Trece familias denuncian que Ayuso deja de pagar este mes el alquiler por los desalojos de la línea 7B del metro
San Fernando
La Comunidad de Madrid responde que los ciudadanos que cumplan los requisitos recibirán el dinero
Afectados por la línea 7B de metro de Madrid a su paso por San Fernando de Henares.
Afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares han denunciado este miércoles que la Comunidad ha dejado de pagar este mes el alquiler a 13 familias desalojadas de sus casas en el 2022 por las obras y que todavía no han recibido ningún tipo de indemnización y ha avanzando que retomarán las movilizaciones.
En un comunicado, la Plataforma 7B Afectados por Metro ha explicado que este mes de febrero la Comunidad “ha dejado de abonar el sustento para el alquiler” a 13 familias que el 11 de abril del año 2022 fueron desalojadas de sus casas y que, “tras tres años y ocho meses, aún no han recibido ninguna indemnización por parte de la administración madrileña”.
“Se quedan en la estacada”
“Esta acción supone dejar en la estacada a trece familias que no disponen de vivienda tras la demolición de sus hogares. Familias que ahora tendrán que hacerse cargo de unos alquileres prohibitivos tal y como está en el mercado de vivienda en nuestra región ante la falta de soluciones reales para hacerlo accesible a colectivos vulnerables como el nuestro y, en definitiva, a la mayoría social de Madrid”, ha lamentado.
En este marco, desde la plataforma han señalado que se iniciarán “nuevas movilizaciones”, con un llamamiento a todos los colectivos sociales a que se sumen a esta convocatoria en defensa de “la dignidad, la justicia y la reparación de todos los afectados”.
Así, han exigido al Ejecutivo autonómico “que se mantenga el sustento básico destinado a los alquileres hasta que todas las personas afectadas hayan recibido su indemnización y se proceda al cierre definitivo de los Expedientes de Responsabilidad Patrimonial”.
Desde este colectivo de afectados han recordado que hay familias que siguen pagando los costes hipotecarios de una vivienda “que no existe”, al haber sido derruida por los daños de las obras de ampliación de esta línea de metro, y se siguen afrontando diversos gastos que continúan “erosionando injustamente” su economía.
En este sentido, ha puesto como ejemplo el pago de impuestos relativos al mantenimiento de los solares donde estaban las viviendas demolidas, actualmente propiedad de las personas afectadas.
Postura de la Comunidad de Madrid
“Esta decisión implica que las familias afectadas tendrán que mantener o reubicarse de sus viviendas de alquiler actuales a otras opciones por sus propios medios económicos, lo que supone un perjuicio aún mayor para un colectivo castigado por la desidia e irresponsabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid”, han argumentado.
En este contexto, desde la Plataforma de Afectados han recordado que Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene a su disposición “una amplia gama de herramientas administrativas y legales” para desarrollar un marco “que ponga verdaderamente en el centro a las familias afectadas y sus necesidades”.
“No es aceptable ni razonable que, tras cinco años de experiencia acumulada desalojando y derribando viviendas en nuestro municipio, a principios del año 2026 se sigan realizando iniciativas que vulneran derechos como el del acceso a una vivienda digna”, ha argumentado.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha subrayado que “todas” las solicitudes de gastos de alquiler que cumplen los requisitos establecidos “han sido abonadas o serán abonados en los próximos días”. ” Los expedientes que han completado correctamente el procedimiento administrativo se encuentran en fase de pago, previéndose su abono en los próximos días conforme a los plazos habituales”, han concretado desde la Consejería de Transportes.
Desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo se ha matizado igualmente que, en los casos en los que no se percibe el abono del alquiler, la situación responde a que ya se está tramitando el correspondiente Expediente de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial, trámites en los que la Administración “continúa avanzando”.
Según los datos facilitados a Europa Press, a día de hoy se han abonado 84 indemnizaciones, con una inversión total de 12 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico. “El Gobierno regional mantiene su compromiso con la atención a las personas afectadas, la agilización de los procedimientos y la resolución de los expedientes pendientes”, han zanjado.