El Departament de Drets Socials de la Generalitat se ha visto obligado a intervenir en el centro de menores inmigrantes tutelados que la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) gestiona en el albergue Mas Silvestre de Dosrius. De esta forma da respuesta a las protestas generadas por los vecinos después de graves incidentes protagonizados por residentes en el centro.
Desde hace una semana, los vecinos de Dosrius envían decenas de instancias y recogen firmas para remitir a los organismos oficiales competentes “hartos de los últimos incidentes” protagonizados por tres de los menores tutelados, todos ellos de origen magrebí. El pasado 30 de abril tres de los jóvenes inmigrantes alojados en Mas Silvestre intentaron robar a punta de navaja, según la denuncia, los teléfonos móviles a tres niños de entre 11 y 13 años en pleno día, en un parque público. A una de las víctimas, también menor, le realizaron tocamientos y en todo momento mostraron una actitud intimidatoria y violenta, lo que ha desatado las protestas vecinales y ha generado “mucha angustia en la población juvenil”.
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El albergue Mas Silvestre, que desde 2017 tras un acuerdo del entonces alcalde de ERC, Marc Bosc, con la Direcció d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) está funcionando como centro DAI (Dispositivo de Atención Inmediata) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) para acoger en primera instancia a menores inmigrantes no tutelados, ubicado en la zona boscosa del núcleo de Canyamars, en el pequeño municipio de Dosrius, en el Maresme. No obstante, los responsables políticos y policiales afirman que “es un constante quebradero de cabeza”.
Aunque afirman que en la actualidad no se puede hablar de una situación de tensión en el albergue, desde Drets Socials informan que los menores que causaron los incidentes han sido trasladados a otros centros de la DGAIA para estar más controlados. En cuanto al albergue, apuntan que reducirán el número de plazas en el equipamiento y se reforzará la plantilla de monitores.
El albergue Mas Silvestre acoge a medio centenar de jóvenes inmigrantes .
Una de las madres de los menores asaltados, en declaraciones a La Vanguardia, asegura respirar aliviada una vez fueron detenidos los tres agresores, ya que cuenta que al conocer el robo, otros adolescentes de la población decidieron organizarse, “tomarse la justicia por su mano” y salieron a perseguir a los que acababan de robar a los niños “para darles su merecido”. La situación hubiera podido revestir mayor gravedad de no ser por la actitud inteligente de las víctimas, que “aprovecharon un momento de confusión durante el atraco para huir” a refugiarse entre las familias que en aquel momento estaban en el parque. A raíz de aquel incidente las redes sociales empezaron a bullir desprendiendo no sólo algunos mensajes xenófobos, sino también desgranando “otros casos delictivos generados por los mismos protagonistas”.
Desde el Ayuntamiento son conscientes que el centro “no es el lugar adecuado para estos jóvenes”. La alcaldesa, Sílvia Garrido (PSC), reconoce haber contactado en numerosas ocasiones con la DGAIA sin haber obtenido respuesta, por lo que reclama soluciones en su interlocución con el Departament de Drets Socials de la Generalitat. “No es el lugar más adecuado para iniciar la inserción de estos menores” lamenta Garrido, que subraya “nosotros, como ayuntamiento tampoco les podemos ayudar”. En esta ocasión, reconoce que “fueron contra niños pequeños del pueblo” lo que ha generado una gran alarma social. Por todo ello, requiere a la Generalitat sobre “las medidas que piensan tomar” y recuerda que, ante todo, se debe incrementar la vigilancia, ya que “estos menores no deberían ir solos sin el acompañamiento del monitor” y reclama que, de no ser así “que no les dejen salir”. La primera edil reconoce que, en las numerosas conversaciones con los responsables de la instalación “éstos reconocen que están superados”.
No es el lugar adecuado para acoger jóvenes pendientes de su reinserción
Por su parte, el concejal de Seguridad del municipio, LLuís Farrerons (Junts) va más allá y reclama directamente el cierre del centro: “no es donde deben estar estos jóvenes”. Explica que los 50 menores tutelados que se alojan en el albergue “son una fuente constante de problemas para la policía local”, que se ve obligada a actuar a causa de los incidentes que protagonizan los menores tutelados, tales como pequeños hurtos, actos incívicos y “muchas escapadas y huidas”. La situación, en muchos casos tensiona los cuadrantes de los agentes, obligados a retornar a los menores al centro contra su voluntad.
Precisamente, el responsable policial de esta zona del Maresme, Josep Maria Cavallé, Inspector Jefe de la ABP de Mataró, reconoce que las actuaciones policiales en el centro son numerosas e incluso han tenido que modificar los protocolos de seguridad y llamar la atención a los responsables para evitar la constante movilización de las patrullas. Admite que la problemática “es oscilante” y depende en muchos casos de la procedencia de los grupos.
Agresión sexual a una trabajadora social
El caso más grave que detalla el inspector “es una agresión sexual a una de las monitoras”, una trabajadora social, cuando uno de los menores con problemas psiquiátricos le infringió tocamientos y se dirigió a ella con comentarios vejatorios de índole sexual. El protocolo, en este sentido, no faculta que los responsables médicos de Salut tengan capacidad de actuar sobre estos jóvenes. Los que han acabado siendo denunciados por la policía son derivados a un centro juvenil judicial a petición de un juez. “El problema es que la mayoría de jueces no contemplan esta opción a no ser que se cometan delitos graves” apuntan fuentes de la Generalitat y permiten que permanezcan con otros menores en un mismo centro.
Otras fuentes conocedoras del sistema de acogida corroboran que muchos de los menores que son acogidos en primera instancia en Mas Silvestre son subsaharianos. Los más problemáticos, no obstante, son los de origen magrebí, especialmente los argelinos, que por sus raíces culturales rechazan y se enfrentan más a la autoridad de las monitoras féminas. Precisamente, uno de los inconvenientes en los que inciden los afectados es en “la juventud de los monitores” lo que no suele favorecer la convivencia. Reclaman en Dosrius que de persistir en mantener un centro en medio de la montaña, alejado unos kilómetros del pueblo, deberían “disponer de monitores más experimentados” lo que tampoco favorece, aseguran “los bajos salarios que perciben estos profesionales” y sobre todo incrementar la vigilancia “si cabe con empresas privadas”.
