrileño aseguró ayer en un escrito al juez que existe “cierto riesgo de hacinamiento” para defender el cierre definitivo de las instalaciones que decretó hace cuatro meses por una supuesta falsa licencia.
El Gobierno central recurrió esta decisión ante un juzgado de Madrid y solicitó medidas cautelares para frenar esta decisión, por lo que está a la espera de que el juez resuelva sobre estas medidas.
Alegaciones
Este miércoles se han conocido las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Pozuelo contra estas cautelares pedidas por el Gobierno y en ellas el consistorio sostiene que el edificio solo cuenta con licencia para alojamientos breves de hasta 270 alumnos de la Tesorería General de la Seguridad Social y no para acoger de forma indefinida a 564 solicitantes de asilo.
Según el escrito municipal, esta situación supone un “riesgo de cierto hacinamiento” y la licencia concedida en el 2013 establecía la obligación de obtener una nueva autorización en caso de cambio de actividad o de titularidad, requisitos que, a juicio del ayuntamiento, no se han cumplido.
Frente a estas alegaciones, fuentes del ministerio de dirige Saiz aclaran que este centro fue abierto en marzo del año 2022 para atender a las personas ucranianas huidas de la invasión rusa con 400 plazas iniciales “sin que el Ayuntamiento emitiese crítica alguna hasta hace unos meses” y su situación administrativa no ha variado desde su apertura.
El Gobierno central subraya que actualmente tiene una ocupación de 70 plazas, todas ellas correspondientes a familias con niños y niñas ucranianos con protección temporal y mujeres afganas con sus hijos en situación de asilo, lo que significa que está al 17 % de su capacidad.
Recursos
Además, ha precisado que, “como su propio nombre indica”, se trata de un centro “de derivación” por lo que no tiene “carácter de permanencia” como ha referido el Ayuntamiento.
En estos centros, en apenas unas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derechos y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan, han explicado las fuentes.
De esta forma, se “ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad”, que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías.
Desde el ministerio aseguran que, desde su creación, ha sido un centro de referencia para otros CREADE y un modelo reconocido como buena práctica por organizaciones de reconocido prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El debate es que el Ayuntamiento habla de “hacinamiento”, pero no por los 70 refugiados que hay ahora, sino porque la intención del Gobierno central es llegar a meter a 564 personas, cuando el centro se diseñó originariamente para que funcionarios, personal de la seguridad social y profesores, pasasen algunos días mientras recibían cursos de formación, pero no de forma permanente.
Fuentes del Ayuntamiento explican a Guyana Guardian que el Ejecutivo central el pasado verano anunció que podría meter en dicho centro a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias y su temor es que no cuenta con las instalaciones necesarias para un régimen de acogida de forma permanente.
El Ayuntamiento dio de plazo al Ministerio cuatro meses para realojar a las personas que residían en el mismo, que venció el pasado sábado. Durante este tiempo, ha denunciado el Consistorio que el departamento que dirige Elma Saiz “no ha hecho nada por regularizar esa situación en la vía administrativa, sino que se ha limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso”.